Por Karla Micheel Salas Ramírez
Brenda Quevedo Cruz tenía apenas 27 años cuando fue detenida en Estados Unidos. Como muchas mujeres de esa edad, tenía proyectos, afectos, sueños y una vida por delante. Hoy tiene 46 años. Casi la mitad de su existencia ha transcurrido bajo un proceso penal que sigue sin concluir. En todos esos años no ha existido una sentencia que determine su responsabilidad, pero sí una larga cadena de violaciones a sus derechos humanos que el propio Estado mexicano ha ido reconociendo, aunque hasta ahora se ha negado a corregir sus consecuencias.
Antes incluso de ser detenida, Brenda ya había sido condenada ante la opinión pública. Su rostro apareció en los espectaculares colocados por Isabel Miranda de Wallace, donde se le señalaba como responsable del secuestro de su hijo. Dos años después fue extraditada a México y desde su llegada la tortura comenzó.
No sería la única vez. Posteriormente fue torturada en el penal de Santiaguito. Después, mientras permanecía privada de la libertad en el Centro Federal de Readaptación Social de Islas Marías, fue entregada por las autoridades penitenciariasa cinco hombres encapuchados que la torturaron y la sometieron a tortura sexual. Durante años, ella y su familia denunciaron estos hechos ante jueces, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la entonces Procuraduría General de la República. Sin embargo, las autoridades decidieron cerrar la mayor parte de las investigaciones y, de manera particularmente grave, las relacionadas con la tortura sexual.
Mientras Brenda permanecía privada de la libertad sin sentencia, México cambió profundamente. La Constitución incorporó un nuevo paradigma de derechos humanos; el país comenzó a hablar de tortura, violencia institucional y perspectiva de género; cambiaron gobiernos, fiscalías y las personas juzgadoras. Hoy México tiene, por primera vez, una mujer como Presidenta de la República y el Poder Judicial atraviesa una nueva etapa. Sin embargo, para Brenda el tiempo pareció detenerse.
También cambiaron muchas de las certezas que durante años rodearon el llamado caso Wallace. Las investigaciones periodísticas comenzaron a revelar inconsistencias cada vez más graves. Organismos internacionales documentaron violaciones al debido proceso. La CNDH emitió recomendaciones en las que reconoció múltiples violaciones a los derechos humanos de las personas procesadas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo 26/2022, reconoció la utilización de la tortura y la ilicitud de las pruebas que sostienen la acusación.
Quizá uno de los cambios más reveladores proviene de la propia CNDH. Durante años fue omisa frente a las denuncias de tortura formuladas por las personas implicadas en el caso Wallace. Sin embargo, en 2023 decidió finalmente investigar el caso y comenzó a emitir recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos. Ese cambio también se reflejó en su narrativa institucional. En la Recomendación 181VG/2025 ya no habla del secuestro y homicidio de Hugo Alberto Wallace como un hecho plenamente acreditado, sino del «supuesto secuestro y homicidio». Incluso coloca entre comillas la palabra «investigación» al describir la actuación de las autoridades, incluido la del entonces presidente de la República, y reconoce expresamente que las personas presentadas públicamente como responsables fueron víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos.
Lo anterior es profundamente revelador, porque no es una persona activista o periodista quien lo afirma. Es el propio organismo constitucional encargado de proteger los derechos humanos.
A estas alturas ya no puede sostenerse que el Estado mexicano desconoce lo ocurrido. La evidencia acumulada durante casi dos décadas es demasiado consistente para seguir actuando como si nada hubiera pasado. Existen denuncias de tortura y tortura sexual; recomendaciones nacionales e internacionales; investigaciones periodísticas; resoluciones judiciales y un creciente reconocimiento institucional de que la investigación estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos. Incluso existen dudas fundadas sobre la existencia del crimen.
Entonces, ¿por qué Brenda Quevedo continúa sometida a proceso casi dos décadas después? ¿Por qué otras personas siguen enfrentando procesos penales o permanecen privadas de la libertad por un caso cuya legalidad ha sido seriamente cuestionada? Y, sobre todo, ¿qué está haciendo hoy el Estado frente a todo lo que ya sabe?
En este contexto nace la Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo, integrada por organizaciones de derechos humanos, personas defensoras, periodistas, académicas, estudiantes y ciudadanía comprometida con la defensa del debido proceso. La Red acompañará a Brenda, dará seguimiento al proceso judicial, observará el actuar de las instituciones y exigirá el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
Durante diecinueve años, el Estado no sólo privó a Brenda de su libertad. También le arrebató el tiempo. El tiempo en el que muchas personas construyen una profesión, forman una familia, estudian, se enamoran, viajan o descubren lo que quieren hacer de su vida. Ninguna sentencia puede devolverle esos años. Pero la injusticia que se los arrebató sí puede y debe comenzar a corregirse.
Desde la Red de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo hoy formulamos una pregunta a la Presidenta de la República, a la Secretaría de Gobernación, a la Fiscalía General de la República y al nuevo Poder Judicial de la Federación: ¿Cuántas pruebas necesita el Estado para corregir una injusticia?
Porque si después de casi dos décadas de denuncias, de resoluciones judiciales, de recomendaciones de organismos de derechos humanos y de evidencia acumulada el Estado sigue sin actuar, entonces el problema ya no es únicamente el caso de Brenda Quevedo.
El problema es la capacidad del Estado mexicano para reconocer una injusticia y tener el valor de corregirla. Porque la justicia que llega demasiado tarde deja de ser justicia. Y Brenda Quevedo ya ha esperado demasiado.
Imagen generada para uso editorial de LCR
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