AMASSURU | MUJERES EN SEGURIDAD
Por Fernanda Daniela Díaz y Katherine Aguirre (Red Amassuru)
La narcocriminalidad en América Latina y el Caribe no puede seguir leyéndose únicamente desde las trayectorias masculinas, las disputas armadas o las respuestas punitivas del Estado. Las mujeres ocupan lugares diversos en estas economías ilegales: como víctimas, cuidadoras, trabajadoras precarizadas, mediadoras, integrantes de redes criminales con mayor o menor agencia, sobrevivientes, presas, lideresas comunitarias y productoras de conocimiento. Con esta columna, Amassuru abre una serie de reflexiones en La Costilla Rota para contextualizar este debate y dar espacio a las voces de las autoras que han investigado estas dinámicas en la región. Las reflexiones aquí están basadas en los artículos del Boletín Colaborativo: Mujeres y Narcocriminalidad en América Latina y el Caribe: perspectivas de género, estrategias de abordaje, liderazgos y nuevos roles.
Durante décadas, la narcocriminalidad en América Latina y el Caribe ha sido narrada casi siempre en masculino. Hombres armados, jefes criminales, sicarios, policías, militares, líderes penitenciarios, pandillas y disputas territoriales han ocupado el centro de la escena. Esa mirada ha permitido entender parte del fenómeno, pero también ha producido una ceguera persistente: las mujeres aparecen tarde, mal o de forma secundaria. Como víctimas, como parejas, madres o hermanas, como excepciones criminales o como cuerpos que se exhiben como botín de guerra, atrapados en historias ajenas.
Esa lectura ya no alcanza dado que las mujeres no están por fuera de las economías ilegales ni ocupan un único lugar dentro de ellas. Participan, sostienen, padecen, negocian, cuidan, transportan, median, venden, administran silencios, sobreviven a violencias y, en algunos casos, ejercen poder. Pero casi nunca lo hacen en condiciones neutras o de igualdad ante sus pares masculinos. Sus trayectorias están atravesadas por desigualdades de género, clase, raza, edad, territorio, cuidado, pobreza, criminalización y acceso desigual a la protección del Estado.
Por eso, la pregunta no debería ser solamente si las mujeres participan o no en la narcocriminalidad. La pregunta verdaderamente incómoda es cómo participan, bajo qué condiciones, con qué márgenes de autonomía, con qué riesgos, con qué formas de coerción y con qué consecuencias para sus vidas, sus familias y sus comunidades.
Mirar la narcocriminalidad desde las mujeres obliga a desmontar dos simplificaciones frecuentes. La primera es verlas únicamente como víctimas pasivas, sin agencia ni capacidad de decisión. La segunda es presentarlas como figuras excepcionales de poder criminal, como si su participación pudiera explicarse sólo por ambición, desviación moral o ruptura del rol femenino esperado. Entre una imagen y otra se pierde lo más importante: las condiciones materiales y simbólicas concretas en las que esas decisiones ocurren.
Esa tensión entre agencia y victimización es uno de los puntos más difíciles del debate. Reconocer que muchas mujeres llegan a estas economías atravesadas por violencia estructural no significa negar su capacidad de decisión. Pero reconocer su agencia tampoco puede convertirse en una excusa para borrar las desigualdades que condicionan esas decisiones. El desafío está en ampliar el análisis y pensar responsabilidad sin moralización, autonomía sin romanticismo y castigo sin ceguera social.
En muchos territorios, las economías ilegales no funcionan únicamente como mercados criminales, sino también como sistemas precarios de supervivencia. Allí donde el Estado llega tarde o incluso en territorios donde directamente el Estado sólo muestra su presencia desde su faceta represiva, allí se castiga más de lo que se protege. En ese marco, el narcotráfico puede ofrecer ingresos, protección, pertenencia o una salida inmediata frente a la pobreza, el endeudamiento, la violencia doméstica, el consumo problemático o la falta de oportunidades. Esto no justifica la violencia ni elimina la responsabilidad individual, pero sí obliga a mirar el contexto que hace posibles ciertas trayectorias.
Asimismo, es necesario poner el foco de análisis en la dimensión territorial. En barrios, cárceles, periferias urbanas, zonas fronterizas y comunidades marcadas por la precariedad, las mujeres no sólo aparecen como víctimas de la violencia criminal. También sostienen vínculos, median conflictos, administran cuidados, negocian con actores armados, protegen familias, gestionan deudas y producen formas ambiguas de gobernanza cotidiana. A veces esas prácticas se leen como colaboración criminal; otras, como resistencia comunitaria. En realidad, muchas veces son ambas cosas a la vez, o ninguna de las dos de manera pura. De allí que, si el fenómeno de la narcocriminalidad es ya de por sí complejo desde el punto de vista del abordaje análitico, lo es más el entendimiento de los espacios y gestión de las mujeres en este entorno criminal, atravesado por las desigualdades estructurales de género, de raza y de corporalidad.
La división sexual y racial del trabajo narcocriminal es otra zona que el debate público suele evitar. Muchas mujeres ocupan tareas de alta exposición y baja capacidad de decisión: transporte, comunicación, venta minorista, logística, cuidado, intermediación o apoyo en redes familiares y afectivas. Son funciones que suelen verse como menores, pero sin ellas muchas economías ilegales no podrían sostenerse. El castigo, sin embargo, no siempre distingue jerarquías. El sistema penal puede caer con fuerza sobre quienes ocupan los eslabones más vulnerables, mientras las estructuras de poder permanecen relativamente intactas.
Ese mismo patrón aparece cuando se observan organizaciones criminales más complejas. Las mujeres pueden cumplir funciones logísticas, financieras, comunicacionales, afectivas, carcelarias o simbólicas que no son periféricas, aunque tampoco impliquen igualdad de poder. La narcocriminalidad necesita estructuras armadas, pero también necesita infraestructura social. Necesita lealtades, parentescos, circulación de información, protección, miedo, prestigio y cuidado. Y en esa arquitectura, las mujeres no son un adorno narrativo: son parte del funcionamiento del sistema.
El cuerpo femenino también aparece como territorio de control, prestigio, castigo y explotación. Puede ser usado como ostentación de poder pero también como vehículo de transporte, como capital simbólico, como mercancía, como prueba de lealtad o como blanco de violencia. Al mismo tiempo, los estereotipos de género operan dentro de las organizaciones criminales y dentro del propio Estado: invisibilizan ciertos roles, exageran otros, justifican violencias y condicionan las respuestas institucionales.
El problema también se manifiesta profundamente en las políticas públicas ante su ausencia de enfoque de género o inclusión errada de las mujeres en sus estratégias. Las políticas de seguridad y defensa han tendido a pensar la narcocriminalidad desde masculinidades armadas: perseguir jefes, capturar sicarios, decomisar drogas, militarizar territorios, endurecer penas a través de la securitización del fenómeno. Pero cuando las mujeres y niñas entran en el fenómeno por rutas específicas (pandillas, vínculos familiares, relaciones afectivas, explotación, consumo, coerción o búsqueda de supervivencia), las respuestas públicas siguen siendo pobres, tardías o directamente punitivas.
Incorporar una perspectiva de género no es considerarlo un capítulo complementario al análisis de la seguridad. Requiere reconocer que la narcocriminalidad no se sostiene sólo con armas, rutas, dinero y control territorial, sino también con trabajos invisibilizados, vínculos afectivos, economías de cuidado, desigualdades históricas y cuerpos feminizados y racializados que cargan con riesgos desproporcionados.
Si la política pública insiste en mirar únicamente las cúpulas criminales, las incautaciones, los homicidios o las respuestas policiales, seguirá dejando por fuera una parte esencial del problema. Y si el sistema penal continúa tratando de la misma manera a quienes dirigen redes criminales y a quienes ocupan posiciones subordinadas, precarizadas o coaccionadas, seguirá reproduciendo las desigualdades que dice combatir.
Preguntarnos por las mujeres en la narcocriminalidad no significa suavizar el análisis del crimen organizado, sino hacerlo más preciso. Significa mirar dónde se produce la violencia, quién la sostiene, quién la sufre, quién se beneficia, quién paga los costos y qué vidas quedan atrapadas entre la supervivencia, el miedo, el castigo y la ausencia de alternativas.
Esta columna abre una serie de reflexiones de Amassuru en La Costilla Rota, vinculada al Boletín Colaborativo sobre Mujeres y Narcocriminalidad en América Latina y el Caribe de Amassuru, con el propósito de ampliar el debate, contextualizar sus principales hallazgos y dar espacio a las autoras que investigan estas dinámicas en la región.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
Katherine Aguirre
Investigadora en el Instituto Igarapé, en Brasil, y co-fundadora de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (Amassuru). Ha colaborado con centros de pensamiento en Colombia como CERAC y FIP, así como el Small Arms Survey en Suiza. Tiene una maestría en Estudios del Desarrollo del Graduate Institute of International and Development Studies de Suiza. Sus intereses de investigación se centran en la intersección entre desarrollo y violencia, especialmente en la prevención y reducción de la violencia, incluyendo la violencia urbana, el conflicto armado y el crimen organizado. También explora nuevas perspectivas que integran las dimensiones ambiental y de género en estos campos.
Fernanda Daniela Díaz
Docente de Relaciones Internacionales e investigadora de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en Argentina. Miembro activa de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (Amassuru)- Argentina. Analista criminal en el Ministerio Público Fiscal de la Nación y anteriormente en el Ministerio de Seguridad de La Nación. Tiene una maestria en Relaciones Internacionales por el Instituto de Relaciones Internacionales (IRI) de la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina y allí también participa como colaboradora del Departamento de América Latina y el Caribe dentro del IRI desde 2008. Sus intereses de investigación se centran en el crimen organizado transnacional suramericano con especial foco en aquellos grupos que anteriormente fueron organizaciones políticas que apelaron a la violencia armada.
