AMASSURU | MUJERES EN SEGURIDAD
Por VIVIAN ANDREA MONROY VELÁSQUEZ
Cuando hablamos de crimen organizado en Colombia, la imagen que persiste en el imaginario colectivo es casi siempre masculina: el capo, el sicario, el jefe de bloque. La mujer aparece en ese relato como víctima, acompañante o daño colateral. Esa imagen es incompleta y, sobre todo, peligrosa: la mujer colombiana no solo sufre el crimen organizado transnacional, cada vez más lo protagoniza. Y esa participación creciente no es un accidente ni una anomalía moral, sino el resultado directo de una exclusión estructural que el Estado no ha sabido,ni querido, leer con enfoque de género. Mientras la política pública siga tratando el fenómeno como un problema exclusivamente operativo, seguirá siendo ciega a la mitad de la ecuación.
Un dato sirve como punto de partida. El informe Global Prison Trends 2025 reporta que, mientras el número de hombres en prisión aumentó un 22% desde el año 2000, el de mujeres creció un 57% en el mismo periodo, superando incluso el crecimiento de la población mundial (32%). En América Latina y Asia, hasta el 80% de las mujeres están encarceladas por delitos relacionados con drogas: tráfico de estupefacientes, hurto, concierto para delinquir, homicidio y extorsión. En Colombia, la mayoría son madres cabeza de hogar, de bajos recursos y sin estudios superiores.
La respuesta del Estado colombiano ante el crimen organizado sigue girando casi en exclusiva sobre el fortalecimiento de la Fuerza Pública: capturas, bajas, extradiciones. El músculo. Pero el músculo no pregunta por qué una mujer de estrato uno, jefa de hogar, con primaria incompleta, termina siendo la jefe de finanzas de un grupo armado. Y ahí está precisamente el nudo del problema: la trayectoria delictiva de estas mujeres no comienza el día en que son capturadas, sino mucho antes, en una serie de exclusiones que se acumulan y se refuerzan entre sí.
Un estudio sobre la criminalidad femenina en Colombia publicado en la Revista Criminalidad analiza los factores de riesgo y motivaciones a esta participación. El perfil que emerge en este estudio es perturbadoramente coherente: mujeres jóvenes, entre 21 y 35 años, de los estratos socioeconómicos más bajos, con escolaridad precaria, provenientes de hogares marcados por el maltrato. El 84% de las mujeres encarceladas se identificaba como cabeza de hogar. Más de la mitad había comenzado su carrera delictiva antes de los 25 años. No son datos de una patología moral; son los datos de una exclusión estructural que encontró en el crimen su única puerta abierta.
Esa exclusión tiene una lógica económica precisa. El desarrollo económico no necesariamente beneficia a las mujeres; en algunos casos las marginaliza más. La segregación laboral, los salarios inferiores y la carga del hogar sin red de apoyo configuran un mercado formal que sistemáticamente cierra puertas. Frente a eso, las economías ilegales ofrecen algo que el mercado legal no ofrece: no discriminan por género cuando se trata de asumir riesgos. Es una inversión perversa de la igualdad: la única esfera donde estas mujeres encuentran movilidad social real es la que el Estado combate con más armas, no con más oportunidades.
Desde el rigor académico (aunque la cultura popular lo haya reducido a mito televisivo) no puede dejarse de lado el caso de Griselda Blanco. Nacida en Cartagena en 1943, fue pionera en el diseño de las rutas de narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos, maestra reconocida por el propio Pablo Escobar, inventora del modelo de las mulas. Su historia no es una reivindicación; es una advertencia. Griselda Blanco no surgió del vacío: surgió de condiciones sociales que convirtieron la ilegalidad en la única forma de poder al alcance. Y lo que la hizo eficaz no fue solo su violencia, sino algo que el sistema subestimó sistemáticamente: que una mujer en ese entorno generaba menos sospechas. Los agentes de la DEA tuvieron dificultades para convencer a sus superiores de que ella era realmente «un gran problema».
Esa invisibilidad sigue siendo un activo operativo del crimen organizado hoy. Las organizaciones criminales han aprendido que una mujer puede moverse donde un hombre levanta alarmas. Puede ser la mensajera, la interlocutora con los reclusos, la comandante de sección que nadie busca en los perfiles de los más buscados. Colombia ocupa el segundo lugar en el mundo en número de organizaciones y mercados criminales activos, según la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. En ese ecosistema, la participación femenina no es anómala: es funcional, creciente y poco estudiada. Y es precisamente esa función táctica,la invisibilidad como ventaja operativa, la que la política de seguridad, centrada en el músculo, está estructuralmente mal equipada para detectar, mucho menos para prevenir.
La pregunta entonces no es retórica: ¿tiene Colombia una política pública que incorpore seriamente el enfoque de género en su estrategia de seguridad? La respuesta honesta es no, o apenas en borrador. El Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 de Colombia reconoce el crimen organizado como amenaza multicausal, pero cuando se trata de acciones concretas, el énfasis sigue siendo operativo. El Ministerio de Justicia de Colombia y la UNODC organizaron en 2021 un encuentro sobre mujeres y narcotráfico que fue un paso positivo, aunque todavía insuficiente para transformar la lógica de fondo. El vacío no es de diagnóstico (los datos existen, las trayectorias están documentadas) sino de voluntad para traducir ese diagnóstico en prevención: educación, empleo formal, redes de apoyo para jefas de hogar, antes de que la puerta del crimen sea la única que quede abierta.
Entender a la mujer criminal no es hacer apología del delito. Es reconocer que detrás de cada condena hay una trayectoria que el Estado pudo haber interceptado antes: en la escuela que se abandonó, en el hogar donde hubo violencia, en el mercado laboral que nunca tuvo lugar para ella. Mientras Colombia siga contando sus victorias solo en kilos incautados y cabecillas capturados, seguirá librando una guerra a medias: la que se ve, no la que se produce. Y sin enfoque de género, la política de seguridad seguirá mirando solo la mitad del fenómeno, condenada a combatir los efectos mientras las causas siguen intactas, reclutando a la próxima generación.
Columna basada en: Monroy Velázquez, V. A. (2023). La mujer colombiana en el crimen organizado transnacional. Escuela Superior de Guerra «General Rafael Reyes Prieto». Artículo incluido en en el Decimocuarto Boletín Colaborativo Amassuru: Mujeres y Narcocriminalidad en América Latina y el Caribe: perspectivas de género, estrategias de abordaje, liderazgos y nuevos roles. Consulte el Boletín en la página de Amassuru aquí.
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Foto: Generada con IA para uso editorial
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