Por Wendy Figueroa Morales
México se ha llenado de discursos sobre los derechos de las mujeres: igualdad, perspectiva de género, autonomía y vidas libres de violencia. Aspectos que, durante décadas los movimientos feministas han puesto en la conversación pública y que hoy son parte del lenguaje institucional.
Por supuesto que la existencia de este lenguaje es importante. Es el resultado de luchas, resistencia y éxitos que no podemos minimizar. Pero tampoco debemos confundir el reconocimiento discursivo de nuestros derechos con su garantía efectiva.
Porque los derechos no solo deben medirse por lo que dicen las leyes, los programas gubernamentales o los informes oficiales. También deben medirse por lo que sucede cuando una mujer tiene miedo, pide ayuda y solicita que las instituciones actúen.
Y es ahí donde las brechas continúan apareciendo.
Existen protocolos, mecanismos, fiscalías especializadas, órdenes de protección, campañas y marcos legales. Pero muchas mujeres seguimos cambiando nuestras rutinas para sentirnos seguras: dejamos de ir a ciertos lugares, evitamos salir de noche, compartimos nuestra ubicación, avisamos cuando llegamos a casa o construimos redes informales de protección entre amigos y familiares.
No deberíamos acostumbrarnos a vivir así.
El aumento en los intentos de feminicidio durante los primeros meses de 2026 (32.8% según el SESNSP) nos obliga a mirar más allá de cualquier narrativa triunfalista y preguntarnos qué está fallando. No para negar los avances, sino para darnos cuenta de que ningún progreso puede considerarse suficiente mientras una mujer víctima de violencia encuentre una puerta cerrada, una respuesta tardía o una institución incapaz de garantizar su vida.
Pero hay otra conversación que también necesitamos tener.
Durante muchos años los gobiernos han considerado las políticas contra la violencia desde una perspectiva de emergencia: proteger, rescatar, denunciar, sancionar. Todas estas respuestas son necesarias. Si la vida de una mujer está en riesgo, la protección inmediata puede literalmente significar la diferencia entre vivir o morir. Pero la protección nunca puede ser el fin.
¿Qué sucede después? ¿Qué pasa cuando una mujer logra salir de una situación de violencia, pero no tiene ingresos propios? Cuando no puede acceder a una vivienda, tiene hijas, hijos o familiares que cuidar, ¿necesita atención médica o enfrenta procesos legales prolongados y revictimizantes?
Hay una palabra que usamos con frecuencia pero que necesitamos llenar de contenido: autonomía.
Los refugios hacemos una parte fundamental de ese camino: protegemos y acompañamos integralmente a las mujeres a recuperar herramientas para reconstruir su vida. Pero la autonomía no puede depender únicamente de las mujeres o de las organizaciones que las acompañamos. Es responsabilidad del Estado generar las condiciones para que una mujer pueda sostenerse, decidir y construir un proyecto de vida libre de violencias.
La autonomía no consiste simplemente en decirle a una mujer que puede decidir sobre su vida. Para poder decidir se necesitan condiciones materiales, institucionales, sociales y económicas que hagan posible esa decisión.
Eso significa garantizar seguridad, pero también vivienda, ingresos, cuidados, salud integral, acceso efectivo a la justicia, educación, redes comunitarias y posibilidades reales de construir un proyecto de vida propio. Y significa hablar de presupuesto.
Porque ningún derecho se garantiza solamente con discursos. Las políticas públicas requieren recursos suficientes, sostenidos y transparentes. Hablar de igualdad mientras se debilitan o precarizan los mecanismos que apoyan a las mujeres es una contradicción que tiene consecuencias concretas en sus vidas.
El 8 de septiembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregará el Paquete Económico 2027 al Congreso de la Unión. Entonces tendremos una verdadera evaluación de si el discurso se traduce en un presupuesto que pueda llevar a cabo políticas de derechos humanos y asegurar que los derechos de las mujeres no queden, una vez más, en el papel.
También necesitamos examinar cómo se entiende el éxito de una política contra la violencia. No debería ser suficiente contar denuncias, medidas otorgadas, casos iniciados o servicios prestados. Tenemos que preguntarnos algo mucho más exigente: ¿esa mujer pudo reconstruir su vida? ¿Tiene las condiciones para decidir? ¿Puede sostenerse económicamente? ¿Está segura?
Se trata de evitar que una mujer sea asesinada (una obligación urgente e irrenunciable del Estado), pero también de garantizar que pueda vivir con libertad, dignidad, derechos y posibilidades.
Y quizá esa sea una de las conversaciones más urgentes que debemos colocar hoy en el centro de la agenda pública: que las mujeres no tengamos que pasar la vida resistiendo para poder ejercer el derecho elemental de vivir.
Las opiniones compartidas en la presente publicación, son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente la posición de La Costilla Rota. Somos un medio de comunicación plural, de libre expresión de mujeres para mujeres.
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