Por María Elena Esparza Guevara
@MaElenaEsparza
Marzo se acabó, pero la lucha se mantiene. En su edición 70, celebrada del 9 al 19 de marzo de 2026 en Nueva York, la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas (CSW) aprobó conclusiones convenidas enfocadas en garantizar y fortalecer el acceso a la justicia para todas las mujeres y las niñas, promoviendo sistemas jurídicos inclusivos y equitativos, y eliminando leyes, políticas y prácticas discriminatorias.
Las conclusiones de la CSW70, donde estuvo presente Ola Violeta AC, recién aceptada a la base de organizaciones de la sociedad civil de la ONU, parten de un diagnóstico que va más allá de las normas. La feminización de la pobreza, la informalidad laboral y la brecha digital de género alejan a las mujeres de las instituciones que deberían protegerlas.
Ese diagnóstico coincide con los hallazgos de la última edición de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) del INEGI en 2021, que ha documentado que apenas una fracción de las mujeres que viven violencia acude a instancias de procuración de justicia. Las razones son múltiples: desconfianza en las autoridades, desconocimiento de los derechos disponibles y las cargas económicas y emocionales que implica sostener un proceso legal.
México ha dado pasos que merecen nombrarse. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia constituye un marco normativo que pocos países de la región tienen. La tipificación del feminicidio en todos los estados, producto de años de incidencia feminista, y los protocolos de actuación con perspectiva de género impulsados por el ahora Órgano de Administración Judicial son avances institucionales reconocidos a nivel regional.
Al mismo tiempo, las conclusiones de la CSW70 invitan a trabajar en los pendientes: el documento pide a los Estados garantizar asistencia jurídica gratuita y accesible (inciso mm), a consolidar mecanismos de denuncia confidenciales y seguros (inciso o) y a aplicar presupuestación con perspectiva de género en el sector de justicia (Inciso Y). En México, la implementación de estos compromisos sigue siendo desigual entre entidades federativas, lo que amplía las brechas entre las mujeres que logran acceder al sistema y quienes quedan fuera de él.
Las conclusiones también señalan la necesidad de atender a grupos con necesidades específicas: mujeres mayores, mujeres indígenas, mujeres con discapacidad y mujeres en zonas rurales y remotas. Para estos grupos vulnerables, las barreras al acceso a la justicia se multiplican: falta de intérpretes en lenguas indígenas en los juzgados, instalaciones físicas inaccesibles e invisibilización de sus experiencias en los datos oficiales. La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) y la ENDIREH ofrecen evidencia de estas desigualdades; el reto es que esa información se traduzca en políticas específicas con financiamiento ininterrumpido.
Las conclusiones de la CSW70 no son un dictamen de fracaso para ningún país. Para México, representan tanto un reconocimiento del camino recorrido como un recordatorio de que los compromisos internacionales se miden por su implementación concreta. Reconocer los avances y nombrar lo que falta no es algo contradictorio, es lo que se necesita para seguir construyendo, con mayor velocidad y mayor alcance, un acceso a la justicia que sea real para todas.
