Por Sofía Gamboa
Mientras México vive su Mundial en casa, hubo una historia que se cruzó con la fiesta y que dice más sobre el estado real del feminismo de Estado que cualquier discurso del 8 de marzo. No es una historia sobre fútbol, aunque el fútbol es el telón de fondo perfecto para entenderla. Es una historia sobre calendarios, sobre quién llega tarde, y sobre qué pasa cuando una institución que se llama a sí misma feminista no tiene, literalmente, quién conteste el teléfono justo cuando más se necesita.
Llevo meses escribiendo sobre el contraste entre el discurso institucional y la infraestructura que efectivamente lo sostiene, lo he hecho, en distintos medios, hablando de tokenización, de gobernanza de IA, de consejos de administración. Esta vez el contraste no está en una sala de juntas. Está en una casa, en un instituto público y en una oficina del Senado que, sin proponérselo, terminaron conectados por la misma historia.
El director que llegó dos días antes que el escándalo
El 1 de junio, el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias le dio la bienvenida a su nuevo director general, Víctor Rodríguez Padilla, exdirector general de Pemex, en una ceremonia interna en la que él mismo habló de asumir el cargo “con honor y responsabilidad”. Dos días después, el instituto confirmó la designación en un comunicado oficial. Todo dentro del protocolo institucional de cualquier nombramiento de alto nivel en México: la fotografía, el discurso, la nota de prensa.
Lo que nadie en esa sala sabía, o nadie quiso decir, es que pocos días más tarde su esposa, María Felicia Jiménez Lavie, doctora en ingeniería física nuclear, haría público un video en el que se le ve a él golpeándola y jaloneándola en la sala de su propia casa, frente a su hijo pequeño, que huye de cuadro antes de que la violencia lo alcance también a él.
El video se volvió viral. La presidenta Sheinbaum, en gira por Chiapas, ofreció apoyo público a Jiménez Lavie y prometió “toda la ayuda” del gobierno. La Secretaría de las Mujeres emitió un comunicado condenando “cualquier acto de violencia contra las mujeres”. Hasta aquí, el manual de crisis institucional funcionó exactamente como debería funcionar.
El problema empieza cuando se mira con más cuidado quién es quién en esta historia.
La oficina que no contesta
Ese comunicado de condena tardó 71 días en salir, en una dependencia que durante todo ese tiempo no tuvo titular. Y cuando finalmente salió, ni siquiera nombró a Rodríguez Padilla: lo identificó solamente como “ex servidor público de Petróleos Mexicanos”, como si decir su nombre completo fuera un riesgo institucional mayor que el silencio.
Aquí está el dato que conecta todo, y que muy pocos están señalando: Rodríguez Padilla no es un desconocido para quien va a encabezar esa misma Secretaría. Fue asesor en la oficina de Laura Itzel Castillo entre 2022 y 2024, cuando ella era consejera independiente del Consejo de Administración de Pemex, realizando análisis de datos bajo su gestión. Castillo, hoy presidenta del Senado, fue designada el 15 de junio como la próxima titular de la Secretaría de las Mujeres.
Hay que ser justas con lo que sí funcionó: cuando se le preguntó por el caso, Castillo fue clara. Dijo que daría seguimiento puntual, que “aquí no hay influencia que valga”, que la ley se aplica sin importar el cargo de quien sea señalado, y que desde que vio los videos activó canales de acompañamiento para la víctima, incluso antes de asumir el cargo formalmente. Eso es un posicionamiento correcto y conviene decirlo con la misma claridad con la que se señala lo demás.
Pero ese posicionamiento correcto convive con una incomodidad estructural que una declaración no resuelve: Castillo no asume la Secretaría hasta agosto, cuando termine su responsabilidad actual como presidenta de la Mesa Directiva del Senado. Es decir, la dependencia encargada de atender estructuralmente este tipo de casos llega, para cuando ella tome posesión, con varios meses sin nadie formalmente al frente — exactamente los meses del Mundial, que es cuando más se necesita que alguien esté.
Lo que cuesta el calendario
Porque mientras esto ocurre arriba, abajo los números no dejan espacio para interpretaciones generosas. Organizaciones que monitorean violencia familiar durante grandes eventos deportivos estiman que las agresiones en el hogar pueden crecer entre 26% y 38% según el resultado del partido de la selección mexicana, y hasta 40% cuando hay alcohol de por medio. No es una correlación menor ni anecdótica: es un patrón documentado y repetido en cada justa mundialista, en cada país anfitrión, en cada hogar donde la euforia o la frustración del marcador termina descargándose sobre alguien que no tiene cómo defenderse.
Por eso, ante la insuficiencia de la estrategia oficial, redes de refugios de México, Estados Unidos y Canadá tuvieron que coordinar, por iniciativa propia y sin esperar a que el Estado lo hiciera por ellas, un mecanismo de traslados seguros y gratuitos para mujeres en riesgo durante el torneo. Quien lo encabeza lo dijo sin rodeos: “el Mundial finaliza, pero la violencia no”. Y la comparación entre los tres países anfitriones es incómoda: Canadá sostiene una red de más de 600 refugios con presupuesto garantizado por ley; Estados Unidos cuenta con financiamiento específico para alrededor de 125 espacios; México opera con menos de 90, sujetos a asignaciones que se renegocian cada año, sin ley que blinde el recurso.
No es un problema de discurso, y eso es lo que vuelve este caso tan revelador. Sheinbaum se ha definido públicamente como feminista. Hay paridad de género en el Congreso federal y en buena parte de los congresos locales. Trece estados son hoy gobernados por mujeres, casi el doble que en 2018. El andamiaje legal existe y es real: la Ley Olimpia, la tipificación del feminicidio en las treinta y dos entidades, la Secretaría de las Mujeres como dependencia de gabinete. Nada de eso es simulación, y sería injusto tratarlo como tal.
El problema es que ese andamiaje institucional sigue sin tener piso firme exactamente en los momentos en que más se necesita: cuando el caso toca a alguien con la trayectoria correcta, las conexiones correctas y el cargo correcto, y cuando la institución que debería responder de inmediato pasa meses sin nadie que firme, sin nadie que conteste, sin nadie que active el protocolo más allá de un comunicado tardío y cuidadosamente despersonalizado.
Esto debería importarle a cualquiera que se sienta a una mesa de consejo o de gobierno y hable de gestión de riesgos: una institución sin continuidad de liderazgo no es un detalle administrativo, es un vacío operativo con consecuencias medibles. En finanzas lo llamaríamos un riesgo de gobernanza no mitigado. En política de género, simplemente lo llamamos normal.
La distancia se mide en meses
El feminismo de Estado en México no falla, en este caso, por falta de leyes ni por falta de discurso. Falla por calendario: llega después del nombramiento, llega después del video viral, llega después del Mundial, llega cuando ya no hay cámaras. Y mientras llega, hay una mujer que documentó su propia agresión para que alguien le creyera, hay un instituto público que le dio la bienvenida a su agresor con un discurso sobre “honor y responsabilidad”, y hay miles de mujeres mexicanas que, esta misma noche, dependerán de que su pareja pierda o gane un partido de fútbol para saber si van a dormir tranquilas.
Esa es la distancia real entre la política de género que se anuncia y la que efectivamente protege. Y esa distancia, este verano, se mide en meses.
@GamboaSofia
Imagen generada para uso editorial de LCR
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