LaCostillaRota, 19 de febrero, 2026.- La omisión legislativa en Durango ha llegado a un punto crítico. Organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas alzaron la voz desde el recinto del Congreso del Estado para denunciar que la LXX Legislatura ha ignorado un mandato judicial que les obliga a despenalizar el aborto voluntario, un plazo que venció formalmente el pasado 15 de diciembre de 2025.
Pese a que el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito declaró inconstitucionales los artículos que prohíben el aborto en la entidad (Amparo en Revisión 116/2023), los diputados locales han mantenido la reforma en la congeladora, perpetuando un escenario de inseguridad jurídica y miedo para las mujeres.
La batalla legal, impulsada por organizaciones como Sí Hay Mujeres en Durango y GIRE, obtuvo una victoria histórica el 18 de julio de 2025. El fallo judicial fue claro: el Congreso debía modificar el Código Penal para alinearse con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque el Congreso fue notificado oficialmente en septiembre, el periodo ordinario de sesiones concluyó sin que el tema llegara al pleno. Para los activistas, esto no es solo un descuido administrativo, sino una falta de voluntad política que ignora el principio de laicidad del Estado.
“La vigencia del delito en el Código Penal genera temor, tanto en las mujeres que requieren el servicio como en el personal médico que podría practicarlos”, señaló Julieta Hernández Camargo, de Sí Hay Mujeres en Durango, subrayando que la ley actual actúa como una barrera psicológica y social, incluso si no hay sentencias vigentes.
Mientras el Poder Legislativo se detiene, la realidad en las calles avanza. Entre 2022 y 2025, la colectiva Acompañantes Laguna registró 470 abortos autogestivos acompañados en municipios como Lerdo y Gómez Palacio. Estas cifras representan a cientos de mujeres que, ante la falta de instituciones públicas que garanticen su derecho, han tenido que recurrir a redes ciudadanas.
Las colectivas enfatizaron que los legisladores tienen la obligación constitucional de legislar bajo una ética laica. Recordaron que en 2021 Durango fue pionero en presentar la primera iniciativa popular ciudadana con más de 7 mil firmas, la cual fue rechazada en 2022.
«No se trata de convicciones morales personales, sino de salud pública», señalaron las organizaciones. Al respecto, citaron los indicadores de la Ciudad de México, donde la legalización ha permitido alcanzar una cifra de cero muertes maternas por abortos inseguros en servicios públicos.
Las organizaciones firmantes, entre las que destacan REDefine Durango, Católicas por el Derecho a Decidir y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, hicieron un llamado enérgico a la Legislatura actual: dejar de actuar como una barrera y empezar a fungir como el puente hacia un servicio de salud esencial, seguro y gratuito.
