LaCostillaRota.Aguascalientes, 24 de marzo, 2026.-La detención y el proceso judicial en contra de Zulema Cortez, una madre trabajadora del sector financiero, ha encendido las alarmas de organizaciones civiles que denuncian una estrategia de «chivos expiatorios» en el polémico caso Next Energy. Verónica Cruz Sánchez, fundadora de la organización Las Libres y activista reconocida por Human Rights Watch, calificó el actuar de la Fiscalía General del Estado (FGEA) como una criminalización injusta operada desde las estructuras del poder estatal.
En conferencia de prensa, Cruz Sánchez fue contundente al señalar que Zulema enfrenta una acusación de peculado por decisiones de alto nivel en las que nunca tuvo control ni facultades de decisión. “Es una mujer de a pie enfrentando las consecuencias de un entramado institucional fallido, bajo el poder de una gobernadora”, subrayó la activista, en alusión directa a la actual mandataria Teresa Jiménez.
El conflicto tiene su origen en 2019, cuando el Ayuntamiento de Aguascalientes —entonces presidido por Jiménez— firmó un contrato de Asociación Público-Privada con la empresa Next Energy del Centro para un proyecto de energía fotovoltaica. Según la defensa y las organizaciones acompañantes, Zulema, quien en ese entonces laboraba para la fiduciaria, se limitó a ejecutar firmas técnicas siguiendo instrucciones de legalidad, sin ser funcionaria pública ni tener injerencia en el destino de los recursos.
La cronología de los hechos revela que, aunque Next Energy comenzó a presentar fallas de interconexión con la CFE desde 2020, el municipio permitió que el proyecto siguiera creciendo y que los pagos mensuales de 21 millones de pesos continuaran fluyendo hacia el fideicomiso. Fue hasta finales de 2025 cuando el caso dio un giro penal, apuntando hacia los eslabones más débiles de la cadena operativa.
“Mientras el proyecto tuvo el respaldo político, no hubo problema ni intervención de la Fiscalía; es ahora, con Teresa Jiménez como gobernadora, cuando deciden actuar penalmente, pero lo hacen contra una empleada que no tomó las decisiones de fondo”, denunció Verónica Cruz, quien anunció que participará como perito observador en el proceso para garantizar que no se cometan actos arbitrarios.
La exigencia de las organizaciones civiles es clara: que el juicio se desahogue con perspectiva de género y que la justicia se dirija hacia los verdaderos responsables de la ejecución e incumplimiento del proyecto, evitando que una madre trabajadora sea utilizada para dar carpetazo a un escándalo de recursos públicos. «Pedimos que se clarifique a la ciudadanía dónde están esos recursos y que las sanciones alcancen a quienes realmente firmaron y avalaron las inversiones», concluyó Cruz Sánchez.
