Por Arcelia Reyes Rodríguez
En Durango, la narrativa oficial sobre el próximo 8 de marzo ha dejado de ser una promesa de protección para convertirse en una advertencia de control. Las recientes declaraciones del gobernador Esteban Villegas y del alcalde Toño Ochoa no son aisladas; forman parte de una estrategia de «blanqueamiento» de la protesta que prefiere paredes intactas antes que mujeres seguras.
El gobernador Villegas afirma que un centro histórico grafiteado «da miedo» y que «no se antoja caminar» por él. Resulta cínico, por decir lo menos, que el mandatario desplace el origen del miedo. A las mujeres en Durango no nos dan miedo las paredes pintadas; nos da miedo la impunidad.
Nos da miedo el centro histórico, no por el aerosol, sino porque es el mismo trayecto donde nos acosan, donde desaparecemos y donde el Estado nos ignora. Priorizar el «antojo» del turista por encima del grito de rabia de las víctimas es una forma de violencia estética que intenta ocultar que, bajo la cantera limpia, hay una deuda de sangre y justicia.
Lo que el gobierno llama «daño al patrimonio», el feminismo lo reconoce como iconoclasia. No es vandalismo ciego; es la intervención política de monumentos que han dejado de representar a una sociedad que nos mata. Cuando el Estado protege con más afán el Congreso del Estado o el Palacio de Gobierno que la vida de una niña o una mujer en la capital o en la Comarca Lagunera,la digna rabia y la protesta pacífica son el único recurso para hacer visible lo invisible.
El intento de prohibir el «bloque negro» y de criminalizar la protesta radical es, en el fondo, un intento de domesticar la marcha. Quieren una fila de mujeres silenciosas que no incomoden el paisaje urbano.
Anunciar un operativo de mujeres policías para «detener disturbios» es una táctica clásica de la cooptación feminista del Estado. Utilizan a mujeres trabajadoras como escudo humano para proteger edificios, enfrentándolas contra otras mujeres que exigen derechos. Es una estrategia de relaciones públicas para que la represión no se vea «tan machista» en las fotos de los diarios y sin embargo así nos violentan por partida doble.
«Si hay daños, se actuará conforme a la ley», advierten. Pero, ¿dónde está esa misma firmeza de la ley para detener a los feminicidas? ¿Dónde está el operativo especial para vigilar las calles de noche cuando no hay cámaras ni patrullas, pero sí agresores?
Invitar a la Comisión de Derechos Humanos para «evitar arbitrariedades» mientras se lanza una amenaza de detención es una contradicción absoluta. El mensaje es claro: pueden marchar, pero solo como nosotros digamos.
Durango se encamina a un 8M donde el Estado busca imponer una «paz» artificial. Una paz que se mide en muros limpios, pero se siente en el silencio de las que ya no están. Si el gobierno realmente quiere que el centro no dé miedo, no necesita solvente para borrar pintura; necesita voluntad política para borrar la impunidad.
Imagen generada para uso editorial por LCR
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