Una forma más de violencia institucional me ha tocado vivir en la CNDH 

Por Carmen Sánchez

En 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 85/2019 por las graves violaciones a mis derechos humanos y a los de mis hijas, señalando a la Fiscalía del Estado de México. Ocho puntos concretos que no surgieron por voluntad del Estado, sino por la presión, la denuncia y la resistencia. Algunos avances se lograron, sí, pero otros quedaron en la opacidad, en ese espacio cómodo donde las autoridades dicen cumplir sin transformar nada.

Durante años esperé lo más básico; tener información, seguimiento, interlocución. Nunca llegó.

Hace apenas unos días acudí a la CNDH para saber qué había pasado con mi caso. La respuesta no solo fue indignante, fue profundamente reveladora. Resulta que la recomendación fue cerrada el 31 de marzo de 2022. Concluida sin mí. Sin escucharme. Sin preguntarle a la víctima si el Estado realmente cumplió.

Cuatro años después, sin una sola notificación, sin una llamada, sin un correo, me entero que, en los registros institucionales, la Fiscalía del Estado de México, la CEAVEM y el sector salud “cumplieron” con todas las recomendaciones.

¿Quién validó ese cumplimiento? ¿Bajo qué criterios? ¿En qué momento la voz de la víctima dejó de ser indispensable?

Porque cuando las instituciones se evalúan a sí mismas y la CNDH lo avala sin contraste, lo que existe no es un sistema de derechos humanos, si no un mecanismo de simulación.

Cerrar una recomendación sin la participación de la víctima no solo viola el derecho a la verdad y a la reparación integral, también rompe el principio de centralidad de las víctimas que el propio Estado mexicano dice defender. Es revictimización institucional, opacidad, y una renuncia al deber de garantizar la no repetición.

La CNDH  fue creada para incomodar al poder, para vigilarlo, para obligarlo a responderle a las víctimas, no para archivar expedientes.

Si hoy las recomendaciones se cierran sin nosotras, sin verificar en la realidad lo que en el papel se reporta como “cumplido”, entonces estamos frente a una institución que ha decidido administrar el dolor, en lugar de combatir la impunidad.

La pregunta es estructural y urgente:

¿De qué sirve una Comisión de Derechos Humanos que no escucha, no acompaña y no garantiza justicia?