LaCostillaRota. Ciudad de México, 10 de octubre, 2025.- María Guadalupe Martínez González, mujer indígena otomí, enfrenta una sentencia inminente por un delito que, según su defensa, no cometió. La Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial del Estado de México (Edomex) son señalados de llevar un proceso viciado de origen, marcado por la falta de perspectiva de género, el racismo institucional y la violación al debido proceso de la acusada.
Lupita, como es conocida, ha sido acusada injustamente por la pareja sentimental del padre de sus hijos tras haber solicitado pensión alimenticia y la guarda y custodia de los menores. Activistas y defensores denuncian que las acusaciones en su contra fueron «fabricadas», a pesar de existir pruebas contundentes que desmienten los cargos.
El caso de Martínez González se ha convertido en un doloroso reflejo de las deficiencias del sistema de justicia mexicano, especialmente en contra de las mujeres más vulnerables. Las principales irregularidades señaladas incluyen:
- Falta de Traductora en Lengua Materna: Durante todo el proceso, Lupita no contó con un traductor que le ayudara a comprender los procedimientos en su lengua materna, el otomí, vulnerando su derecho a la defensa y su identidad como mujer indígena.
- Negación de Juicio con Perspectiva de Género: El Poder Judicial del Estado de México, a través del juez Víctor Martín Mejía Hernández, le negó un juicio que aplicara la perspectiva de género y derechos humanos.
- Uso de Pruebas Falsas y Violencia Institucional: Se acusa a la Fiscalía del Edomex de actuar con inusual rapidez y voluntad para culparla, presentando pruebas falsas y demostrando una preocupante eficiencia para castigar, pero no para proteger a las mujeres.
«Lupita enfrenta racismo, discriminación y violencia institucional, todo por ser mujer y ser indígena,» señalan los colectivos que la acompañan. Este trato contrasta con la celeridad y el rigor con el que se movilizaron las instituciones para culparla.
Inicialmente programada para ayer, la audiencia de sentencia fue suspendida porque la traductora en lengua otomí no se presentó, evidenciando nuevamente la falta de compromiso del sistema de justicia.
La nueva audiencia de sentencia ha sido fijada para el próximo 16 de octubre a las 17:00 horas.
Ante esta grave situación, los colectivos hacen un llamado urgente a la sociedad civil, abogadas feministas y, de manera crucial, a los medios de comunicación para:
- Mantener la mirada en su caso y ayudar a visibilizar este acto de injusticia.
- Acompañar la audiencia del 16 de octubre.
- Sumarse al proceso de apelación que se iniciará para demostrar la inocencia de Lupita y luchar hasta que recupere su libertad.
Los defensores de Lupita aseguran que existen vías jurídicas para demostrar su inocencia y apelar la condena. «Exigimos justicia para María Guadalupe Martínez González. La verdad y la solidaridad pueden salvarla,» concluyen, reiterando que la lucha de Lupita es un ejemplo de cómo «cuando el Estado le falla a una mujer indígena, nos falla a todas.»
La defensora de derechos humanos Carmen Sánchez, ha acompañado este caso y visibilizado las violaciones a los derechos humanos de Maria Guadalupe, exigiendo justicia para ella.
Justicia para Maria Guadalupe González Martínez
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