Por Jessali Zarazua
Miles de migrantes han llegado a las ciudades fronterizas del norte y sur de México ante la falsa promesa de que el fin del Título 42 signifique una entrada más fácil a los Estados Unidos. Esta política migratoria impulsada por Trump abrió la puerta para la expulsión inmediata de migrantes bajo pretexto de medidas sanitarias en la pandemia por el COVID-19. El regreso al Título 8 supone otras restricciones en la frontera, incluidas que cualquier persona que cruce sin un estatus migratorio regular no será elegible para asilo; serán expulsados rápidamente del país, y se les prohibirá la entrada a los Estados Unidos hasta por cinco años.
Nuestra frontera sur se ha convertido en un tapón para las y los miles de migrantes que logran cruzar el Darién, una muralla natural de 575.000 hectáreas plagada de grupos criminales, animales, enfermedades y lesiones. En Tapachula, la principal vía de entrada, miles de migrantes forman filas interminables para solicitar un permiso temporal y poder seguir su tránsito hacia los Estados Unidos. Se calcula que actualmente hay más de 50 mil migrantes atrapados y atrapadas en esta ciudad en espera de su visa humanitaria o de conseguir el estatus de refugiados.
La lentitud de la burocracia mexicana golpeada por la austeridad a modo de la 4T, obliga a las y los migrantes a seguir su camino por rutas alternativas. En esta travesía se topan de frente con una política migratoria militarizada y con el recrudecimiento de ataques y violaciones a sus derechos humanos. Y es que cruzar México se ha convertido en un infierno en el que miles de mujeres y hombres, incluso niñas y niños, son desaparecidos, asesinados, víctimas de violaciones, trata y tráfico de personas, secuestros, robos, extorsiones, tortura, entre otros delitos.
De ningún lado de la frontera se cuenta con el interés político de velar por el tránsito de las y los migrantes. Las instituciones gubernamentales que deberían de cuidarles son los primeros en vulnerarlos. En México, el Instituto Nacional de Migración (INM) deja morir a migrantes calcinados en las estaciones migratorias, mientras que fuera de ellas es un instrumento de persecución y de criminalización. Son obligados a vivir en condiciones de hacinamiento a lo largo y ancho de todo el territorio nacional en estaciones que se asemejan a campos de concentración. A estos refugios completamente rebasados, se suma la suspensión temporal de 33 estancias migratorias para que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realice un “informe” sobre la situación del sistema de acogida. Las condiciones precarias, así como la falta de comida, agua y servicios suficientes son condiciones condenables, lejanas de cualquier gobierno que se asuma humanista.
Se prevé que en los próximos meses arriben a los Estados Unidos hasta 13 mil migrantes cada día, más del doble de los que llegaban con el Título 42. Nuestro vecino del norte ha reaccionado desplegando 24.000 agentes a lo largo de la línea fronteriza para hacerle frente a la llegada masiva de mujeres y hombres que solo buscan mejores oportunidades. Así mismo, Texas y Florida han promovido la aprobación de leyes estatales mucho más severas que consideren como delito grave la entrada irregular. Las medidas republicanas y violatorias de los derechos humanos invisibilizan los aportes sociales y culturales de la población migrante. Además, criminalizan a una parte esencial del engranaje económico de los Estados Unidos, en el caso de Florida y Texas en áreas como la agricultura, la construcción o la hostelería.
Migrar es un derecho humano; por ello se debe impulsar el derecho al asilo y que en lugar de militarizar la política migratoria, se vele por la seguridad e integridad de nuestras y nuestros hermanos migrantes, con énfasis en las poblaciones vulneradas y vulnerables como son las mujeres y las juventudes. No dejemos de exigir medidas que protejan, integren y den soluciones a esta crisis migratoria de manera holística y a nivel regional.
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