AMASSURU | MUJERES EN SEGURIDAD
Por Carla Álvarez
En diciembre de 2025 el gobierno de los Estados Unidos presentó su Estrategia de Seguridad Nacional (NSS). De manera complementaria, para enero de 2026, sacó su Estrategia de Defensa Nacional (NDS). Ambos documentos muestran la visión del gobierno de Donald Trump frente a los desafíos que enfrenta esa nación y las estrategias para enfrentarlos; nos hablan de la primacía del uso de la fuerza en su relacionamiento con el resto del mundo, además, se jactan de la eliminación de la ideología de género y de la importancia de proteger la cultura y los valores norteamericanos, así como la familia tradicional.
Estas estrategias de seguridad y defensa no son neutrales frente al género. Por el contrario, revelan cómo la militarización, la moralización de la seguridad y la instrumentalización de los derechos de las mujeres se han convertido en herramientas de poder global. Aquí lo explico a través de las respuestas a dos preguntas que considero esenciales:
¿Cómo impactará la re-militarización de la seguridad en la violencia que enfrentan las mujeres en América Latina, particularmente de aquellas que viven en contextos de economías criminales?
La NSS 2025 reintroduce de manera explícita una lógica de primacía hemisférica con énfasis en control migratorio, combate a carteles y reposicionamiento militar en la región. La NDS 2026 traduce esto en líneas operativas: despliegues, uso potencial de fuerza letal contra narcoterroristas y aseguramiento de territorios estratégicos. Desde una perspectiva de género, esta re-militarización tiene al menos cuatro efectos previsibles:
- Diversificación de violencias armadas.
La evidencia en América Latina muestra que la militarización de la seguridad tiende a fragmentar mercados ilícitos y a generar disputas violentas, como en los casos de Colombia, México y Ecuador. Para las mujeres —especialmente en barrios populares y corredores logísticos— la militarización suele traducirse en desplazamiento forzado, pérdida de ingresos y coerción sexual por actores estatales y no estatales.
- b) Aumento del riesgo de violencia sexual.
Investigaciones sobre militarización y violencia sexual advierten que la presencia intensiva de militares en tareas policiales aumenta el riesgo de abusos, especialmente en entornos con débil rendición de cuentas. Por su parte, la NSS y la NDS no incorporan salvaguardas específicas para proteger a las mujeres.
- d) Externalización de fronteras y exposición a violencia en movilidad.
El énfasis en terminar con la “era de la migración masiva” incrementa la contención en las regiones de tránsito (Centroamérica, México, Darién). La evidencia regional muestra que a mayor securitización de las rutas, éstas se vuelven más peligrosas lo que implica un aumento de la vulnerabilidad, especialmente para mujeres y niñas, a la trata y la violencia sexual.
- e) Aumento de la carga de los cuidados sobre las mujeres.
En aquellas familias donde los esposos, hermanos, padres han muerto por causa de la criminalidad, o han sido encarcelados en su país o en otro, las mujeres reciben la carga de sostener económica y afectivamente a los hijos y de sostener la vida de sus hombres en las cárceles.
En definitiva, si la re-militarización no se acompaña de reformas judiciales, control de armas, políticas sociales y enfoque territorial, es probable que la violencia y el crimen se reconfiguren pero no se reduzcan.
¿Pierde legitimidad una estrategia que defiende la “familia tradicional” y el orden moral mientras el Estado no trató el caso Epstein como amenaza de seguridad?
La NSS 2025 vincula explícitamente la seguridad nacional con la restauración del bienestar cultural y espiritual de Estados Unidos, así como el fortalecimiento de las familias tradicionales. Este es un giro moralizador de la seguridad muy importante y cuestionable.
Por una parte, cuando un Estado define ciertos valores como vitales para su supervivencia —familia, identidad, orden moral— está elevándolos a categoría de seguridad. Sin embargo, la legitimidad de esa securitización depende de su coherencia.
Por otra, el caso Epstein reveló redes de explotación sexual con conexiones a élites mundiales económicas y políticas. Si la trata y la explotación sexual sistemática de niñas, niños y adolescentes por parte de políticos y multimillonarios no recibieron el trato de amenaza a la seguridad nacional, emerge una contradicción evidente: Si redes de explotación sexual vinculadas a los poderosos no fueron tratadas como amenaza estructural, la securitización de la familia aparece más como retórica moral que como principio de política pública. Sin duda, esto debilita la fuerza moral del discurso. Una doctrina que moraliza la seguridad, para ser legítima debe aplicar el mismo estándar a las amenazas que emergen desde dentro del sistema.
En términos de política internacional, América Latina así como el resto del mundo observa esa incoherencia, y eso definitivamente se traduce en pérdida de “poder blando” o de influencia como recurso estratégico, y por consiguiente, de un mayor uso de la mano dura para conseguir objetivos.
Una contradicción similar es visible en el uso instrumental del argumento de los derechos de las mujeres en contextos de conflicto. En distintos momentos de la política internacional reciente, la situación de las mujeres en Irán ha sido invocada como justificación moral para intervenciones o acciones coercitivas contra ese país. Sin embargo, la defensa de los derechos de las mujeres es usada de manera retórica para legitimar el uso de la fuerza, cuando no se traduce en una protección efectiva de sus vidas. La paradoja se vuelve particularmente visible cuando el inicio de hostilidades militares termina afectando directamente a la población civil femenina. El hecho de que operaciones militares puedan comenzar con ataques que impactan la vida de cientos de niñas, revela la distancia entre el discurso emancipador y las prácticas reales de la guerra.
Por ello, cuando las estrategias de seguridad invocan la defensa de valores morales o de los derechos de las mujeres para justificar el uso de la fuerza, pero simultáneamente generan condiciones que agravan su vulnerabilidad, se produce una erosión profunda de la legitimidad normativa del discurso de seguridad. En términos de poder internacional, esa incoherencia no solo es ética, también es estratégica, porque debilita la credibilidad del actor que pretende presentarse como defensor o civilizador.
Cuando los derechos de las mujeres son invocados para justificar la guerra pero no para limitarla, dejan de ser un principio ético y se convierten en abuso de poder.
Carla Álvarez
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto:Generara con Ia por Amsssuru
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Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
