AMASSURU | MUJERES EN SEGURIDAD
Por Katherine Aguirre y María Eugenia Trombini (Instituto Igarapé)
En algunos de los territorios más aislados de la Amazonía, la violencia contra las mujeres no ocurre al margen de la disputa territorial, sino dentro de ella y en múltiples capas que se superponen. Allí donde el Estado llega tarde, de forma fragmentada o simplemente no llega, otras fuerzas ocupan su lugar: la minería ilegal, el narcotráfico y las redes criminales que controlan rutas, imponen reglas y reorganizan la vida cotidiana. Por eso, la frontera amazónica no puede entenderse solo como una línea en el mapa, sino como un espacio donde se cruzan vacíos institucionales, poderes de hecho y economías ilícitas que producen capas de violencia económica, física, sexual, institucional y social. En esa reorganización territorial, las mujeres quedan con frecuencia en el punto de mayor exposición: como mano de obra precarizada, como víctimas de explotación y abuso, como cuidadoras que absorben los costos del desorden violento y también como quienes sostienen la vida comunitaria allí donde casi no existen mecanismos reales de protección.
Este es el marco que explica por qué la violencia contra las mujeres en fronteras amazónicas no es un tema “social aparte”, sino un efecto territorial. El análisis del Instituto Igarapé y la FCDS, con foco inicial en el corredor Caquetá–Puré (continuado como Japurá–Puruê en Brasil), muestra la superposición de minería ilegal de oro, narcotráfico y dinámicas asociadas como piratería fluvial y violencia localizada. En Brasil, Japurá llegó a registrar en 2021 una tasa cercana a 66 homicidios por cada 100.000 habitantes; en Colombia, se han documentado patrones persistentes de control social violento, amenazas a liderazgos indígenas, reclutamiento de menores y violencias basadas en género en zonas como La Pedrera.
La exposición de las mujeres aparece en capas que se mezclan entre sí. La primera es económica: donde el empleo formal es escaso y la movilidad depende del río, las economías ilícitas pasan a ocupar el lugar de las oportunidades. El garimpo no es solo extracción; es una economía de servicios que lo sostiene. Muchas mujeres entran como cocineras, ayudantes o vendedoras en condiciones informales, con dependencia de intermediarios, pagos irregulares y reglas implícitas del campamento. Ahí la vulnerabilidad no es abstracta: es estar lejos de un puesto de salud, de una autoridad confiable, de un canal de denuncia; es no poder “salir” fácilmente si algo se tuerce; es quedar expuesta a amenazas, extorsión, retención de pagos, control de movilidad o castigos sociales que rara vez quedan registrados, tal y como se ha registrado en el garimpo del río Puré. Muchas mujeres no llegan a estos circuitos por una elección libre, sino empujadas por el hambre, la falta de alternativas, la inseguridad sobre la tierra o la necesidad de sostener a sus hijos; en otros casos, son directamente captadas, reclutadas o forzadas.
La segunda capa es de vulnerabilidad física y sexual. Los frentes extractivos son campamentos altamente masculinizados, con consumo frecuente de alcohol y drogas, circulación de dinero rápido y, en algunos casos, armas, en un contexto sin supervisión laboral ni sanitaria efectiva. En ese tipo de entorno, las mujeres que prestan servicios quedan especialmente aisladas: su seguridad depende de vínculos frágiles y de reglas informales; la posibilidad de pedir ayuda es limitada; y el riesgo se multiplica por la distancia en todas las zonas de garimpo de la Amazonía, denunciado por ejemplo en la Tierra Indígena Yanomami, la más grande de Brasil.
El estudio identifica dinámicas de prestación de servicios sexuales con pagos en oro y reporta la existencia de burdeles flotantes (“barcos del amor”) sobre el río Puré, insertos en la economía extractiva. En Colombia, aunque la documentación es más limitada, Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo advierten sobre explotación sexual asociada a minería ilegal en ríos como Caquetá y Apaporis, lo que sugiere patrones comparables en territorios donde la impunidad opera como norma. El punto clave es que esto no ocurre “al margen” del crimen ambiental: ocurre dentro de su funcionamiento cotidiano, en un espacio donde la ausencia de protección estatal vuelve casi imposible romper el ciclo.
Aquí es donde se evidencia la tercera capa, asociada al aislamiento institucional. En muchos territorios, denunciar implica salir de la comunidad, viajar durante horas o días, hablar en una lengua que no es la propia y enfrentarse a servicios que no entienden la realidad indígena o ribereña.
A partir de ahí, el deterioro social se desplaza del río al hogar y a la comunidad. El reporte describe cómo el aumento de disponibilidad y consumo de drogas y alcohol, ligado al narcotráfico y a los mercados locales que se forman alrededor de frentes extractivos, se asocia a una escalada de violencia doméstica y otras violencias cotidianas. Entrevistas citadas en el estudio señalan que, al regresar de periodos de extracción del oro, los mineros gastan gran parte de lo ganado en alcohol y drogas, trasladando tensiones a los hogares. En ese escenario, la violencia intrafamiliar deja de ser un “asunto privado”: se vuelve expresión de una crisis social y de salud pública que afecta de manera diferenciada a mujeres y niñas.
Esa crisis también se expresa en salud mental con tasas de suicidios significativamente más altos en estos territorios que en el resto de cada país. Adicionalmente, cuando los hombres son capturados o encarcelados en circuitos asociados al narcotráfico, son muchas veces las mujeres quienes quedan solas, sosteniendo el hogar, cuidando a los hijos y absorbiendo en silencio los costos sociales de esa economía criminal. Incluso hay manifestaciones específicas, por ejemplo con respecto a la contaminación por mercurio en la minería ilegal: El 50 % de las mujeres en edad fértil del Parque Nacional Natural Yaigojé Apaporis corren el riesgo de tener hijos con una reducción de hasta cuatro puntos en el coeficiente intelectual, debido a la contaminación por mercurio.
Nada de esto admite una explicación única. “Crimen organizado” no alcanza; “ausencia del Estado” tampoco. Lo que aparece en el Caquetá–Puré es un sistema donde economías ilícitas capturan rutas y mercados, marcando un complejo ecosistema de delitos ambientales y no ambientales correlacionados que impactan tanto el medio ambiente como la vida de los habitantes de la Amazonia. Esto se da en un contexto donde las instituciones llegan tarde o fragmentadas, y donde los mecanismos específicos de protección para mujeres y niñas prácticamente no existen a la escala del problema. En la práctica, hay lugares donde la única presencia estatal visible es la militar, pero eso no se traduce en rutas de atención, comisarías accesibles, acompañamiento psicosocial ni protección efectiva. La distancia, la falta de conectividad y la escasa adaptación institucional convierten muchos derechos en promesas vacías. Por eso la respuesta no puede limitarse a operativos armados: la Amazonía no se controla solo con fusiles, y la protección de las mujeres tampoco.
El reporte propone un enfoque que combina control territorial, investigación penal orientada a toda la cadena criminal (incluidas sus finanzas), monitoreo fluvial coordinado entre países y control de la cadena del oro con trazabilidad documental y técnica, además de reducir insumos críticos del garimpo y cortar mercados que lo sostienen. Pero si el foco es la vida de mujeres y niñas, el núcleo debe ser explícito: inversión sostenida en salud física y mental, prevención de violencias y mecanismos móviles de atención y denuncia adaptados a la realidad de los ríos y a la distancia y el aislamiento. Equipos itinerantes que integren salud, asistencia social y canales de denuncia; rutas de atención articuladas con comisarías de familia en Colombia y estructuras especializadas de atención a la mujer en Brasil; misiones periódicas de fiscalías, defensorías y ministerios públicos para investigar y acompañar víctimas sin exponerlas; y campañas continuas sobre derechos y consentimiento apoyadas en radios comunitarias, escuelas e iglesias como nodos locales protegidos.
También supone fortalecer redes de mujeres indígenas y fronterizas que ya cumplen funciones de alerta, cuidado y acompañamiento allí donde el Estado no llega, así como diseñar políticas pensadas para territorios sin conectividad, con barreras lingüísticas y con otras formas de autoridad y organización comunitaria. En este escenario, las mujeres no solo aparecen como víctimas de la violencia, sino también como defensoras del territorio y sostenedoras de redes comunitarias bajo enorme presión.
Entender la frontera solo como disputa armada invisibiliza el lugar donde se reproduce lo más constante: la violencia de género como parte del orden territorial. En el Caquetá–Puré, la pregunta no es solo quién manda con armas, sino qué condiciones permiten que la economía del oro y las drogas conviertan a las mujeres en mano de obra vulnerable, en mercancía o en blanco de violencias “domésticas” que el territorio naturaliza. Y también qué condiciones hacen que las propias mujeres, pese a todo, sigan siendo las que denuncian, resisten, sostienen la vida comunitaria y defienden el territorio. Nombrar ese mecanismo es parte de cualquier estrategia seria para proteger la Amazonía y, sobre todo a las mujeres y niñas que la habitan.
Artículo basado en el reporte: Seguridad Climática de la Amazonía: Desafíos ante la expansión de economías ilícitas y debilidad estatal en el circuito Caquetá–Japurá y Puré–Puruê y reflexiones del Webinar: Entre o ouro e as drogas: qual o papel da mulher nas dinâmicas da fronteira? llevado a cabo el 9 de marzo de 2026, donde se recogieron visiones de lideresas indígenas, investigadoras y representantes de organizaciones que trabajan sobre violencia, economías ilícitas y fronteras amazónicas.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto: Generada con IA por LCR
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
Katherine Aguirre
Investigadora en el Instituto Igarapé, en Brasil, y co-fundadora de la Red de Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (Amassuru). Ha colaborado con centros de pensamiento en Colombia como CERAC y FIP, así como el Small Arms Survey en Suiza. Tiene una maestría en Estudios del Desarrollo del Graduate Institute of International and Development Studies de Suiza. Sus intereses de investigación se centran en la intersección entre desarrollo y violencia, especialmente en la prevención y reducción de la violencia, incluyendo la violencia urbana, el conflicto armado y el crimen organizado. También explora nuevas perspectivas que integran las dimensiones ambiental y de género en estos campos.
María Eugenia Trombini
Coordinadora de investigación en el Instituto Igarapé de Brasil, abogada y cientista social, con maestría en Ciencia Política y doctorado por la Universidad de Heidelberg, cuya tesis recibió el premio Gerhard-Ott Preis. Cuenta con 10 años de experiencia en formulación e implementación de políticas públicas a nivel internacional, regional y nacional, incluyendo trabajo en agencias de la ONU, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y proyectos multilaterales entre Alemania y América Latina. También ha asesorado jurídicamente a movimientos sociales y comunidades tradicionales, y ha trabajado como consultora en gestión territorial, violencia contra personas defensoras de derechos humanos, seguridad alimentaria y riesgos geopolíticos. Hace parte de la red Amassuru.
