Jael Monserrat: seis años de lucha entre pruebas perdidas, omisiones y un prófugo buscado por la INTERPOL

Han pasado seis años desde que Jael Monserrat Uribe Palmeros desapareció en Iztapalapa y su familia continúa enfrentando una batalla contra la impunidad. La búsqueda de la joven derivó en el hallazgo de un cráneo, la liberación de los presuntos responsables, una nueva orden de aprehensión, un prófugo buscado por la Interpol y un caso que evidencia las fallas estructurales del sistema de justicia mexicano para investigar desapariciones de mujeres con perspectiva de género y derechos humanos.

A seis años de la desaparición de Jael Monserrat Uribe Palmeros, ocurrida el 24 de julio de 2020 en la colonia Apatlaco, alcaldía Iztapalapa, la exigencia de verdad y justicia permanece intacta. Mientras las investigaciones continúan, la madre de la joven, Jaqueline Palmeros, sostiene que la lucha por esclarecer el caso ha estado marcada por omisiones institucionales, pérdida de evidencia, revictimización y un sistema de justicia que, afirma, ha sido incapaz de responder con la rapidez y eficacia que demandan las familias de personas desaparecidas.

Este 24 de julio de 2026, Jaqueline recordó a su hija con un mensaje que refleja el profundo dolor que ha soportado durante estos seis años.

La historia comenzó el 24 de julio de 2020. Jael Monserrat salió de su domicilio para ejercitarse; y horas después, su familia había perdió contacto con ella. Acudieron inmediatamente al Ministerio Público y denunciar su desaparición.

Las investigaciones establecieron que las últimas personas que tuvieron comunicación con la joven fueron Miguel «N», alias «El Mike», y Adriana «N», conocida como «La China», quienes presuntamente la trasladaron en un vehículo captado por cámaras de videovigilancia del C5 en la zona de Eje 5 Sur y La Viga. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas grabaciones —consideradas evidencia clave— fueron extraviadas por la propia Fiscalía capitalina, un hecho que más tarde tendría consecuencias determinantes en el proceso judicial.

Tras más de dos años de investigaciones, a finales de enero de 2023 la Fiscalía de la Ciudad de México, logró la detención de Miguel «N» y Adriana «N», señalados por su presunta participación en la desaparición de Jael Monserrat. Ambos permanecieron alrededor de un año y medio en prisión preventiva en el Reclusorio Norte mientras se desarrollaba el juicio por desaparición cometida por particulares agravada.

Sin embargo, el caso dio un giro el 28 de junio de 2024, cuando la jueza Belém Bolaños Martínez dictó sentencia absolutoria y ordenó la inmediata libertad de ambos imputados. La resolución provocó indignación entre colectivos de búsqueda, organizaciones defensoras de derechos humanos y la familia de la víctima, quienes denunciaron una nueva forma de revictimización.

En conferencia de prensa realizada en julio de 2024 en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Jaqueline Palmeros cuestionó que la juzgadora modificara el enfoque jurídico del caso.

«La jueza Belém Bolaños Martínez asumió bajo sus propios medios razonables y sin un cuerpo de por medio que se trataba de un feminicidio y no de una desaparición cometida por particulares agravada, como se estaba juzgando», denunció.

La activista sostiene que, al momento de esa resolución, aún no existía evidencia científica que acreditara la muerte de su hija. Paradójicamente, meses después serían localizados restos humanos que cambiarían nuevamente el rumbo del caso.

Durante la Cuarta Brigada Regional de Búsqueda Ajusco 2024, organizada por el colectivo Una Luz en el Camino, fueron localizados restos óseos en el paraje conocido como Llano de Vidrio, una zona boscosa del Ajusco que durante los últimos años ha sido identificada por colectivos de familias buscadoras como un sitio recurrente de hallazgo de restos humanos.

El 17 de enero de 2025, durante una reunión encabezada por la fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, la institución informó a Jaqueline Palmeros que los estudios genéticos arrojaban una compatibilidad del 99.99 por ciento entre esos restos y los perfiles genéticos de ella y de los hijos de Jael Monserrat.

La noticia confirmó uno de los temores más dolorosos para la familia. No obstante, Jaqueline enfatizó que los restos fueron encontrados por las propias familias buscadoras y no por las autoridades.

«Hoy sabemos que existe un 99.99 por ciento de compatibilidad con nuestros perfiles genéticos. Porque sólo nosotros los encontramos. Necesitamos encontrar el mayor número posible de restos para darle una sagrada sepultura. Hoy una vez más le demostramos a la Fiscalía que las familias los encontramos.», declaro Jaqueline en un mensaje a medios.

A pesar del hallazgo, la búsqueda no concluyó. Jaqueline sostiene que aún faltan restos por localizar y anunció que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colaborarán en nuevas búsquedas, pues incluso existen dudas sobre la forma en que fue localizado el cráneo de su hija, al considerar que existen elementos técnicos que deberán ser analizados para descartar cualquier irregularidad.

Mientras tanto, el proceso penal volvió a cambiar de rumbo. Tras una apelación promovida por la familia, un juez ordenó la reaprehensión de Miguel «N» y Adriana «N». En julio de 2025, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó a la Fiscalía General de la República una alerta migratoria contra ambos. De acuerdo con Jaqueline Palmeros, Adriana «N» fue reaprehendida y actualmente permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, mientras que Miguel «N» continúa prófugo y es buscado mediante mecanismos de colaboración nacional e internacional, incluida una ficha de búsqueda a través de Interpol, según ha informado la familia con base en reuniones sostenidas con autoridades de seguridad capitalinas.

Para Jaqueline Palmeros, el mayor obstáculo no ha sido únicamente el tiempo, sino las omisiones institucionales. Durante una entrevista concedida a La Periodista en mayo de 2026, explicó que la búsqueda de su hija le costó su empleo y transformó por completo la vida de toda la familia.

«Me corrieron de mi trabajo a raíz de la desaparición de mi hija. O buscaba o trabajaba. Todas las familias vivimos lo mismo: no hay recursos, no hay dinero y tenemos que seguir luchando todos los días.»

La madre buscadora sostiene que México cuenta con leyes y protocolos construidos gracias al trabajo de familias y organizaciones, pero lamenta que éstos no se traduzcan en acciones efectivas por falta de coordinación, capacitación y voluntad institucional.

En el mismo sentido se pronunció César Contreras León, abogado del área de Defensa Integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quien advirtió que el caso de Jael Monserrat refleja una problemática estructural que rebasa a una sola institución.

El especialista señaló que persisten deficiencias en la preservación de evidencia, en la recuperación inmediata de cámaras de videovigilancia, en la geolocalización, en la identificación forense y en la notificación digna a las familias. Asimismo, afirmó que la desaparición de personas en la Ciudad de México ha registrado un crecimiento sostenido durante la última década, por lo que llamó a fortalecer las capacidades de búsqueda y, sobre todo, las políticas de prevención.

El caso también ha colocado bajo escrutinio las decisiones judiciales de Belém Bolaños Martínez, quien posteriormente participó como candidata a magistrada de Circuito en Materia Penal durante la elección extraordinaria del Poder Judicial de 2025.

La resolución emitida por la jueza Belém Bolaños Martínez en el caso de Jael Monserrat Uribe Palmeros colocó nuevamente bajo el escrutinio público su trayectoria dentro del Poder Judicial.

La juzgadora, quien en junio de 2024 absolvió a los dos principales imputados por la desaparición de la joven, es hija del magistrado en retiro Lino Pedro Bolaños Cayetano, una figura de larga trayectoria dentro del Poder Judicial de la Ciudad de México. En octubre de 2024, Bolaños Cayetano recibió la Presea Tepantlato, otorgada por la Universidad Tepantlato, en una ceremonia encabezada por el ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez, quien ha permanecido durante varios años al frente del órgano judicial y ha sido uno de los personajes con mayor influencia en la administración de justicia de la capital.

Durante su campaña aseguró en una entrevista para Líderes Mexicanos, que impulsaría una justicia más cercana, transparente, con perspectiva de género, lenguaje claro y mayor celeridad en los procesos, además de privilegiar alternativas a la prisión y combatir la violencia de género.

Sin embargo, para la familia de Jael Monserrat existe una contradicción entre ese discurso y las resoluciones emitidas dentro del caso. Jaqueline Palmeros sostiene que fue revictimizada durante una audiencia posterior, donde —afirma— la jueza le reclamó haber denunciado públicamente la liberación de los imputados y cuestionó la campaña de exigencia de justicia emprendida por la familia.

Seis años después de la desaparición de Jael Monserrat Uribe Palmeros, el caso continúa abierto. La familia mantiene la exigencia de que se reponga el juicio contra los presuntos responsables, se esclarezcan las circunstancias de la desaparición y feminicidio de la joven, se sancionen las posibles negligencias cometidas durante la investigación y se garantice que ninguna otra familia tenga que asumir, por cuenta propia, la búsqueda que corresponde al Estado. Su historia se ha convertido en un símbolo de la lucha de las madres buscadoras.

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