LaCostillaRota. 21 de abril, 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el acceso al aborto voluntario no debe ser solo legal en papel, sino una realidad garantizada en los hospitales. A través de una nueva resolución, el máximo tribunal estableció que, mediante el juicio de amparo, los jueces pueden ordenar directamente a las autoridades de salud que ofrezcan el servicio de interrupción del embarazo y que informen a la población sobre dónde y cómo acceder a él de manera segura y gratuita.
En esta decisión, la Primera Sala despenaliza el aborto en Tamaulipas al invalidar los artículos del Código Penal que castigaban con cárcel a las mujeres y personas gestantes que decidían abortar, así como al personal de salud que les brindara apoyo. La Corte reiteró que usar el derecho penal para sancionar la interrupción del embarazo es inconstitucional, pues viola la libertad de las personas para decidir sobre su vida y su cuerpo.
Un punto clave de este fallo es la orden de eliminar las barreras en los servicios públicos. La Corte señaló que el Estado tiene la responsabilidad de asegurar que existan unidades médicas preparadas y con personal capacitado. Tras esta resolución, ya no basta con que el aborto sea legal; ahora, las instituciones de salud están obligadas a garantizar que el servicio esté disponible para quien lo necesite, sin obstáculos administrativos ni estigmas.
Asimismo, la resolución abordó la situación en Sinaloa, donde se eliminaron términos confusos en las leyes que permitían señalar o discriminar a quienes decidían abortar. El tribunal aclaró que las normas deben ser precisas para evitar que se persiga injustamente a las mujeres o a quienes las acompañan en el proceso, garantizando que ninguna persona sea discriminada por ejercer sus derechos reproductivos.
Finalmente, la SCJN reafirmó que la salud reproductiva es un derecho humano esencial. Al permitir que el juicio de amparo sea una herramienta para exigir servicios médicos, la Corte facilita que las mujeres y colectivas aseguren que el sistema de salud cumpla con su deber. Este avance busca que el acceso al aborto sea un servicio de salud pública efectivo, seguro y libre de castigos legales.
