Por Angélica de la Peña
México es reconocido por los organismos multilaterales por haber inscrito la igualdad sustantiva en la Constitución. Hay presencia paritaria de mujeres y hombres prácticamente en todos los congresos locales, incluidas las cámaras del Congreso de la Unión.
¿Esto garantiza que ellas estén tomando decisiones a favor de los derechos de las mujeres y las niñas? Las encuestas sobre discriminación por razón de sexo señalan que no.
Si tomamos en cuenta otros países con congresos paritarios, el balance respecto de su influencia real en favor de los derechos de las mujeres muestra una situación similar a la de México. Hay paridad en Bolivia, Cuba, Nicaragua, Emiratos Árabes Unidos, Ruanda y Andorra, países que no son ejemplos de avances en favor de las mujeres y las niñas, porque las parlamentarias operan, en general, dentro de las líneas del partido dominante y varios de estos países tienen regímenes autoritarios.
Dos conclusiones van de la mano: solo en una democracia efectiva se puede trabajar contra todo tipo de discriminación y en favor de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, medioambientales y culturales; además, ser mujer no significa automáticamente simpatizar con los derechos de otras mujeres.
Por ejemplo, ¿ha disminuido la violencia contra las mujeres? El hecho de que haya más legisladoras sí ha fomentado reformas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Sin embargo, los datos muestran que, aun con reformas a las leyes, las encuestas siguen señalando que dos de cada tres mujeres han sufrido violencia por el hecho de ser mujeres.
El Gobierno reconoce que 2021 fue el año con más feminicidios y sostiene que desde entonces hay un descenso anual. Sin embargo, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denuncian una subclasificación del 75% de los homicidios dolosos de mujeres, por lo que, afirman, se oculta la realidad.
Lo mismo ocurre con el Presupuesto de Egresos de la Federación, en particular con el Anexo 13, relativo a las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, que en su diseño original debía incluir únicamente programas orientados a garantizar los derechos de las mujeres. Hoy ya no es prioritario atender los rezagos en materia de salud sexual y reproductiva; apoyar a que las niñas de zonas indígenas, rurales o suburbanas continúen sus estudios y concreten su proyecto de vida; o instaurar el Sistema Nacional de Cuidados, entre decenas de programas que originalmente integraban este Anexo. Desde 2019 se incluyeron programas de carácter clientelar, como el apoyo a adultos mayores, y solo una pequeña parte de los recursos se destina a temas relacionados con algunos derechos de las mujeres.
A unas semanas de que comience la organización de las elecciones, necesitamos que las mujeres y los hombres comprometidos con los cambios estructurales que garanticen que las mujeres sean realmente sujetas de plenos derechos influyan de manera decidida en los partidos políticos, para que postulen como candidatas a mujeres que trabajen en favor de los derechos de las mujeres y no, por el contrario, sigan las líneas de regímenes autocráticos.
Es necesario diferenciar la paridad numérica de la igualdad sustantiva, en la que las mujeres no sean relegadas a temas irrelevantes, sino que participen en asuntos sustantivos y trascendentales, con capacidad real de influir, desde una perspectiva de género, para que mujeres y hombres gocen de iguales derechos. Ese es el reto para 2027: que la letra de la ley se concrete también en una igualdad cualitativa.
Defensora de derechos humanos
