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Por Danna Urdaneta
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La violencia patriarcal contra las abogadas revela la inseguridad que enfrentan las mujeres que deliberan y desafían al poder en Venezuela con acciones pacíficas y constitucionales.
Alejandro Ocampo, representante a la Cámara por el Pacto Histórico, exigió la liberación de la abogada colombo-venezolana Martha Grajales de la oenegé Surgentes DDHH en Venezuela. Mientras tanto, María Alejandra Díaz sigue esperando el documento por escrito del asilo otorgado por la Cancillería, así como el salvoconducto del gobierno venezolano para salir del país protegida por el Gobierno de Colombia. Con Grajales son hoy 38 personas de origen colombiano detenidas a partir de las elecciones presidenciales venezolanas.
El asilo de la abogada María Alejandra Díaz
El 30 de octubre de 2024 María Alejandra Díaz introdujo un recurso de amparo por Abstención, Omisión o Carencia contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por no haber publicado los resultados desagregados de las elecciones del 28 de julio. Lo hizo en representación de liderazgos políticos progresistas, antiimperialistas, chavistas, de izquierda y del Partido Comunista de Venezuela judicializado. Entre ellos, también participó el excandidato presidencial Enrique Márquez, quien hoy tiene 7 meses detenido desaparecido.
El pasado 25 de julio la Relatora Especial Margaret Satterthwaite sobre la independencia de magistrados y abogados publicó un informe sobre la persecución contra Díaz. El 26 de julio El Tiempo publicó que la abogada se encontraba refugiada en la embajada colombiana. El 5 de agosto ella emite un comunicado solicitando el salvoconducto. El 6 de agosto la Cancillería de Colombia confirmó que el 11 de enero de este año le otorgó el asilo diplomático a Díaz.
Esta decisión del presidente Gustavo Petro, quien dirige la política exterior según establece la constitución colombiana, es consecuente con el discurso mediador y regulador frente al conflicto político venezolano. Al respecto, es necesario recordar que las complicaciones de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela son de larga data y no dependen del asilo diplomático otorgado a Díaz.
Prisioneras y prisioneros políticos en Venezuela
El 4 de junio la entonces cancillera Laura Sarabia respondió a una nota diplomática del gobierno venezolano sobre la zona binacional solicitando información al respecto de la situación jurídica de las personas de origen colombiano detenidas en territorio venezolano. Hasta el momento con Martha Grajales serían 38 personas de origen colombiano detenidas en Venezuela. Hoy son 95 mujeres venezolanas prisioneras políticas y 712 prisioneros políticos, para un total de 817 personas, según registró Foro Penal hasta el 4 de agosto de 2025. De las cifras mencionadas, 4 son menores de edad y 87 son personas extranjeras.
El 5 de agosto la abogada Grajales acompañó la vigilia pacífica del Comité de Madres en Defensa de la Verdad frente al Tribunal Supremo de Justicia. Esa noche grupos parapoliciales con 70 personas las golpearon y robaron, incluyendo a una mujer embarazada y una madre con su niño pequeño. El 7 de agosto en un acto de desagravio a las madres frente a la sede de la ONU en Venezuela, Grajales fue interceptada por la Dirección de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana e introducida a la fuerza en una camioneta gris sin placas.
El 9 de agosto Alejandro Ocampo, representante a la Cámara de Colombia, exigió a Nicolás Maduro que Grajales fuera liberada, el 10 de agosto el Pacto Histórico en Venezuela emitió un comunicado mediador en favor de su liberación. El 11 de agosto a las 11:27 am Volker Türk, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, exigió su liberación. Dos horas después el fiscal general Tarek William Saab informó que fue aprehendida “por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la República” e imputada por los delitos de incitación al odio, conspiración con gobierno extranjero y asociación. Antonio González Plessman es defensor de derechos humanos en Surgentes y esposo de Grajales, manifestó que sigue incomunicada y sin derecho a un abogado de confianza.
Las violencias en Colombia son estructurales
Al menos 3 de los 14 focos de crisis humanitaria en Colombia están en la frontera con Venezuela: Catatumbo, Arauca y Serranía del Perijá. Estas regiones serían objeto de futuras zonas binacionales, independientemente de los gobiernos de turno. Es decir, estas crisis requieren un abordaje común. Pese a los problemas de violencia estructural, el uribismo aplica la vieja confiable electoral de culpar a Venezuela de sus problemas internos.
El anuncio del ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, sobre el traslado a Venezuela de dos soldados y dos policías tomados como prisioneros por parte del ELN en el Catatumbo y en Arauca complejiza las relaciones diplomáticas. Sin embargo, este tipo de denuncias y acusaciones mutuas son frecuentes desde el siglo anterior en toda la frontera colombo-venezolana, de ida y de venida.
Como dijo Pável Rondón, exembajador de Venezuela en Colombia, sobre la zona binacional: “También arguyen que los sectores subversivos y otros actores violentos llegarían a Norte de Santander por auspicio del gobierno venezolano. Es bueno precisar que las actuales guerrillas de Colombia -hubo antes otras- surgen en el año 1964. Es decir, 35 años antes del inicio del gobierno chavista. En Catatumbo, las guerrillas del EPL, ELN y FARC llegaron en el año 1970”.
¿Los casos de Díaz y Grajales afectan las relaciones colombo-venezolanas?
Queda claro que las relaciones diplomáticas entre ambos países no dependen de los asilos otorgados mutuamente entre unos y otros desde el siglo pasado. Al contrario, las relaciones colombo-venezolanas son dependientes del intercambio comercial, de la cooperación energética y de seguridad, así como de las políticas de paz. Al respecto, el líder político Rafael Uzcátegui dijo en entrevista con Mario Villegas que el salvoconducto a Díaz va a depender de lo que digan en Colombia.
¿Podríamos pensar lo mismo sobre la situación de Martha Grajales? El montaje contra Grajales alimenta la discusión interna dentro del Pacto Histórico respecto a Venezuela, organización que se opone a la salida militar allá y aquí.
Castigo patriarcal contra María Alejandra Díaz y Martha Grajales
La violencia estructural hoy se expresa contra las abogadas María Alejandra Díaz y Martha Grajales. Es sabido que las mujeres formadas, que deliberan públicamente y cuestionan el poder son doblemente castigadas en el sistema patriarcal. En contextos genocidas y de terrorismo de Estado como en Colombia, Gaza y otros, el disciplinamiento del cuerpo de las mujeres mediante el asesinato, encarcelamiento, violencia sexual y todas las formas de tortura es un instrumento de terror para aleccionar a su comunidad.
En este caso, claramente es un mensaje para las madres venezolanas, el gremio de abogadas y abogados, el gremio de defensoras y defensores de derechos humanos y la colombianidad en Venezuela. Como dije en la columna “Castigo contra Francia Márquez en Colombia”, en la turbulencia las mujeres son las primeras sospechosas de culpa. Pero también son las mujeres, pasada la turbulencia, quienes preservan la memoria y a quienes el tiempo da la razón.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
