Por Sara Lovera López
En el cuarto año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, nuestro país está en la mirada de numerosos organismos internacionales que le recomiendan variar la forma de cómo se afronta la violencia contra las mujeres, tratada con un enfoque de “seguridad” estrecho y una visión policiaca/militarista, eliminando las políticas globales para la igualdad y profundizando la inseguridad para niñas y mujeres.
Eso dice un documento de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM/OEA), lanzado a las Américas apenas el 4 de noviembre en el que llama a los gobiernos a escuchar a las feministas e incluirlas en las estrategias de paz y seguridad, urgentemente.
Lo mismo se escuchó esta semana en el Museo de la Mujer, donde se analizaron la numerosas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH/OEA) que están olvidadas por la falta de voluntad política del gobierno para cumplirlas, desde la del Campo Algodonero, de 2009, hasta las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH/OEA), de mayo de 2022, para investigar, juzgar, sancionar y reparar la violencia basada en género y tomar medidas eficaces para prevenir y evitar la repetición de patrones de violencia.
Recuerda que el Instituto Internacional por la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) advirtió desde 2018 cómo se agudiza la violencia contra las mujeres por la baja calidad de la democracia, cuyas características y problemas van más allá de la expresión democrática electoral, mientras persiste la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres.
El documento de la CIM/OEA, apenas difundido y definido como posicionamiento titulado “Caminos hacia la paz y la seguridad, forjados por las mujeres: Una agenda para las Américas”, señala que este declive en la calidad de la democracia es central para entender el contexto de la movilización social y política de los movimientos de mujeres con respuestas frecuentemente reprimidas.
El texto es revelador, porque reconoce que hay cambios en el enfoque con el cual deben atenderse los hechos de violencia contra las mujeres, y llama a los gobiernos -entre ellos al de México- a cumplir desde la perspectiva de género la seguridad y la paz, adoptada como resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU, la que ni se lee ni se conoce ni se promueve ni se atiende, y se advierte que los conflictos crecerán en lo inmediato. Hasta ahora, señala, la resolución solo fue atendida por Colombia y El Salvador.
Propone, entre otras cosas, la urgencia de variar la mirada policiaca/militarista y critica a muchos gobiernos su política para la paz y la seguridad que afecta tremendamente a las mujeres.
En México es preocupante la reducción sistemática de las políticas de género, arrinconadas en los últimos cuatro años. Ahora mismo, el dictamen en la Cámara de Diputados sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 -que esta semana será aprobado- mantiene los recursos disminuidos al Instituto Nacional de las Mujeres, por ejemplo.
La CIM/OEA adelanta graves consecuencias de la indiferencia de cómo se deja de lado el análisis a fondo de las relaciones de poder, las inequidades, exclusión y discriminación contra las mujeres, el desprecio a tomar en cuenta sus experiencias y contribución a la democracia, sin mirar el conflicto integralmente, manteniendo el despliegue de una masculinidad militarizada.
Y explica: “Entendemos por masculinidad militarizada aquella cuya fuerza radica en el uso de las violencias y la propensión a la agresión como medio de expresión, relacionamiento y dominación, que incluye un despliegue de fuerza física, uso de armas y supresión de las emociones, con alto grado de misoginia”, lo que los gobiernos de las Américas deberían considerar urgentemente. Veremos…
Periodista, directora del portal informativo SemMéxico.mx
