#Amassuru #MujeresEnSeguridad | CAPÍTULO ARGENTINA
Por Mg. Fernanda Daniela Díaz, Fiorella Canon, Carolina Barone, Sandra Gabriela Caprile Torres y Verónica Cirigliano
Argentina se encuentra conmocionada por un triple femicidio ocurrido el 19 de septiembre en las afueras de la capital del país, conocido como conurbano bonaerense. Este hecho estremece por su brutalidad y por el contexto que lo rodea, un escenario dominado por el narcotráfico, la explotación sexual, la vulnerabilidad económico-social de las víctimas y la ausencia o poca presencia del Estado ante las diferentes alarmas que anunciaban un mal desenlace.
El triple crimen de Florencio Varela involucró la desaparición y asesinato de tres jóvenes: Brenda del Castillo y Morena Verdi de 20 años y Lara Gutiérrez de 15 años. Las tres jóvenes fueron vistas por última vez el 19 de septiembre y sus cuerpos fueron encontrados cuatro días después en una casa de Florencio Varela. La investigación reveló que el crimen estaba relacionado con una venganza narco y ha llevado a la detención de varios sospechosos.
Estos crímenes no son un hecho aislado, ya que se inscriben en una trama estructural de violencias que han venido afectando de manera directa a los barrios, comunidades y, en particular, a las mujeres y a las niñas. En estos escenarios territoriales de vacíos estatales, zonas grises o donde directamente el Estado ha decidido retirarse, el crimen organizado avanza ganando espacios de poder y de institucionalidad criminal.
La Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) es el organismo responsable de adaptar el Modelo de Protocolo Latinoamericano para la investigación de muertes violentas de mujeres (femicidios/ feminicidios) de la Organización de las Naciones Unidas a la realidad nacional. Dicha oficina especializada describe a los femicidios en contexto de criminalidad organizada como hechos que «ocurren en el marco de organizaciones criminales o de bandas organizadas de menor envergadura dedicadas a acciones ilícitas (como puede ser el caso de la narcocriminalidad/narcomenudeo, la trata de personas, o los tráficos variados)» (32; 2018). En el mismo sentido, en el 2017 en Argentina se instruyó una guía de actuación policial para la investigación de muertes violentas de mujeres donde incorpora este escenario femicida (Res 1278/2017, MSN).
En este triple homicidio y en general las mujeres vinculadas al tráfico de drogas es importante subrayar la situación de exclusión social y pobreza. La OEA señala que,“tanto los delitos que cometen las mujeres para obtener drogas para el consumo, como su involucramiento en delitos relacionados con la producción, la distribución, el suministro y la venta de drogas, tienen que ver, a menudo, con la exclusión social, la pobreza y la violencia de género[1].
En este sentido cabe señalar que, la violencia de género es transversal a las organizaciones criminales, de tal manera, es frecuente que sean mujeres quienes ocupan tareas de bajo nivel pero alto riesgo, como el transporte, la distribución y el ocultamiento de drogas siendo fácilmente reemplazables para las organizaciones, al ser consideradas prescindibles y desechables (el rol fungible de las mujeres en estas organizaciones). Los indicios del triple femicidio de Brenda, Morena y Lara son un ejemplo, fueron elegidas posiblemente para enviar un mensaje simbólico al interior de la organización criminal y sus asesinatos fueron transmitidos en vivo para dar cuenta del poder y la capacidad del castigo. Ellas no escapan a la estadística generalizada sobre quienes están disponibles para estas redes: son las mujeres y niñas que viven en condiciones vulnerables, con escaso acceso a recursos y responsables del cuidado de otras personas – en general menores-.
En el escenario de la criminalidad organizada, las mujeres suelen ser objeto de diversas formas de instrumentalización, convirtiéndose en muchos casos en una moneda de cambio dentro de las redes ilícitas. Sus cuerpos son utilizados tanto para el transporte y la comercialización de drogas como para la satisfacción sexual de los varones que detentan posiciones de poder en dichas estructuras. Esta dinámica refleja lo que Rita Segato (2016) conceptualiza como la articulación entre violencia física y simbólica en tanto estructura de poder.
Es en parte por estas situaciones, que desde hace años se discute en el foro de Naciones Unidas en los ambitos de delincuencia organizada transnacional si las mujeres utilizadas para transportar droga en sus cuerpos, y otras prácticas donde exponen sus vidas no deberia ser entendida como una de los fines de la trata de personas, y comenzar a visualizarlas como victimas más que victimarias, ya existen casos en este sentido a cargo de la Procuraduría especializada en Trata del Personas (PROTEX) del MPF de la Nación.
Sin embargo, el fenómeno y los roles dentro de las estructuras dedicadas al tráfico de drogas se ha complejizado a tal punto que no podemos quedarnos simplemente con el rol de las mujeres como víctimas sino también debemos tener presente que en la actualidad las mujeres también han tomado un rol activo dentro de la estructura criminal, pudiendo estar activamente involucradas en las diversas facetas de estas estructuras, desde la producción y distribución de estupefacientes hasta acceder a espacios de liderazgo o gestión de redes de apoyo, influyendo en las dinámicas de poder y en las estructuras de crimen organizado.
Sobre el triple femicidio narco se suma a una historia de una década donde ya se identificaban los primeros casos que llegaron a tener el pico más alto con hasta casi 41% de las víctimas de este contexto femicida en Santa Fe en 2022 que representó el 79% del total país, ese año casi se triplicó la tasa de muertes violentas de mujeres en el Departamento Rosario. El promedio país es de 6% (OMCSJN, 2023).[2] Ampliando la información, citamos que el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación detalla 7 femicidios en contexto narco en el periodo del 01 de enero al 30 de Junio del corriente año.[3]
Sumado a este dato, el Informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, Coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, señala que en el año 2024 fueron 18 las víctimas en contexto de narcocriminalidad, en Nuestro País.[4]
Ante estos hechos, desde AMASSURU capítulo Argentina alertamos sobre la falta de políticas intersectoriales que enfrentan las problemáticas desde todas las aristas, desde la prevención hasta la protección y la complejidad de la investigación y sanción por los diferentes niveles de la justicia que intervienen en delitos donde coexisten delitos ordinarios y federales y que muchos casos en un mismo caso están involucradas diferentes jurisdicciones.
Nos encontramos con varios problemas:
En primer lugar se visibiliza la escasa información y entrecruzamiento de fuentes entre organismos nacionales que señalan y cuantifican los homicidios a mujeres en contextos de crimen organizado, a pesar de la visibilización en el informe de la OM de la CSJN así como en el Informe de Femicidios de la Defensoría del Pueblo, es necesario que el Sistema Nacional de Información Criminal dependiente del Ministerio de seguridad de la Nación publicara esta dimensión del crimen organizado, en particular los homicidios directamente involucrados en casos de tráfico de drogas. ¿Si el Estado no se encarga de cuantificar los homicidios en este contexto, como se espera que el mismo Estado proteja a la sociedad?
La falta de esta información y su relevamiento a escala nacional y federal para comprender las lógicas territoriales de esta dinámica delictiva, impacta directamente en las políticas públicas que se llevan adelante sobre esta problemática. El impacto se refleja en la inacción del Estado sobre las poblaciones objetivos que se ven directamente afectadas.
La gravedad de este tema fue anticipado y profundizado en las temáticas tratadas en el Seminario Internacional Amassuru 2024 “ El Crimen Organizado en América Latina desde un enfoque feminista” llevado a cabo en Buenos Aires Argentina, en tal encuentro Angelina Solari, desde 2019, coordina con su equipo el Registro de Muertes Violentas de Mujeres y Femicidios en la provincia de Santa Fé., en su exposición ya señalaba que , …”si bien se ha avanzado en el desarrollo de registros que permiten identificar diferentes tipos de femicidios —como los íntimos, sexuales o familiares—, aún persiste la deuda de trabajar en profundidad las dinámicas de los homicidios de mujeres en contextos de criminalidad organizada. Para ello, no basta con visibilizar o clasificar; es indispensable construir categorías que permitan investigar con perspectiva de género y formular políticas públicas ajustadas a las realidades locales……Alertó sobre el riesgo de invisibilizar las complejidades territoriales si no se articulan los registros con enfoques territoriales, de género y de política criminal, y reafirmó que, sin información rigurosa, sostenida y situada, no es posible diseñar respuestas efectivas que prevengan estas violencias y protejan la vida de las mujeres.[5]
AMASSURU Argentina, reafirma el compromiso de visibilizar estas realidades, acompañar a las comunidades afectadas y exigir a las autoridades respuestas concretas, transparentes y efectivas. Creemos que solo a través de una acción colectiva y transversal sin partidismos, que involucre a la sociedad civil,a las organizaciones sociales, los organismos estatales y la justicia, podrá romper este círculo de violencia y desprotección.
Frente a este hecho de extrema violencia y ante el escenario planteado, nos preguntamos: ¿las autoridades Argentinas que participan en la toma de decisiones ocupando los tres poderes están a la altura de este desafío?. No se trata de un partido ni de un nivel de gobierno, es un tema que exige la reacción urgente de todo el arco político, social y de todos los poderes del Estado. Son dos décadas continuas de un tema en ascenso donde Argentina es más desigual e insegura, el triple crimen es un desenlace sangriento, pero que no son los primeros ni serán los últimos si no actuamos a tiempo.
Como red AMASSURU, insistimos en la urgencia de consolidar los mecanismos que aseguran la participación ciudadana que, con las autoridades en forma coordinada y activa se avance con soluciones concretas en todas las aristas de esta gran problemática.
[1] Pieris, Nischa, Mujeres y drogas en las Américas: un diagnóstico de política en construcción, Comisión Interamericana de Mujeres/ Organización de Estados Americanos, 2014, p. 2, en http://www.oas.org/en/cim/docs/WomenDrugsAmericas-ES.pdf
[2] Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina- Femicidios(2023)-Corte Suprema de Justicia de la Nación.
[3] Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación (OFDPN)( 2025) Informe semestral del Observatorio de Femicidios. Estadística de Femicidios en Argentina.
[4] La Casa del Encuentro – www.lacasadelencuentro.org/ Microsoft Word – INFORME 2024
[5] Amassuru (2025) Memorias del Seminario Internacional El crimen organizado en América Latina desde un enfoque feminista. Argentina: Red Amassuru Mujeres en Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe.
La opinión de las autoras no compromete la posición institucional de Amassuru
Foto Imagen creada con IA por LCR
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AMASSURU MUJERES EN SEGURIDAD
Somos una red de mujeres que trabajan temas de Seguridad y Defensa en América Latina y el Caribe (ALC), creada para promover el trabajo de las mujeres en el área, además de facilitar la visibilidad y los espacios de discusión en la región. Juntas, somos mucho más poderosas, por eso creemos que es central crear una red entre nosotras, en un área como la de seguridad, en la cual hemos sido segregadas históricamente. Somos una red independiente y apartidaria de mujeres que trabajamos en diversas áreas, incluyendo la investigación, la docencia, el trabajo directo en políticas públicas y prevención, el periodismo, las ONGs, los gobiernos nacionales y locales, así como en organizaciones internacionales y la academia, entre otras áreas. La red de Amassuru está enfocada en la seguridad en el sentido amplio, englobando temáticas de seguridad ciudadana, seguridad humana, seguridad internacional y justicia.
Mg. Fernanda Daniela Díaz.
Analista criminal en la Dirección de Análisis Criminal del Ministerio Público Fiscal. Profesora e investigadora de relaciones internacionales en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
Fiorella Canon.
Licenciada en Ciencia Política (UBA), especializada en Derechos Humanos y candidata a Magíster en Gobierno. Actualmente se desempeña como Directora Provincial de Enlace Comunitario del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense. Fue Directora Nacional de Readaptación Social y Directora de Cooperación Internacional Bilateral en la Cancillería Argentina. Es docente e investigadora y cuenta con diversas publicaciones en temas de justicia, seguridad, género y políticas post penitenciarias.
Carolina Barone
Lic en gobierno y relaciones internacionales. Magister en políticas públicas. Durante su carrera profesional se desarrolló en diferentes roles de gestión tanto a nivel local como nacional. Fue directora de políticas de género del ministerio de seguridad desarrolló la nación, secretaria ejecutiva del consejo federal de trata de personas. Hasta febrero de 2025 estuvo a cargo de la subsecretaría de la mujer en el GCBA.
Sandra Gabriela Caprile Torres
Soy experta en inteligencia criminal, abogada y licenciada en seguridad, con una amplia trayectoria en la investigación y análisis de casos vinculados al triple crimen y el narcotráfico. He participado en la elaboración de informes estratégicos, coordinación de acciones legales y seguimiento de operaciones judiciales relacionadas con organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Mi trabajo se ha enfocado en el fortalecimiento de políticas de seguridad, prevención del delito y la aplicación de mecanismos legales para desarticular dichos grupos ilícitos, contribuyendo a la justicia y la seguridad pública.
Verónica Cirigliano
Arquitecta, especialista en planificación, diseño y evaluación de espacios para personas en contextos de encierro. Asesora a organismos nacionales y provinciales sobre riesgos habitacionales que afectan a poblaciones vulnerables. Es experta en el análisis de espacios urbanos desde la metodología de Prevención del Delito mediante el Diseño Ambiental (CPTED).Docente de Evaluación y Diagnóstico de estrategias de seguridad. Coordina en Argentina la Red Amassuru, forma parte de la Red de Evaluadores de Políticas Públicas (EvaluAR) de Argentina e integra la red de expertos de GITOC (Global Initiative against Transnational Organized Crime,)
