LaCostillaRota. 23 de marzo, 2026.- En un pronunciamiento contundente, diversas colectivas feministas y activistas independientes alzaron la voz para denunciar una forma de violencia que, aseguran, sigue siendo ignorada tanto por las instituciones como por buena parte de la sociedad: el borrado de las lesbianas.
Lejos de tratarse únicamente de una cuestión simbólica, el llamado “borrado” implica una serie de prácticas que van desde la invisibilización hasta la exclusión activa en espacios políticos, jurídicos y sociales. “Lo que no se nombra, no existe”, advierten, al señalar que la omisión sistemática de las lesbianas en discursos oficiales, leyes y políticas públicas tiene consecuencias directas en el acceso a derechos, mecanismos de protección y justicia.
De acuerdo con el posicionamiento, el sistema patriarcal no solo reproduce desigualdades de género, sino que además impone la heterosexualidad como norma, relegando a quienes la desafían. En ese contexto, las mujeres lesbianas enfrentan un doble castigo: por su condición de mujeres y por romper con las expectativas heteronormativas. Esto se traduce en rechazo social, silenciamiento y diversas formas de violencia que, en muchos casos, ni siquiera son reconocidas oficialmente.
Las colectivas subrayan que términos como lesbo-odio, lesbomisoginia o lesbocidio han sido impulsados principalmente desde el activismo lésbico, ante la falta de reconocimiento institucional. Señalan que, aunque existen instrumentos internacionales que buscan proteger los derechos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), estos no nombran de manera explícita a las lesbianas como sujetas de derechos con problemáticas específicas.
La omisión, insisten, no es menor. Al no existir un reconocimiento claro, tampoco hay rutas de denuncia adecuadas, ni políticas públicas diseñadas para atender las violencias particulares que enfrentan. “Se nos agrede, se nos expulsa, se nos castiga, y muchas veces ni siquiera existen categorías para nombrar esa violencia como lo que es”, denuncian.
El documento también apunta a otras herramientas regionales, como la Estrategia de Montevideo, que promueve la igualdad de género en América Latina, pero que —según las activistas— tampoco incorpora de manera explícita la realidad de las lesbianas. Esta falta de precisión contribuye, dicen, a que continúe su exclusión en la construcción de políticas públicas y marcos legales.
En México, la violencia contra mujeres lesbianas persiste en distintos ámbitos, desde el familiar hasta el institucional. Sin embargo, la ausencia de registros específicos y de reconocimiento jurídico dificulta dimensionar su magnitud y atenderla de forma integral. Para las firmantes, este vacío no solo perpetúa la impunidad, sino que también profundiza la vulnerabilidad de quienes viven estas violencias.
Ante este panorama, las colectivas plantearon una serie de exigencias. Entre ellas, el reconocimiento explícito de las mujeres lesbianas como una categoría jurídica específica en instrumentos internacionales y nacionales; la revisión crítica de tratados para identificar vacíos históricos; y el reconocimiento de la lesbomisoginia como una forma particular de violencia estructural.
Asimismo, demandan avanzar en la tipificación de delitos como el lesbocidio o lesbofeminicidio, así como garantizar el derecho de las lesbianas a organizarse políticamente sin ser diluidas dentro de categorías generales que, afirman, no reflejan su realidad.
“El borrado no es solo simbólico. También mata”, enfatizan, al advertir que la falta de reconocimiento tiene consecuencias concretas en la vida y seguridad de las mujeres lesbianas.
El pronunciamiento cierra con un mensaje firme: las lesbianas no son una categoría secundaria ni un añadido dentro de la agenda de género. Son, sostienen, sujetas políticas cuya existencia y derechos deben ser reconocidos plenamente.
La declaración fue firmada por organizaciones como Resistencia Radical Zacatecas, Lesbianas Autónomas Radicales, Continuum Lésbico de México y Abya Yala, entre otras colectivas y activistas que, desde distintos territorios, coinciden en una misma exigencia: dejar de ser borradas y comenzar a ser nombradas en todos los espacios donde se construyen derechos.
Foto de Guadalupe López
