LaCostillaRota. Baja California, 07 de Julio, 2025.- La comunidad de San Quintín, Baja California fue impactada por el feminicidio de Keila Nicole Duarte Acevedo, una adolescente de 13 años cuyo futuro fue truncado por la violencia machista. Su cuerpo fue localizado con signos de extrema violencia en la delegación de El Rosario, una zona rural que hoy se convierte en el epicentro del dolor y la exigencia de justicia.

Keila Nicole fue vista por última vez el 1 de julio, cuando salió de su casa. La esperanza de encontrarla con vida se desvaneció al día siguiente, cuando sus restos fueron hallados en un camino vecinal. El hallazgo no solo representa la pérdida irreparable de una vida joven, sino que también destapa una profunda crisis de abandono institucional que deja en total desprotección a las niñas y mujeres de la zona.

Este crimen no es un hecho aislado; es la manifestación más brutal de la violencia de género que persiste en el país. El foco no debe estar en los últimos momentos de Keila ni en las decisiones que una niña de 13 años tomó, sino en la falla sistémica que permitió que su agresor actuara con impunidad. La responsabilidad recae en una sociedad y un Estado que no garantizan espacios seguros para las mujeres.

La respuesta de la comunidad, liderada por el Colectivo Madres Buscadoras San Quintín, A.C., ha sido contundente. Más allá del luto, han levantado la voz para exigir lo que por derecho les corresponde: una acción estatal inmediata y eficaz. El colectivo señaló una falla crítica en el sistema: la ausencia de una búsqueda inmediata, a pesar de que «las primeras horas son cruciales para la localización de una persona desaparecida».

Sus demandas son un mapa claro del abandono en San Quintín:

• La creación de una Célula de Búsqueda municipal.
• Una Comisión Local de Búsqueda de Personas.
• El fortalecimiento de la fiscalía especializada en desapariciones.
• Una unidad especializada en homicidios, para evitar que el personal tenga que trasladarse desde Ensenada, a cuatro horas de distancia, retrasando diligencias vitales.

Estas exigencias demuestran que mientras las autoridades ofrecen comunicados y promesas a futuro, son las madres y las mujeres organizadas quienes entienden la urgencia y la necesidad de infraestructura para prevenir y atender la violencia.

Por su parte, las autoridades han reaccionado de manera tardía. El gobierno municipal de Miriam Cano Núñez comunicó que trabaja en «una solicitud» al Congreso estatal para «revalorizar el protocolo de denuncia». Mientras tanto, la Fiscalía Central del Estado, a través del fiscal Rafael Orozco Vargas, aseguró que la investigación está «muy avanzada», pero sin ofrecer detalles concretos que brinden certeza a una comunidad herida.

El feminicidio de Keila Nicole no puede ser reducido a una cifra más en las estadísticas de la violencia en México. Su nombre y su historia deben ser un llamado urgente a la acción. Su caso evidencia que la seguridad de las niñas y adolescentes en las zonas rurales y marginadas no es una prioridad. La justicia para Keila no solo significa la captura y sanción de su agresor, sino la construcción de un sistema que proteja activamente a todas las mujeres, que escuche sus denuncias y que, finalmente, les garantice su derecho a vivir una vida libre de miedo y violencia.

#JusticiaParaKeila