LaCostillaRota. 08 de abril, 2026.- Desde la Red Nacional de Refugios se ha emitido un nuevo comunicado manifestado una profunda preocupación por las condiciones de los convenios de concertación de acciones recientemente firmados. Denuncian que, bajo el esquema actual, estos instrumentos legales trasladan responsabilidades sustantivas del Estado hacia las organizaciones de la sociedad civil, lo que en la práctica debilita la garantía efectiva de los derechos humanos. La Red es enfática al señalar que los refugios no son un apoyo complementario, sino espacios de protección vital frente a la violencia extrema, el riesgo feminicida y la impunidad.
La RNR, señala que la situación es crítica porque el Estado ha comenzado a establecer que los recursos son «complementarios», trasladando la carga financiera a las propias organizaciones. Esta disposición genera una incertidumbre operativa que pone en riesgo la continuidad de los servicios y, con ello, la vida de quienes dependen de estos espacios. Al respecto, el posicionamiento es tajante: “La protección no puede depender de tiempos administrativos ni de decisiones discrecionales. Debe ser oportuna, suficiente y sostenida”.
A este panorama de precarización se suman señalamientos de opacidad y posible discriminación. La Red reportó que a dos refugios, previamente aprobados en los resultados de 2026, se les comunicó un estatus de «NO CUMPLE» sin ninguna explicación fundada. Ante esto, la organización exige transparencia absoluta y recuerda que el acceso a recursos de protección no puede limitarse por la nacionalidad de quienes representan legalmente a las colectivas. Como bien puntualiza el comunicado: “Garantizar la protección de las mujeres frente a la violencia no es opcional. Es una obligación del Estado mexicano”.
Los refugios salvan vidas. Y garantizar su operación no es una concesión: es una obligación del Estado mexicano, sentenciaron.
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