LaCostillaRota. México, 23 de octubre 2026.— La Red Nacional de Refugios, A.C. (RNR) —red que agrupa a 60 espacios de protección y atención integral para mujeres,hijas e hijos víctimas de violencia en México—, en conjunto con un bloque de organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas, emitieron un pronunciamiento público de alerta dirigido a las máximas autoridades del país ante los recortes presupuestales proyectados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2027. A través de una Carta Abierta dirigida a la Presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a la Secretaría de las Mujeres y a las comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública e Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, las organizaciones advirtieron que la propuesta económica entregada por el Ejecutivo no solo omite fortalecer los mecanismos de protección a víctimas, sino que los debilita gravemente.
De acuerdo con el análisis técnico presentado por la RNR, el Anexo 13 —destinado a las Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres— presenta un incremento aparente del 2.1 %, alcanzando la cifra de 636 mil millones de pesos.Sin embargo, la Red denunció que estos recursos se encuentran fuertemente concentrados en programas sociales de transferencia directa universal, descuidando la infraestructura especializada en la prevención y atención del feminicidio.La organización enfatizó que en este paquete presupuestal no se fortalece la atención a la violencia, sino que únicamente se redistribuye la escasez.
Entre las disminuciones clave identificadas en el PEF 2027 destaca el componente de refugios para mujeres del Programa U012, el cual registrará una disminución de 536 millones de pesos previstos en 2026 a 518 millones para 2027, lo que representa un recorte del 3.35 % en términos reales, equivalente a 18 millones de pesos menos para la operación diaria de los espacios de rescate. Asimismo, el Programa U012 para la Prevención y Detección de Violencias Feminicidas sufrirá un recorte global del 11.75 %. Dentro de este mismo rubro, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) tendrán un ajuste a la baja del -3.54 %, mientras que las acciones en municipios y entidades con Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) caerán un -2.94 %. Por su parte, el techo presupuestal de la Secretaría de las Mujeres disminuirá en un 23 %, pasando de 2,220 a 1,693 millones de pesos, con lo que la dependencia encargada de la política nacional de género absorberá únicamente el 0.3 % del total asignado al Anexo 13.
La Red Nacional de Refugios enfatizó que garantizar una vida libre de violencia es un mandato constitucional estipulado en el Artículo 4º y una obligación legal regulada por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En la práctica, señalaron que son las organizaciones de la sociedad civil quienes asumen la responsabilidad directa de salvaguardar la integridad física y emocional de miles de familias, enfrentando históricamente ministraciones de recursos tardías e inciertas. En la misiva subrayaron que no invertir hoy significa pagar más mañana, pues cada recorte reduce la capacidad de los refugios para proteger vidas y puede dejar a una mujer, junto con sus hijas e hijos, sin un lugar seguro cuando más lo necesita, poniendo en riesgo vidas humanas.
Rumbo a la fecha límite fijada para la aprobación del presupuesto por parte del Poder Legislativo —a celebrarse el próximo 15 de noviembre—, la RNR y las colectivas adherentes articularon un pliego de exigencias urgentes. A la Cámara de Diputadas y Diputados le solicitaron revertir la disminución en el programa U012 e incrementar la asignación a los refugios a un piso mínimo de 580 millones de pesos, asegurando que la ampliación de la cobertura mediante nuevos espacios no se traduzca en una mella de recursos para los refugios que ya operan. A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le demandaron diseñar e implementar un calendario de entregas de ministraciones que garantice el flujo de capital desde el primer mes del año, evitando que los espacios de protección operen en la incertidumbre y sin liquidez durante el primer trimestre.
De igual forma, hicieron un llamado a la Secretaría de las Mujeres para publicar la convocatoria y lineamientos correspondientes antes del 10 de diciembre de 2026, asegurando que los montos asignados respeten el principio constitucional de progresividad y no regresividad. Se exigió de forma explícita no recortar los honorarios del personal profesional multidisciplinario —psicológico, jurídico y médico— que labora en las instituciones, así como articular la salida de las mujeres de los refugios con programas estatales de vivienda y transferencias para afianzar su autonomía económica. Finalmente, instaron a la Presidencia de la República a asumir formalmente la Red de Refugios como una prioridad estratégica del Estado en materia de igualdad de género, recordando que los derechos de las mujeres se garantizan con presupuesto y con hechos.
