LaCostillaRota. 08 de marzo, 2026.- La conmemoración del Día Internacional de la Mujer en la capital nayarita se ve envuelta en una atmósfera de tensión y desconfianza. Lo que debería ser una jornada de reivindicación social ha quedado marcada por el anuncio de la Fiscalía General del Estado sobre el despliegue de agentes de inteligencia infiltrados, una medida que diversos sectores civiles califican como un acto directo de intimidación y criminalización de la protesta.
La controversia escaló tras las declaraciones de la fiscal actual, Ludmila Heredia Verdugo, quien confirmó que personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) asistirá a la movilización del 8M sin identificaciones visibles. Bajo el argumento de «evitar agresiones a quienes transmiten» el evento, la funcionaria precisó que se trata de mujeres vestidas de civil que actuarán por instrucción estatal, aunque aseguró que no se realizarán detenciones por daños o vandalismo siguiendo lineamientos federales.
Sin embargo, para colectivos feministas y especialistas en derechos humanos, la presencia de agentes «encubiertas» no garantiza seguridad, sino que vulnera los principios internacionales de legalidad. Los estándares en la materia son claros: cualquier servidor público que intervenga en una manifestación debe ser plenamente identificable para permitir la rendición de cuentas y evitar abusos de autoridad. La falta de uniformes o distintivos, señalan las organizaciones, abre la puerta a la vigilancia arbitraria y a la infiltración en un movimiento cuya esencia es la denuncia de la violencia institucional.
La crisis de credibilidad de la Fiscalía se profundiza, además, con las denuncias de colectivos de familias buscadoras, quienes reportaron el hallazgo de restos óseos y expedientes abandonados a la intemperie en instalaciones oficiales. En este contexto, la decisión de enviar agentes sin identificar a la marcha del 8M es percibida no como una medida de protección, sino como una estrategia de control sobre un movimiento que cuestiona, precisamente, la impunidad estatal.
Ante este panorama, las organizaciones civiles han lanzado un llamado urgente al Gobierno del Estado y a la Fiscalía para que desistan de cualquier táctica de vigilancia encubierta. Recuerdan que el derecho a la libre manifestación es constitucional y que el papel del Estado debe ser el de garante, no el de observador invisible que condiciona el ejercicio de la protesta social.
