#MujeresEnSeguridad
Por Sandra Kanety Zavaleta Hernández
México es un país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes. Anualmente, al menos 400 mil personas transitan por el territorio nacional. Es el segundo país de origen a nivel internacional, luego de India y, durante el 2022, el número de personas en situación migratoria irregular alcanzó su máximo histórico (444,439 migrantes), superando incluso las cifras récord registradas en 2021 (309,692 migrantes), según datos de la Organización Internacional para las Migraciones.
Si bien ello debería situar al fenómeno migratorio como un elemento cardinal en la política nacional y en la política exterior de nuestro país -con estricto apego a los derechos humanos y a la dignidad humana-, lo acontecido recientemente en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez en el norte de México, no hace sino revelar la ineficaz estrategia migratoria del gobierno federal y una enorme incongruencia entre el discurso gubernamental y las prácticas de quienes son las y los encargados de ejercer las políticas migratorias.
Pese a que la migración, particularmente la catalogada como irregular, ha formado parte de la agenda de seguridad bilateral de México y Estados Unidos desde mucho tiempo atrás, cierto es que la estrategia migratoria emprendida desde el año 2019 por el gobierno mexicano ha estado especialmente condicionada por los intereses del vecino del norte y por la amenaza constante de la aplicación de aranceles a las importaciones mexicanas (a causa de no frenar las oleadas migrantes que entran y transitan por territorio mexicano), lo que se ha evidenciado, entre otras cosas, en el aumento del número de detenciones de personas migrantes en nuestras fronteras. Tan solo entre diciembre de 2018 y febrero de 2023, en México se ha detenido a más de 1 millón 290 mil migrantes, la cifra más alta en la historia migratoria de nuestro país (Pie de página, 2023).
Si lo anterior no fuera ya una situación importante, el proceso de militarización que se vive en México se ha extendido también a las fronteras, haciendo que el mandato de control migratorio esté acompañado de toda una estrategia policial-militar que incluye el despliegue de elementos del Ejército, de la Guardia Nacional y de la Marina y de una franca criminalización de la persona migrante. Para enero de 2022, por ejemplo, el gobierno mexicano había desplegado 28 mil 397 elementos del Ejército y de la Guardia en las fronteras norte y sur; mientras que para finales del 2021, de las 39 delegaciones estatales del Instituto Nacional de Migración, 19 estaban bajo el cargo de personal con formación especializada en tareas militares (Informe Bajo la Bota, 2022).
Como lo demostró el incidente en Ciudad Juárez, la militarización de la migración no hace sino aumentar la violencia en personas que muchas veces huyen de situaciones precisamente violentas en sus países, fomentar prácticas violatorias de los derechos humanos y la trata de personas, incentivar las detenciones ilegales y arbitrarias, lacerar la dignidad humana e, incluso, provocar la muerte. Hoy son 40 familias más en las que falta un padre, una madre, hermanas o hermanos. Reflexionemos, migrar es un derecho, no un delito.
Foto por CasarsaGuru desde Getty Images
La opinión de la autora no compromete la posición institucional de Amassuru
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