LaCostillaRota. 16 de febrero, 2026.- En el marco del «Encuentro Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas», la Relatora Especial de la ONU, Reem Alsalem, presentó un diagnóstico sobre las estructuras globales que facilitan la violencia de género, con énfasis en la explotación sexual y la gestación subrogada.
Alsalem señaló que miles de mujeres se encuentran en situación de esclavitud, sin poder salir. Así mismo observó que el sistema político-penal actual suele penalizar las compras de actos sexuales asignando sanciones distintas entre hombres y mujeres. Como alternativa, destacó el modelo implementado en Suecia, el cual apuesta por un enfoque económico para desincentivar la demanda.
De acuerdo con los datos presentados, el perfil de las víctimas de este fenómeno se concentra en:
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Mujeres migrantes y estudiantes provenientes de países con altos índices de pobreza.
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Menores de edad, quienes enfrentan la normalización de actos sexuales a través de plataformas digitales.
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Poblaciones vulnerables que sufren una disminución de recursos debido a políticas de austeridad que limitan programas y seminarios de apoyo.
La Relatora advirtió que México, Colombia e India se han convertido en centros para la industria de la gestación subrogada, donde se explota la capacidad reproductiva de las mujeres. Así mismo señaló que este fenómeno se ve agravado por la existencia de contratos abusivos y situaciones de pobreza extrema, la falta de identificación pertinente de los recién nacidos, lo que facilita delitos como la trata y el crimen organizado, y la normalización de la «gestación comercial», donde incluso los modelos altruistas esconden pagos reales que mercantilizan el cuerpo de las mujeres.
El informe subraya que la violencia contra las mujeres y niñas en México constituye una vulneración de derechos humanos que compromete la seguridad del Estado. Reem Alsalem enfatizó que la impunidad oficial y la falta de respuestas judiciales eficientes alimentan la vulnerabilidad de las sobrevivientes.
En este sentido, la relatora hizo un llamado a los Estados para adoptar regulaciones que reconozcan la comunicación de violencia y protejan el ejercicio de los derechos políticos y civiles ante el aumento de la intolerancia y el odio.
