AMASSURU | MUJERES EN SEGURIDAD
Por María Emilia Lleras Ronderos
La recta final de la campaña presidencial de 2026 ha sumido al país en una intensa polarización. Por un lado, la promesa de una pax romana basada en el choque militar y el populismo punitivo; por el otro, la continuidad de una «paz total» que se defiende desde la retórica institucional. Sin embargo, detrás de las vallas publicitarias y los encendidos debates televisivos existe un vacío conceptual y operacional alarmante: la seguridad de las mujeres, las infancias y las poblaciones diversas ha quedado reducida a un botín electoral o a una lista de buenas intenciones sin presupuesto.
La adopción del Plan de Acción Nacional de la Resolución 1325 de la ONU, mediante el Decreto 1179 de 2025[1], es un hito de evolución normativa. Para entender su dimensión, hay que recordar que la Resolución 1325, aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el año 2000, es el mandato internacional más importante que obliga a los Estados a garantizar que las mujeres no solo sean protegidas durante las guerras, sino que participen activamente, y en igualdad de condiciones, en las negociaciones de paz y en las decisiones de seguridad.
Tras más de dos décadas[2] de insistencia y presión por parte del movimiento social de mujeres, el Estado colombiano finalmente firmó el Decreto 1179 de 2025. Este decreto no es un saludo a la bandera, es la carta de navegación técnica que aterriza la obligación internacional de la ONU en la realidad local. Estructuralmente, el decreto crea la primera hoja de ruta oficial del país en la materia, comprometiendo a 33 entidades estatales a ejecutar 105 acciones concretas durante un horizonte de diez años (hasta 2035) y estableciendo un Comité de Monitoreo para vigilar su cumplimiento.
Con este paso, el país reconoció un cambio de paradigma fundamental: desplazar la visión de las mujeres como meras «víctimas pasivas» o «daño colateral» de la guerra, para consolidarlas oficialmente como sujetas políticas indispensables en el diseño de la paz. Que Colombia —el país con el conflicto armado más largo del hemisferio— haya tardado un cuarto de siglo en firmar este plan, evidencia que la seguridad nacional siempre se ha pensado en clave estrictamente masculina y centralista.
Sin embargo, el paso de la solidez teórica a la realidad de la gestión pública revela fracturas estructurales. El plan compromete a 33 entidades estatales responsables de ejecutar 105 acciones durante una década. Si bien este horizonte temporal hasta 2035 es un acierto técnico porque busca trascender los caprichos de los cuatrienios presidenciales, su diseño no tiene en cuenta la difícil realidad de la fragmentación interinstitucional en Colombia.
Coordinar 33 instituciones que operan en silos sectoriales aislados —como el Ministerio de Defensa, la Fiscalía o las agencias de tierras— es una tarea titánica. Sin un mecanismo articulador con suficiente peso político y jerárquico, las responsabilidades se diluyen: lo que es tarea de todos termina siendo responsabilidad de nadie. Esta alerta es crítica si tenemos en cuenta que el Comité de Monitoreo y Seguimiento creado por el decreto dependía del liderazgo de un Ministerio de la Igualdad con fecha de caducidad institucional ya programada[3].
A esto se suma la histórica trampa fiscal del Estado. En la política pública real, la acción sin presupuesto asignado es demagogia. Si estas 105 acciones nacionales no se blindan con recursos propios y trazadores presupuestales de género de obligatorio cumplimiento en el Presupuesto General de la Nación, el plan nacerá desahuciado. Mientras la campaña de Iván Cepeda corre el riesgo de dejar este logro atrapado en la inercia de comités eternos[4], la plataforma de Abelardo de la Espriella plantea su extinción directa al proponer el aislamiento del país de los organismos multilaterales de la ONU[5], lo que significaría arrancar las páginas de este escudo de derechos.
Esta última propuesta de ruptura internacional no es un asunto menor de soberanía: representa un ataque directo a la seguridad física, emocional y jurídica de las víctimas del conflicto. Al desmantelar los compromisos de la Resolución 1325, se desprotege el corazón de la justicia transicional y, de manera fulminante, el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El impacto más grave de esta narrativa es el desmantelamiento del Macrocaso 11, un expediente judicial que constituye un hito mundial al ser el primero abierto en la historia de Colombia de forma exclusiva para investigar de manera sistemática la violencia basada en género, la violencia sexual, reproductiva y los crímenes de odio cometidos por todos los actores armados de la guerra.
Aunque desde dicha campaña se promete que la persecución de estos delitos pasará a la justicia ordinaria penal bajo ofertas de penas altas, la realidad estadística desestima la propuesta: la justicia ordinaria arrastra una tasa de impunidad histórica del 97 % en violencias basadas en género. Desbancar la especialidad de un escenario como el Macrocaso 11 para devolver los expedientes a la Fiscalía ordinaria es, en la práctica, garantizar el archivo exprés y el olvido institucional de los crímenes cometidos contra los cuerpos de las mujeres y las niñas.
Al final del día, la recta final de esta contienda electoral nos ubica ante una encrucijada peligrosa para la mitad de la población del país. El debate de la seguridad en Colombia no puede seguir atrapado en el falso dilema de elegir entre el autoritarismo punitivo que promete llenar megacárceles mientras desmantela los escudos jurídicos de las víctimas, o el fetichismo institucional del progresismo que se conforma con redactar decretos impecables mientras los grupos armados regulan la vida cotidiana en las veredas.
Una política de seguridad con enfoque de género no es un asunto de sensibilidad discursiva, es una exigencia de efectividad del Estado. El éxito del Decreto 1179 no se medirá por las actas que firmen 33 entidades en la capital, sino por la capacidad real de garantizar justicia donde la vida ocurre: en la calle, en el barrio y en la vereda. Mientras las campañas sigan ignorando esta carpintería territorial, la seguridad de las mujeres continuará siendo el vacío invisible de la democracia colombiana.
[1] Presidencia de la República de Colombia. (2025, 7 de noviembre). Decreto 1179 de 2025. Por el cual se adopta el Plan de Acción Nacional de Mujeres, Paz y Seguridad en el marco de la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas -PAN1325- y se crea el Comité de Monitoreo y Seguimiento del Plan. Departamento Administrativo de la Función Pública. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=269636
[2] Corporación Humanas. (2010). Diez años de la Resolución 1325 en Colombia: Resumen Ejecutivo. Fokus.
[3]Corte Constitucional de Colombia. (2024, 15 de mayo). Sentencia C-161 de 2024 [M.P. Vladimir Fernández Andrade]. https://www.corteconstitucional.gov.co/Relatoria/2024/C-161-24.htm
[4]Pacto Histórico. (2026). Programa de gobierno 2026-2030. Movimiento Pacto Histórico. https://movimientopactohistorico.co/docs/programa-gobierno-2026-2030.pdf
[5] Robles, L. (2026, 5 de junio). ¿Colombia fuera de la ONU y la OEA? La polémica propuesta de De la Espriella que enciende la campaña presidencial. Publimetro Colombia. https://www.publimetro.co/bogota/2026/06/05/colombia-fuera-de-la-onu-y-la-oea-la-polemica-propuesta-de-de-la-espriella-que-enciende-la-campana-presidencial/
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto: Generada con IA por LCR
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
