AMASSURU | MUJERES EN SEGURIDAD
Por Juana Nidia Molina Juárez
La muerte de un policía municipal en León, Guanajuato, ocurrida esta semana, ha vuelto a colocar sobre la mesa un tema que durante décadas ha permanecido en los márgenes de la agenda pública: la salud mental de quienes integran las instituciones de seguridad.
La difusión de imágenes y videos relacionados con estos hechos recordó, además, que la manera en que estos acontecimientos son comunicados también exige responsabilidad. La Organización Mundial de la Salud ha recomendado evitar el sensacionalismo y la difusión de imágenes explícitas de las muertes por suicidio, tanto por el impacto que ocasionan en familiares y compañeros como por el riesgo de favorecer conductas de imitación (efecto Werther).
Con frecuencia, estos hechos son tratados como tragedias individuales. Se lamentan, se emiten condolencias y, eventualmente, las instituciones aseguran que cuentan con programas de atención psicológica para su personal. Sin embargo, reducir el problema a una circunstancia personal impide reconocer una realidad mucho más compleja: el deterioro de la salud mental de los policías constituye un problema estructural y, por tanto, una responsabilidad institucional.
Los operadores de la seguridad pública y del sistema de justicia desempeñan una de las profesiones con mayor exposición a factores de riesgo psicosocial. La violencia cotidiana, el contacto permanente con la muerte, las jornadas prolongadas, los turnos nocturnos, la presión jerárquica, el escrutinio público y la incertidumbre operacional generan un desgaste acumulativo que se identifica como un detonante de ansiedad, depresión, trastorno por estrés postraumático y síndrome de desgaste profesional (burnout).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud mental como un estado de bienestar que permite a las personas afrontar las tensiones normales de la vida, desarrollar sus capacidades, trabajar de manera productiva y contribuir a su comunidad. En 2022, la OMS y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicaron las WHO Guidelines on Mental Health at Work, las primeras directrices internacionales basadas en evidencia para promover y proteger la salud mental en el ámbito laboral. El documento reconoce que los riesgos psicosociales —como la exposición constante al estrés, las cargas excesivas de trabajo, la violencia, el escaso apoyo institucional y la falta de control sobre las condiciones laborales— constituyen riesgos ocupacionales cuya prevención es responsabilidad de las organizaciones y en este caso, del Estado.
Esta obligación encuentra respaldo jurídico en el Convenio núm. 155 sobre seguridad y salud de los trabajadores, adoptado por la Organización Internacional del Trabajo en 1981 y reconocido desde 2022 como uno de los diez convenios fundamentales de la organización. El instrumento establece que los Estados deben formular políticas nacionales para prevenir los riesgos derivados del trabajo y proteger la salud de las personas trabajadoras, entendida como un concepto que comprende tanto el bienestar físico como el mental.
Sin embargo, cuando trasladamos estos estándares internacionales a la realidad de muchas corporaciones policiales mexicanas, la distancia resulta evidente.
En los próximos días escucharemos probablemente a diversas autoridades afirmar que cuentan con servicios de atención psicológica para sus policías y que la salud mental constituye una prioridad institucional.
Pero una política pública no se mide por lo que aparece en un organigrama, en publicaciones en redes sociales, ni por lo que afirma un comunicado de prensa.
Se mide por su capacidad para llegar oportunamente a quienes la necesitan.
En numerosas corporaciones municipales la atención psicológica continúa siendo insuficiente o inexistente. Cuando existe, suele recaer en un número reducido de profesionales para atender a cientos de elementos. Solicitar apoyo psicológico sigue siendo motivo de estigmatización; las cargas de trabajo dificultan acudir a consulta; prácticamente no existen licencias por salud mental ni programas permanentes de seguimiento para quienes han estado expuestos a eventos críticos.
La situación resulta todavía más preocupante cuando hablamos de policías municipales que ni siquiera cuentan con seguridad social. Pretender proteger la salud mental de quienes carecen incluso de derechos laborales básicos representa una contradicción que evidencia las profundas deficiencias institucionales.
No hay protección para los ciudadanos sin garantías para nuestros policías.
El estrés ocupacional no atendido incrementa el riesgo de errores operativos, conflictos interpersonales, uso excesivo de la fuerza, consumo problemático de alcohol y ausentismo laboral. La salud mental policial no puede considerarse una prestación complementaria ni un programa opcional; representa un componente indispensable para garantizar instituciones de seguridad profesionales, eficaces y respetuosas de los derechos humanos.
Esta idea también se desprende de los estándares internacionales en materia policial. El Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 34/169, establece que los servidores encargados de hacer cumplir la ley deben desempeñar sus funciones con un elevado sentido de responsabilidad hacia la comunidad. Por su parte, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego disponen que los gobiernos tienen la obligación de seleccionar, capacitar y apoyar adecuadamente al personal policial para el cumplimiento de sus funciones. Esa obligación no puede limitarse al entrenamiento táctico; necesariamente comprende la protección de su bienestar físico y psicológico.
La fortaleza de una institución policial no depende únicamente del número de patrullas, del armamento disponible o de las estadísticas de detenciones. También radica en la capacidad del Estado para cuidar a quienes sostienen diariamente la primera línea de la seguridad pública.
El verdadero obstáculo para avanzar no es reconocer que existen deficiencias. Lo preocupante es la resistencia institucional a admitirlas. Mientras las autoridades respondan a cada tragedia con declaraciones de compromiso, pero sin fortalecer los servicios de atención psicológica, garantizar licencias por salud mental, incorporar especialistas suficientes y evaluar permanentemente los riesgos psicosociales, seguiremos reaccionando cuando ya sea demasiado tarde.
Cada vez que un policía se quita la vida en un contexto de deterioro de su salud mental, la pregunta no debería limitarse a qué ocurrió.
La pregunta correcta es otra:
¿Qué hizo o dejó de hacer la institución para evitar que ocurriera?
Porque un Estado que exige fortaleza emocional permanente a sus policías, pero les niega las condiciones necesarias para conservarla, no solo falla a quienes portan un uniforme; en la misma medida falla a la sociedad que espera de ellos profesionalismo, equilibrio y capacidad para proteger a los demás.
Ha llegado el momento de dejar de preguntarnos únicamente quién cuida a quienes nos cuidan y comenzar a exigir que esa responsabilidad deje de depender de la buena voluntad de una administración en turno para convertirse, de una vez por todas, en una auténtica política pública.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto: Generada con IA por LCR
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