Por Wendy Figueroa Morales
Aunque el paro laboral en el Poder Judicial de la Ciudad de México, iniciado el 29 de mayo, ya fue levantado, las consecuencias persisten. Las demandas de aumento salarial, renovación sindical, mejores condiciones laborales y garantías contra represalias evidenciaron una crisis profunda que, más allá de este conflicto, lleva décadas marcando la vida de las mujeres en este país.
Hoy escribo sobre ello porque, mientras los procesos judiciales permanecen paralizados o avanzan aún más lentamente de lo habitual, las mujeres que buscamos justicia enfrentamos el agotamiento de ese sentimiento de desolación y abandono que es tan cotidiano en México. Un país donde los trámites judiciales son laberintos interminables, revictimizantes, patriarcales y ajenos a las necesidades de quienes más los necesitan.
Las demandas laborales son legítimas y necesarias. Sin embargo, la suspensión de labores ha dejado en total indefensión a miles de mujeres, especialmente a quienes enfrentan violencias machistas o dependen de resoluciones urgentes para proteger su vida y la de sus hijas e hijos.
Mientras las oficinas permanecen cerradas y las y los trabajadores exigen derechos, los plazos judiciales continúan corriendo. Esta contradicción brutal ha puesto en jaque a mujeres con procesos abiertos por violencia familiar, pensiones alimenticias, juicios civiles, custodias o divorcios, quienes ahora enfrentan no solo a sus agresores, sino también a un sistema colapsado, que sigue marcando fechas sin ofrecer acceso real a la justicia.
El impacto no es solo jurídico; es económico, emocional y vital. Hoy, miles de mujeres vivimos o hemos vivido atrapadas en una espera sin salida, viendo cómo sus casos se estancan, cómo sus agresores permanecen impunes y cómo se agotan sus recursos para pagar abogados o sostener la vida cotidiana. La justicia patriarcal, ya de por sí lenta, se vuelve aún más inaccesible en medio de este paro.
Esta situación tiene un impacto directo y desproporcionado en: mujeres víctimas de violencia, niñas, niños y adolescentes, personas defensoras y todas aquellas personas que enfrentamos un sistema judicial cruzado por la lentitud, la corrupción, la desigualdad, la impunidad y la falta de perspectiva de género.
Los paros en el Poder Judicial no son nuevos ni ilegítimos. Las demandas laborales son justas; sin embargo, la estructura judicial mexicana es tan rígida, elitista y profundamente patriarcal que cada interrupción no solo retrasa trámites, sino que profundiza el abandono institucional hacia quienes más necesitan respuestas rápidas, eficaces, humanas y justas.
En este país, las principales víctimas de ese abandono judicial somos las mujeres en situación de violencia. Para nosotras, el acceso a la justicia no es un derecho garantizado, sino un tortuoso viacrucis: trámites eternos, funcionarios/as insensibles, resoluciones que niegan el daño emocional, revictimizaciones constantes y procesos que se alargan durante años. Ahora, con este paro, muchos juicios han quedado suspendidos indefinidamente; audiencias pospuestas, medidas de protección congeladas, sentencias postergadas.
Desde una mirada feminista, es urgente reconocer que los conflictos laborales dentro de las instituciones públicas no deben, bajo ninguna circunstancia, ignorar el impacto diferenciado que tienen en las mujeres, en las infancias y en las personas en situación de vulnerabilidad. Deben garantizarse servicios mínimos obligatorios con perspectiva de género en todas las instituciones públicas, particularmente en el sistema judicial, para asegurar que los casos de violencia de género, la protección de niñas y niños, y los derechos alimentarios nunca sean suspendidos, independientemente de la ocurrencia de una crisis.
La justicia en México es patriarcal, lenta y diseñada para sostener privilegios, no derechos. Este paro profundiza la inaccesibilidad a la justicia dejando aún más expuestas a las mujeres. Y lo más alarmante es que ocurre justo cuando México se prepara para una reestructuración profunda del Poder Judicial, impulsada bajo la promesa de “democratizar” la justicia. Sin embargo, lo que menos se ha garantizado en ese proceso es la voz de las mujeres víctimas ni la protección efectiva de los derechos humanos.
Mientras se discuten cambios en la cúpula del poder, abajo, en los juzgados donde cada día se definen custodias, órdenes de restricción o procesos penales por violencia, todo sigue paralizado. Y quienes más sufren esa parálisis son quienes ya cargan con las consecuencias de un sistema patriarcal: mujeres diversas y en todas las etapas de vida.
Este paro nos deja una lección dolorosa, pero clara: En México, los sistemas de justicia no están diseñados para nosotras, mucho menos para las más vulneradas socialmente. Si la justicia estuviera fundada en el derecho y no en los privilegios, los paros laborales no tendrían que poner en riesgo la vida de quienes más necesitan respuestas.
La defensa de los derechos laborales es legítima, pero nunca debe hacerse a costa de la vida, la dignidad y la seguridad de las mujeres. La justicia feminista debe garantizarse incluso en las crisis, porque la vida de las mujeres no puede ponerse en pausa.
