Por Itzel Lozada
Creer que la falta de autonomía financiera, el agotamiento por los cuidados, la disparidad salarial, las decepciones del “amor romántico patriarcal” o las violencias son consecuencia de malas decisiones personales, de un fracaso propio, de mala suerte o de un problema de carácter tiene mucho que ver con que, durante mucho tiempo, vivimos esas realidades en soledad. Cuando una experiencia se vive de manera individual y puertas adentro, es casi inevitable asumir que el error es propio.
La potencia de entender que lo personal es político radica precisamente en que, cuando esas experiencias se comparten y socializan, se hace evidente que aquello que cada mujer vive como un problema propio se repite en la vida de muchas otras: lo que parece una suma de experiencias individuales es, en realidad, un patrón colectivo y estructural.
Durante mucho tiempo aprendimos que había dos esferas claramente delimitadas. Por un lado, lo público: el terreno de lo político, lo social y el poder; instituciones, las leyes, el Estado o el trabajo remunerado. Por el otro, lo privado: el hogar, la vida de pareja, la crianza, los cuidados y la sexualidad, territorios aparentemente neutrales e íntimos. Sin embargo, al analizar lo que sucede en esos espacios privados, encontramos dependencia económica, trabajo no remunerado, relaciones asimétricas de poder y violencias silenciadas.
Por supuesto, esas realidades cambian según la clase social, el cuerpo y el territorio que habitamos. Para algunas mujeres, el conflicto estuvo en el confinamiento doméstico o en la desigualdad salarial; para muchas mujeres racializadas, la experiencia ha estado atravesada por la explotación, la marginación y la necesidad de garantizar la propia subsistencia.
Los feminismos pusieron en el centro que las relaciones de poder también operan en lo privado; por eso, había que romper el silencio, traspasar las paredes de lo doméstico y compartir experiencias para transitar de lo personal a lo político.
A partir de esa certeza, y desde mi propia práctica profesional, me interesa sumar otra dimensión: si lo personal es político, también es jurídico. Porque muchas situaciones que vivimos como parte de nuestra vida familiar, afectiva o personal producen efectos jurídicos, aunque rara vez pensemos en ellas de esa manera.
Los vínculos son un buen ejemplo. Casarnos, vivir en concubinato o construir una familia genera derechos y obligaciones entre las personas, y la forma jurídica que adopta una relación puede ser relevante cuando esa relación termina, cuando una persona muere o cuando necesitamos ejercer un derecho. Tener una hija o un hijo también crea derechos y responsabilidades que existen con independencia de cómo sea la relación entre sus progenitores.
Lo mismo ocurre con el patrimonio. Decidir comprar un inmueble con nuestra pareja, ponerlo a nombre de una sola persona, aportar dinero para construir en un terreno que pertenece a alguien más, contratar un crédito conjuntamente o firmar como obligada solidaria son decisiones que pueden parecer parte de un proyecto de vida compartido y, al mismo tiempo, producir consecuencias jurídicas muy concretas sobre la propiedad, el futuro patrimonial o la posibilidad de recuperar aquello que aportamos.
Incluso los acuerdos que hacemos dentro de una familia tienen una dimensión jurídica que a veces descubrimos mucho después. Podemos haber acordado durante años que la casa será “para los hijos”, que alguien se hará cargo de una persona mayor o que determinados bienes se repartirán de cierta manera cuando alguien muera. Para quienes forman parte de esa familia esos acuerdos pueden ser clarísimos, pero jurídicamente importa cómo se adquirieron los bienes, a nombre de quién están, si existe un testamento y qué derechos tiene cada persona.
Es entonces cuando lo personal es jurídico deja de ser una idea abstracta. Nuestros vínculos, nuestros afectos y nuestros proyectos de vida producen consecuencias jurídicas mucho antes de que se presente un conflicto; sin embargo, con frecuencia, conocemos esa dimensión cuando la relación termina, cuando alguien muere o cuando nuestro patrimonio está en riesgo.
Y quizá por eso vale la pena hablar del derecho -y conocer nuestros derechos- antes de que exista un problema. No para convertir cada decisión personal en un asunto legal, sino para incorporar la información jurídica a las decisiones que tomamos.
Porque podemos decidir casarnos o no hacerlo, compartir o separar nuestro patrimonio, cuidar, formar una familia, construir un proyecto con alguien o terminarlo. Esas decisiones y esa capacidad de agencia nos pertenecen, pero saber qué efectos jurídicos producen nos permite tomarlas con mayor información y autonomía.
Al final, de eso se trata: que las decisiones sobre nuestra vida sigan siendo nuestras, pero también que tengamos la información y las herramientas para sostenerlas y protegerlas a lo largo del tiempo.
Pero esa dimensión del derecho no se agota en nuestras decisiones individuales. El derecho tiene un potencial transformador porque convierte problemas que históricamente fueron tratados como asuntos privados en cuestiones de derechos y obligaciones. Cuando reconoce jurídicamente el valor del trabajo de cuidados, protege patrimonialmente a quien queda en una posición de desventaja, reconoce familias que antes quedaban fuera de la protección jurídica o deja de tratar ciertas violencias como simples “problemas de pareja”, hace posible que lo que antes quedaba en el ámbito privado pueda traducirse en derechos exigibles y en obligaciones cuyo cumplimiento puede reclamarse.
Es justamente ahí donde su alcance puede trascender una historia individual: al reconocer distintas realidades, ampliar la protección jurídica y establecer derechos y obligaciones frente a situaciones que antes permanecían en la esfere privada. En ese tránsito de la experiencia personal a una respuesta jurídica con efectos colectivos, el derecho puede incidir en lo estructural y contribuir a transformar las condiciones que sostienen las desigualdades.
Imagen generada para uso editorial de LCR
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