Por Vanina Hernández Villegas
Hablemos del Mundial 2026. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo será organizada de manera conjunta por Canadá, Estados Unidos y México. Sin embargo, detrás de la celebración deportiva más importante del planeta existe una realidad que no puede ignorarse: la profunda crisis de derechos humanos que atraviesa nuestro país.
México recibirá a millones de visitantes en medio de una emergencia humanitaria marcada por más de 130 mil personas desaparecidas y por indicadores alarmantes relacionados con la trata de personas, la explotación sexual y la producción y distribución de material de abuso sexual infantil. Como país de origen, tránsito, destino y retorno de flujos migratorios, México enfrenta condiciones que históricamente han sido aprovechadas por redes criminales dedicadas al comercio sexual y a diversas formas de explotación humana, cuyos principales objetivos suelen ser mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Estos señalamientos no provienen de percepciones aisladas. Diversas investigaciones realizadas por organismos internacionales, universidades y organizaciones especializadas han documentado cómo los megaeventos deportivos —como Juegos Olímpicos y Copas del Mundo— generan contextos de alta movilidad humana que pueden facilitar delitos relacionados con la explotación sexual, la trata de personas, el turismo sexual y otras formas de violencia, además del incremento de delitos patrimoniales asociados a grandes concentraciones de población.
Un país preparado para recibir al mundo no es únicamente aquel que construye estadios, amplía carreteras o moderniza aeropuertos. Un país verdaderamente preparado es aquel que garantiza seguridad, protege derechos humanos y genera condiciones de dignidad para quienes lo habitan y para quienes lo visitan.
La evidencia también muestra que los efectos sociales de los grandes eventos deportivos trascienden los espacios públicos. Investigaciones de la Universidad de Lancaster han identificado incrementos significativos en los reportes de violencia doméstica asociados a partidos de alta relevancia futbolística. Dependiendo de los resultados deportivos, los aumentos pueden oscilar entre el 26 % y el 38 %. En la misma línea, estudios citados por el Banco Interamericano de Desarrollo han advertido que los episodios de violencia ejercida por parejas íntimas contra las mujeres tienden a incrementarse durante eventos deportivos de gran impacto mediático. Factores como la frustración deportiva, los estereotipos de masculinidad violenta y el consumo excesivo de alcohol suelen actuar como detonantes de estas agresiones.
Pero el problema no se limita al ámbito privado. La experiencia internacional demuestra que durante eventos masivos también aumentan ciertos delitos patrimoniales, como robos, fraudes, estafas digitales y apuestas ilegales, favorecidos por la concentración de personas y recursos económicos en zonas específicas. Más preocupante aún es que las redes criminales aprovechan estos escenarios para invisibilizar actividades relacionadas con la explotación sexual y la trata de personas.
Ante este panorama, diversas cadenas hoteleras y organizaciones de la sociedad civil han impulsado la campaña “Un Mundial Sin Trata”, mediante la cual establecimientos turísticos se comprometen a identificar y reportar posibles casos de explotación. La iniciativa representa un paso importante, pero también plantea una pregunta inevitable: en un país donde la impunidad continúa siendo uno de los principales desafíos institucionales, ¿serán suficientes los protocolos y mecanismos de denuncia para contener estos delitos?
México recibirá al mundo con la hospitalidad que históricamente lo caracteriza y con la pasión futbolística que distingue a millones de personas. Sin embargo, también lo hará en medio de una crisis de derechos humanos que sigue generando preocupación dentro y fuera de sus fronteras: desapariciones, violencia criminal, debilidad institucional y señalamientos constantes sobre la capacidad del Estado para garantizar justicia.
Las juventudes que participarán como voluntarias y voluntarios vivirán una experiencia única de intercambio cultural y convivencia internacional. No obstante, también estarán expuestas a riesgos que exigen políticas de prevención, información y protección mucho más robustas que las actualmente existentes.
La derrama económica suele presentarse como el gran argumento para justificar la organización de este tipo de eventos. Sin embargo, conviene preguntarse quiénes serán realmente los beneficiarios de esa riqueza. La historia reciente demuestra que, mientras las ganancias suelen concentrarse en corporaciones transnacionales, cadenas hoteleras, patrocinadores y grandes operadores turísticos, los costos sociales frecuentemente recaen sobre las comunidades locales.
El Mundial 2026 será, sin duda, una fiesta deportiva extraordinaria. Pero la verdadera grandeza de un país no se mide por la magnitud de sus estadios ni por el número de turistas que recibe. Se mide por su capacidad para proteger a las personas más vulnerables cuando los reflectores están encendidos y, sobre todo, cuando se apagan.
Porque mientras el mundo celebra goles, trofeos y espectáculos, México tiene una responsabilidad mucho más importante: demostrar que ningún evento, por grandioso que sea, puede estar por encima de la vida, la dignidad y los derechos humanos. Si el balón va a rodar frente a los ojos del planeta, también deben hacerlo la verdad, la justicia y la protección de quienes hoy siguen siendo invisibles.
Las opiniones compartidas en la presente publicación, son responsabilidad de su autora y no reflejan necesariamente la posición de La Costilla Rota.Somos un medio de comunicación plural, de libre expresión de mujeres para mujeres.
Imagen generada por IA para uso editorial de LCR
