Por Angélica De La Peña
Dafne Zapata Quintos tenía 13 años cuando entró a un curso de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, ubicada en Ciudad Madero, Tamaulipas. Esta academia anuncia una “estricta disciplina tipo militar”.
La primera pregunta que surge es por qué funciona legalmente desde hace años este centro educativo de primaria, secundaria y preparatoria. Pero no es la única; hay más de 50 centros educativos que se anuncian de corte militar en el país. Y nada tienen que ver ni la Defensa ni la SEMAR. Es un asunto que compete a la SEP y a las secretarías del ámbito estatal.
El caso Dafne ha dejado al descubierto omisiones graves por parte de la autoridad educativa y de otras instancias.
Por lo pronto, la Fiscalía del Estado ha señalado que la causa de su muerte fue por asfixia por sumersión y se persigue penalmente como feminicidio. No fue un accidente, como quisieron ocultar los directivos de esta academia. Salvo lo que la investigación judicial determine sobre el contexto del crimen, se menciona que ahí se recibe a los nuevos ingresos con una acción conocida como “novatada”, donde se infligen violencias inscritas en tratos crueles, inhumanos y degradantes.
De ser el caso, Dafne no sobrevivió a estas torturas. Esta academia, por cierto, tiene un nombre que hace referencia al comandante nazi Karl Dönitz, quien fue sucesor de Hitler después de su muerte. ¿Acaso no lo verificaron quienes permitieron su funcionamiento?
Ninguna institución educativa puede operar sin el permiso de la Secretaría de Educación Pública; aunque haya descentralización en cada entidad federativa, es responsabilidad y obligación de la Federación supervisar todos los programas educativos del país. Estas escuelas cuentan con Clave de Centro de Trabajo y el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE); de otra forma, no estarían funcionando.
La Constitución es clara: la educación se basará en el respeto irrestricto a la dignidad humana, con enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva; se fomentarán las libertades y la cultura de paz. Estas escuelas, colegios o academias no tienen cabida en un país pacifista.
Por desgracia, se destapó este lado oscuro de la discrecionalidad de las autoridades educativas, que han permitido su funcionamiento desde sexenios atrás. Ya ni la Defensa tiene estas academias para menores de 18 años por recomendación del Mecanismo de Examen Periódico Universal de la ONU desde 2013.
Este caso de la niña Dafne nos evidencia, como en otros casos, cómo su madre y su familia tienen que mover cielo, mar y tierra para acceder a la justicia. Nadie puede olvidar el grito de su madre cuando le entregaron a su hija muerta.
Sin embargo, también es una llamada de atención sobre un asunto que tiene tantos años como la humanidad misma: cómo enfrentar las distintas edades de niñas y niños. La adolescencia es quizá la más complicada de comprender. Se nos olvida a quienes pintamos canas cómo fuimos en esas edades.
Por desgracia, todavía impera el dicho de que “la letra con sangre entra”. Se ha demostrado pedagógicamente que la rigidez en la educación es contraproducente. Pero ese es otro tema. Hoy solo cierro exigiendo la aplicación irrestricta de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Estas escuelas deben desaparecer, no reglamentarse. Porque lo que debe prevalecer es la educación en el fomento de lo civil y de la resolución pacífica de los conflictos, no lo militar.
Defensora de derechos humanos
