Por Angélica De la Peña
Por más que se esfuercen los personeros del régimen en explicar las bondades de su reforma electoral, lo cierto es que si no hay una discusión abierta sobre esa propuesta, y si como anuncian será aprobada fast track, estaremos ante retrocesos que tienen como fin el debilitamiento de los partidos de oposición e implicará la eliminación de funciones tanto del INE, de organismos electorales locales y del Tribunal Electoral, derivados del recorte presupuestal propuesto.
Todas las reformas que se han aprobado en materia político/electoral desde que comenzó la transición a la democracia, fueron exigidas y promovidas por la oposición. Hoy no es el caso y, al leer la propuesta de la Presidenta, observamos no parte de una necesidad, sino de la intención de perpetuación de Morena en el poder.
Las reformas impulsadas en los últimos 40 años tienen como referencia dejar atrás hechos de persecución política contra disidentes, y contra quienes se oponían a la permanencia del partido de Estado. Al reformarse la Constitución fue posible que la oposición tuviera posibilidades legales de participación en las elecciones de las cámaras del Congreso de la Unión y de las entidades federativas y en las elecciones del Poder Ejecutivo en los tres órdenes de gobierno.
Es importante señalar dos cuestiones fundamentales: la primera tiene que ver con el reconocimiento de que el partido hegemónico de Estado, el PRI, se dispuso a una reforma trascendental en 1977 con las oposiciones de todas las tendencias; su resultado fue que en la 51ª Legislatura (1979/1982) hubiese diputados de oposición al obtener su registro el PCM, el PST y el PDM, por cierto todos por la vía plurinominal.
No es tema de este artículo analizar qué hubiese pasado en el país si no se hubiera concretado esa reforma política, sobretodo por el ánimo exacerbado después de la represión y matanza estudiantil del 68 y las expresiones guerrilleras de principios de los 70, pero sin duda se avanzó en las siguientes reformas hacia la construcción del organismo autónomo para convocar, organizar y calificar las elecciones, así como un órgano judicial especializado en materia electoral. La presencia de la oposición no sólo fue definitiva en estos avances, fue la impulsora de la negociación de estas reformas.
Y la segunda cuestión: sin esas reformas impulsadas por el gobierno y la oposición, no hubiera sido posible que, tanto López Obrador como la actual Presidenta, viviesen en Palacio Nacional. E igual que el PAN ganase la Presidencia en dos sexenios.
Hoy de manera atípica, esta propuesta de reforma viene sólo del gobierno y todo indica no hay manera de cuestionar sus intenciones, lo que constituirá un retroceso a lo hasta hoy logrado, porque quieren concretarla sin cumplir con el proceso legislativo de un parlamento abierto.
La Presidenta tiene derecho a enviar su propuesta de reforma, pero lo que no debiese permitírsele es que imponga su aprobación sin discusión y eventual corrección.
Señalar a los partidos como los malos de la película es sumamente peligroso, porque precisamente su reconocimiento legal fue el inicio de la transición democrática de México. Nadie niega que es necesario vigilar que cumplan su función como instituciones de interés público, y para eso sólo se necesita revisar la Ley General de Partidos Políticos.
Lo que parece de buena fe, la verdad es un lobo feroz con piel de cordero.
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