De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o No Localizadas, México superó las 100,000 víctimas. Los cinco estados que registran el mayor número de casos (más del 49%) son Jalisco (14,871), Tamaulipas (11,971), Estado de México (10,996), Nuevo León (6,222) y Veracruz (5,736). A estas cifras se suman más de 52 mil cuerpos no identificados de personas fallecidas, según cifras de la ONU.
Este mes, se estrenaron un documental y una película que retratan el martirio de las familias de estos miles de desaparecidos.
“La Civil” cuenta la historia de Cielo, una madre que, con sus propios medios y recursos, se da a la tarea de buscar a su hija desaparecida ante la incapacidad o negligencia o indiferencia de las autoridades.
Asimismo, “Te nombré en el silencio”, documental que da testimonio del trabajo del grupo de Las Rastreadoras del Fuerte, mujeres fuertes y valientes que decidieron salir con picos y palas a hurgar entre la tierra del desierto de Sinaloa con la esperanza de encontrar algún rastro de sus familiares.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU ha destacado que la impunidad es uno de los factores que ha potenciado la desaparición de personas en los últimos 15 años. Ante la omisión del Estado, han surgido 70 colectivos de buscadoras, rastreadoras y guerreras en México, que dedican sus días a investigar afanosamente el paradero de sus seres queridos.
En general, quienes encabezan la lucha por encontrar a sus familiares son mujeres; hermanas, hijas, tías, y especialmente, madres, y quienes además enfrentan amenazas, ataques y agresiones.
Algunas han tenido suerte de encontrarlos con vida, pero la mayoría sólo han encontrado algunos de sus restos para darles sepultura; sin embargo, continúan en la tortuosa búsqueda de la verdad.
Historias desgarradoras que se cuentan en el país de norte a sur y de este a oeste, gritos desesperados de justicia ante la desolación de la incertidumbre.
La desaparición forzada se ha convertido en una práctica masiva y sistemática, agravada por la falta de concientización de los ministerios públicos cuando se hace la denuncia; de la necesidad de cambios en protocolos y procedimientos de búsqueda; de escasez de recursos materiales, científicos y organizacionales para la específica atención de este problema; de la ausente capacitación de las policías de investigación; de la ineficacia en la procuración de justicia; de la colusión de las policías con grupos criminales, y un largo etcétera.
Sabemos de las fallas de las autoridades y de los sistemas de justicia, pero estamos consientes de nuestra responsabilidad como sociedad. ¿Qué estamos haciendo tan mal?
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