LaCostillaRota. 04 de junio, 2026.- En un esfuerzo sin precedentes que busca redefinir la relación entre el desarrollo tecnológico, los acuerdos comerciales internacionales y las garantías individuales, la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, el Tlatelolco Lab del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM, y la Barra Mexicana Colegio de Abogados presentaron el posicionamiento público y la investigación titulada: «Digitalidad y derechos humanos: Los riesgos del T-MEC en materia de servicios digitales».
El documento, presentado en el Piso 20 de la Torre Tlatelolco de la UNAM, representa la convergencia de años de rigor académico, argumentación jurídica de alto nivel y el acompañamiento directo a sobrevivientes de violencia digital. El objetivo primordial es impulsar una reforma urgente al Capítulo 19 (Comercio Digital) del T-MEC, cuyas disposiciones vigentes se encuentran bajo un proceso de revisión y renegociación desde inicios de este año.
De acuerdo con el análisis presentado por los expertos, la arquitectura jurídica actual del T-MEC prioriza los intereses comerciales y el libre flujo de datos por encima de la seguridad ciudadana y la soberanía jurídica de los Estados. Específicamente, los Artículos 19.12, 19.16 y 19.17 actúan como barreras sistemáticas que impiden a las autoridades mexicanas actuar frente a delitos digitales.
El investigador de la UNAM, Dardo Neubauer, precisó las tres condiciones simultáneas e indispensables que hoy se encuentran bloqueadas por el tratado para que exista una justicia expedita:
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Acceso a la evidencia: Las autoridades nacionales necesitan acceder de manera oportuna a los datos y registros digitales para procesar a los agresores.
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Auditoría de algoritmos: El Estado debe tener la facultad de fiscalizar y auditar los sistemas algorítmicos que amplifican, viralizan o moderan los contenidos violentos.
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Sometimiento jurisdiccional: Las plataformas corporativas transnacionales deben estar sujetas a un régimen estricto de obligaciones del orden público local.
Al carecer el tratado de una cláusula expresa que obligue a las firmas tecnológicas a someterse a los tribunales de los territorios donde operan y lucran, estas corporaciones pueden operar en México sin la posibilidad de ser auditadas con eficacia, sin entregar evidencia criminal inmediata y sin rendir cuentas ante tragedias humanas recurrentes.
CRISIS DE IMPUNIDAD DIGITAL EN MÉXICO (Datos MOCIBA-INEGI)
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Mujeres (18-30 años) afectadas por acoso digital: ~19 millones │
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│ Menores (12-17 años) víctimas de violencia digital: ~3 millones │
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│ Menores receptores de contenidos altamente agresivos: 760 mil │
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Las repercusiones de estos huecos legales no se limitan al debate teórico; se traducen en estadísticas alarmantes de afectación social. De acuerdo con datos del MOCIBA INEGI, la magnitud del problema impacta directamente el tejido de las nuevas generaciones.
“Casi cualquier país tiene mayores protecciones y regulación de la esfera digital que México. Existe una verdadera ley de la selva que hemos diagnosticado desde la UNAM”, alertó el Dr. John Ackerman, Director del PUEDJS-UNAM y del Tlatelolco Lab.
Por su parte, el Artículo 19.16 entorpece de forma deliberada el acceso de ministerios públicos y jueces a los códigos o datos de programación, eximiendo a las redes sociales de cooperar con la velocidad que demanda una crisis de vulneración a la intimidad, donde las horas son críticas para mitigar daños irreparables.
La colectiva de Defensoras Digitales, en su más reciente Informe diagnóstico de implementación de la Ley Olimpia, apuntan a que a la par del crecimiento económico de estas empresas, se han disparado las violaciones a la intimidad sexual de mujeres y niñas, expandiendo mercados de impunidad donde rastrear el origen de la agresión resulta casi imposible.
Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Movimiento Ley Olimpia, enfatizó que esta movilización no obedece a una reacción coyuntural, sino a la edificación de una política de Estado para el futuro:
“Pedimos algo claro: que sea no sin nosotras y no con censura algorítmica. Este manifiesto tiene tres cambios específicos en el 19.12, 19.16 y 19.17 del Capítulo de comercio digital. Es necesario el acceso al código fuente de los datos y, por supuesto, la responsabilidad de las plataformas digitales, porque la arquitectura jurídica hoy desgraciadamente podría proteger solo los intereses de las plataformas por encima de la seguridad y de la ciudadanía, lo cual impide que nuestro país pueda ejercer la eficacia de sus propias legislaciones, como la Ley Olimpia”.
El Artículo 19.17 es uno de los puntos más controvertidos, ya que deslinda a los intermediarios de internet de cualquier responsabilidad legal por el contenido de terceros, ignorando que son los propios algoritmos de recomendación los que masifican y lucran con las interacciones basadas en discursos de odio o agresiones sexuales.
Marcela Hernández Oropa, co fundadora de la Red Latinoamericana de Defensoras Digitales, señaló la inacción generalizada frente al tema: “En México, nadie está poniendo atención en el comercio digital. A pesar de ver casos en los que las mismas plataformas digitales están siendo duramente cuestionadas también en su país de origen porque tienen demandas de cientos de familias por el modelo de negocios que vulnera la salud mental, genera ansiedad, depresión y adicción en niños, niñas y adolescentes. Ahí queremos poner la mirada”.
Desde la perspectiva del gremio de los abogados, las omisiones en el tratado nulifican los esfuerzos jurisprudenciales internos. Carmen Quijano, integrante de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, relató las trabas cotidianas que enfrentan las víctimas:
“Este mismo año, aún con los precedentes de la Suprema Corte sobre Jurisdicción Aplicable, solicitamos la no-indexación de información privada, sin relevancia pública alguna, y el algoritmo respondió que hiciéramos valer ese derecho en California. Qué impotencia ver a un joven sufrir por tener que acudir a la escuela o a la universidad sabiendo que muchas personas tienen en sus teléfonos imágenes íntimas de su cuerpo, y explicarle que no es posible identificar al responsable porque la empresa que posee la información se encuentra en el extranjero y, conforme a sus términos y condiciones, no puede colaborar con las autoridades mexicanas de forma expedita”.
Jorge Sepúlveda, Vicepresidente de la Barra Mexicana de Abogados, matizó que el fin último no es frenar el desarrollo, sino equilibrar la balanza: “Nunca antes habíamos contado con herramientas tan poderosas para comunicarnos, informarnos, innovar y generar oportunidades económicas; sin embargo, también es cierto que el desarrollo tecnológico ha planteado retos inéditos para la protección efectiva de los derechos humanos”.
Las organizaciones convocantes reiteraron que estas modificaciones no buscan entorpecer el dinamismo comercial del bloque de América del Norte, sino asegurar la compatibilidad con el Estado de derecho. México cuenta con una base sólida de herramientas avanzadas —como la propia Ley Olimpia, la Ley Federal de Protección de Datos Personales, el Decálogo de Derechos Digitales de Tlatelolco Lab y los acuerdos voluntarios con plataformas—, pero estos esfuerzos internos seguirán siendo insuficientes si las corporaciones pueden escudarse en un tratado comercial para ignorar el marco jurídico del país.
De cara al cierre de las negociaciones, advierten que de mantenerse el texto intacto, la impunidad de las empresas tecnológicas quedará sellada con vigencia renovada para los próximos años.
La pasividad no es una opción frente a un marco jurídico que desprotege la dignidad humana. Si deseas sumarte activamente a este frente común y exigir que las reglas del entorno virtual sean seguras y justas, puedes participar a través de las siguientes acciones ciudadanas coordinadas por los colectivos y la academia:
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Firma la iniciativa digital: Súmate a la petición formal en Change.org para hacer presión política masiva. Puedes firmar y compartir el enlace con tu red de contactos en el siguiente vínculo: Petición en Change.org: Alto a la violencia digital – Reformar el T-MEC.
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Descarga y tramita el Formato de Exigencia Ciudadana: Ingresa al micrositio oficial de la investigación en puedjs.unam.mx/digitalidad-y-derechos-humanos/ para descargar un documento de petición jurídica formal. Este recurso está diseñado para que la ciudadanía lo llene y lo haga llegar directamente a las instituciones clave involucradas en la negociación, tales como la Secretaría de Economía y el Poder Legislativo.
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Inunda las redes sociales: Descarga los materiales de difusión del micrositio, comparte las observaciones ciudadanas y posiciónate públicamente utilizando la etiqueta principal de la movilización.
#TMecSinDerechosNo
¡Ningún interés comercial por encima de los derechos humanos!
