LaCostillaRota. México, 06 de octubre 2026.— Durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se presentó un balance sobre las políticas públicas orientadas a las mujeres, destacando una reducción histórica del 36 por ciento en el promedio diario del delito de feminicidio, según cifras del Gabinete de Seguridad. La estrategia gubernamental se complementa con la operación de mil un Centros LIBRE para las Mujeres, instancias que han brindado más de 1.4 millones de servicios a 656 mil 344 usuarias, además del despliegue de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y el fortalecimiento de la Línea de las Mujeres 079.
El informe oficial enfatizó que las acciones de bienestar, la oferta educativa y la atención institucional buscan construir condiciones de autonomía e igualdad sustantiva. De acuerdo con lo expuesto por las autoridades, el 33 por ciento de las llamadas recibidas en la línea de atención corresponden a casos de violencia crítica con riesgo feminicida que han recibido contención oportuna. Sin embargo, en el contraste entre el discurso gubernamental y el funcionamiento de los aparatos de justicia, subsiste una interrogante central: ¿cuánto peso tienen los porcentajes de reducción estadística cuando la impunidad en los delitos de género permanece prácticamente intacta?
Especialistas e investigadoras en materia de derechos humanos han señalado de forma recurrente que la disminución en el registro de feminicidios no equivale necesariamente a la erradicación de las violencias extremas contra las mujeres ni al esclarecimiento de las muertes violentas. En la práctica ministerial y judicial del país, la reclasificación inadecuada de carpetas de investigación —al procesar feminicidios como homicidios dolosos o incluso accidentes— sigue siendo una constante que altera el conteo cuantitativo de la violencia machista.
A la opacidad en el registro estadístico se suma la revictimización sistemática a la que son sometidas quienes acuden a denunciar. A pesar de la existencia de redes comunitarias y centros asistenciales, miles de mujeres que deciden acudir a las fiscalías locales y juzgados de lo familiar enfrentan dilaciones procesales, sospecha, filtraciones, omisiones en la emisión de medidas de protección y un desdén institucional que, en los casos más graves, culmina en agresiones anunciadas.
El problema de fondo no se agota en la etapa preventiva o asistencial, sino en el colapso de la respuesta punitiva y la reparación del daño. La tasa de impunidad en delitos de violencia de género y feminicidio continúa superando el 90 por ciento en la gran mayoría de las entidades federativas. Las carpetas de investigación se acumulan sin imputados, los peritajes psicológicos y forenses quedan inconclusos por falta de personal capacitado y las sentencias condenatorias definitivas representan una excepción frente al volumen de denuncias formuladas.
Mientras el discurso oficial coloca los programas de transferencia directa y la infraestructura de atención como los pilares de la igualdad sustantiva, las familias de las víctimas y las sobrevivientes de tentativa de feminicidio siguen enfrentando un sistema judicial que no investiga con perspectiva de género. La baja en los índices delictivos reportada por el gobierno federal representa un indicador de gestión pública, pero para las mujeres en México la distancia entre una cifra triunfalista y la garantía real de acceso a la justicia continúa marcando la brecha entre el anuncio institucional y la impunidad cotidiana.
