Por Angélica de la Peña
“¡México es campeón en desaparición!”, gritaron las madres buscadoras cuando eran violentamente desalojadas por halcones de chamarras blancas al acercarse al Estadio Ciudad de México, el día de la inauguración del Mundial.
Como sabemos, la Secretaría de Gobernación amenazó con investigar quién financió a estas madres para venir a la Ciudad de México desde Jalisco: “determinar si existió alguna intención ajena a la legítima exigencia de búsqueda y justicia que encabezan las familias”, dijo.
¿Acaso exigir que el gobierno cumpla con su obligación de encontrar con vida a sus seres queridos no es una legítima exigencia?, ¿no es exigir justicia? Es lamentable que la Presidenta y su equipo ejerzan el cargo público con un tufo de despotismo. No hay compasión ante el dolor y la desesperación de estas madres y familiares, quienes exigen que el gobierno cumpla con su responsabilidad.
Las madres buscadoras dejaron su hogar para transitar al horror de la búsqueda de sus familiares más queridos, ejerciendo su derecho a ser escuchadas frente a la angustia de no saber dónde están sus hijas e hijos desaparecidos involuntariamente.
Pero el gobierno no podrá evitar que el mundo conozca el desastre humanitario de la desaparición forzada en México cuando, en la Asamblea General de la ONU, el secretario General informe sobre la terrible y dolorosa realidad que vive México desde hace cuatro sexenios.
La desaparición de personas ciertamente no comenzó con López Obrador, tampoco con Claudia Sheinbaum; sin embargo, en sus gobiernos han desaparecido decenas de miles de personas, sumándose a una tragedia que no se ha atendido a pesar de las recomendaciones de la ONU y la CIDH.
Este delito no prescribe; es permanente y continuo. Por desgracia, tenemos una historia negra inaceptable en un país sin conflicto con nadie. En el siglo pasado hubo hechos deleznables, como la represión a médicos, ferrocarrileros, campesinos y estudiantes en los años cincuenta y sesenta, así como durante la “guerra sucia” de principios de los setenta. Estas crisis motivaron acciones encaminadas a una transición democrática y a la promulgación de leyes en materia de derechos humanos, hoy sin cumplir.
Como mexicana, quisiera ver una actitud diferente por parte de la primera mujer en ocupar el cargo de Presidenta.
Hay procesos emblemáticos que nos enseñan las virtudes de la conciliación y la empatía. El primer ministro de Australia, Kevin Rudd, en febrero de 2008 pidió perdón a los pueblos indígenas de su país por las consecuencias de la represión y la separación de familias, en una decisión del gobierno conocida como las “generaciones robadas”: niñas y niños separados por la fuerza de sus familias entre 1910 y 1970. Kevin no participó en ninguno de estos hechos porque nació en 1957, pero como Jefe de Estado reconoció el dolor y sufrimiento causados a estas familias originarias de Australia. Asumió las consecuencias de actos que otros cometieron desde el gobierno.
Ha habido casos similares en los que, desde el propio Estado, se pide perdón desde la ética política, al reconocer hechos mediante los cuales se reprimió o desapareció a grupos de personas con alevosía y crueldad en tiempos pasados.
Pedirle una acción de estas características a la Presidenta Claudia Sheinbaum es pedir peras al olmo; no hay una sola muestra de misericordia en su actitud frente a las madres buscadoras. Es una persona insensible al dolor ajeno. Ya responderá a la resolución de la ONU.
Defensora de derechos humanos
