Por Itzel Lozada
«Somos las nietas de las brujas que nunca pudiste quemar».
Consigna feminista
Durante mucho tiempo, las brujas formaron parte del imaginario colectivo: alrededor de un caldero, preparando pócimas, pronunciando hechizos y volando sobre escobas. Las encontramos en los cuentos, el cine y, especialmente durante octubre, en disfraces y vitrinas.
Sin embargo, el revisionismo histórico y las luchas feministas han reivindicado la historia de las mujeres que fueron quemadas en la hoguera acusadas de bujería. Miles de ellas fueron perseguidas, procesadas y ejecutadas bajo un andamiaje legal e institucional porque esa persecución no ocurrió al margen de la ley: se ejecutó a través de ella.
Entre los siglos XV y XVII, el continente europeo vivió la institucionalización de la persecución mediante leyes reales, edictos de monarcas y ordenanzas locales que codificaron el uso de la tortura y la delación sistemática. Bastaba un conflicto vecinal, una enfermedad inexplicable o una mala cosecha para activar la maquinaria judicial. Lo que comenzaba como un rumor derivaba en interrogatorios formales, tortura para arrancar confesiones y delaciones en cadena. La violencia estatal se legitimó porque estuvo respaldada por los tribunales de la época. La ley no solo castigaba a las brujas: las creaba como enemigas públicas para infundir miedo y disciplinar a las mujeres que no se adecuaban a los cánones establecidos.
Aunque los procesos variaron según la región y afectaron también a hombres, la inmensa mayoría de las víctimas fueron mujeres. La caza de brujas funcionó como un mecanismo disciplinario para desarticular la autonomía femenina, perseguir saberes medicinales comunitarios y castigar a quienes desafiaban el orden patriarcal y el naciente sistema económico capitalista. Su objetivo era el control estricto de los cuerpos, la sexualidad y el comportamiento de las mujeres.
Un ejemplo paradigmático es el Malleus Maleficarum (El martillo de las brujas), publicado en 1486. Este tratado eclesiástico codificó la misoginia de la época, transformando los prejuicios en conocimiento autorizado para instruir a los jueces. El control hacia las mujeres se fundamentó así en doctrina jurídica, moldeando la valoración de los testimonios y el dictado de las sentencias.
Este análisis permite abrir una pregunta vigente: ¿qué ocurre cuando el derecho reproduce prejuicios y estereotipos traduciéndolos en normas?
Durante siglos, el sometimiento de las mujeres estuvo expresamente consagrado en las leyes. El derecho tradujo en normas nuestra exclusión política, la incapacidad para administrar bienes, la pérdida de identidad jurídica al casarnos y la anulación de nuestra autonomía reproductiva. Por ello, la historia jurídica de las mujeres es, simultáneamente, la historia de las normas que nos subordinaron y de las luchas colectivas que las derrocaron.
La persecución de las llamadas brujas demuestra que el derecho no es neutral ni ajeno a las relaciones de poder. Las instituciones jurídicas pueden proteger libertades, pero también operar como herramientas de control y castigo contra quienes incomodan al statu quo. Un procedimiento judicial no garantiza, por sí mismo, que exista justicia, así como tampoco la aplicación de una norma vuelve legítima cualquier decisión tomada en su nombre.
Al reivindicar hoy la figura de la bruja, no solo recordamos a las mujeres que desafiaron las expectativas de su tiempo. También debemos señalar con rigor a quienes las acusaron, juzgaron y condenaron. Detrás de las hogueras no hubo ignorancia o superstición colectiva: hubo burócratas, jueces y soberanos que utilizaron la ley para legalizar el terror.
La justicia no consiste únicamente en aplicar la ley, sino también en tener la capacidad de cuestionarla cuando se convierte en un instrumento de desigualdad.
Imagen generada para uso editorial de LCR
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