Por Irene Fuentes
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, en la que se establece de manera clara y contundente que el modelo penal del aborto en Guanajuato es incompatible con la Constitución y los derechos humanos.
En 2025, el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo en México vivió uno de sus momentos más tensos cuando el Congreso del Estado de Guanajuato rechazó las iniciativas para despenalizar el aborto, pese a la creciente ola de reformas a favor de los derechos reproductivos en otras entidades del país. El resultado reflejó no sólo la resistencia de los grupos conservadores locales, sino también el estancamiento político de un tema que ha dividido a la sociedad mexicana durante décadas.
Guanajuato, considerado uno de los estados más conservadores de México, mantiene en su Código Penal la criminalización del aborto voluntario, con penas que llegan hasta los tres años de prisión para las mujeres que interrumpieran un embarazo —una regulación que las feministas hemos señalado como discriminatoria, regresiva y contraria a estándares internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, la Corte emitió la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, declarando que los artículos del Código Penal de Guanajuato que penalizan el aborto son contrarios a la Constitución. Esta resolución obliga al Congreso estatal a reformar la ley en un plazo de 90 días, bajo el riesgo de que la Corte misma ordene la invalidación con efectos generales en la entidad si no se acata la instrucción.
La Declaratoria considera a la dignidad humana como el fundamento, condición y base de todos los derechos e incompatible con cualquier forma de cosificación, humillación o control forzado del cuerpo, por lo que obligar a continuar un embarazo niega la dignidad de mujeres y personas con capacidad de gestar, de tal forma que la maternidad no puede imponerse como destino ni como castigo penal.
Decidir si tener hijas/os, cuándo y en qué condiciones, forma parte del núcleo del libre desarrollo de la personalidad y el embarazo impacta directamente el proyecto de vida. En esta declaratoria, la Corte reafirma que el aborto no es solo un tema de salud, sino de libertad existencial. El Estado no puede sustituir una decisión individual por una imposición penal. Además, establece que el derecho a decidir incluye el acceso efectivo a servicios seguros, información y acompañamiento, no solo la ausencia de castigo.
La Declaratoria reconoce que la criminalización genera efectos inhibitorios, empuja a abortos inseguros, castiga al personal médico, rompiendo la relación ética y de cuidado, lo que contradice obligaciones constitucionales e internacionales en materia de salud pública, y no produce beneficios comprobables.
La criminalización no es “opinable”, se reconoce como dañina para la salud pública e incompatible con estándares médicos y éticos.
Durante las mesas de trabajo por el derecho a decidir que se llevaron a cabo en Guanajuato para promover la despenalización del aborto, activistas e integrantes de diferentes organizaciones feministas argumentamos, desde entonces, lo que hoy la SCJN viene a confirmar: el sistema penal del aborto de Guanajuato afecta desproporcionadamente a mujeres y personas con capacidad de gestar, reproduce estereotipos de género y constituye una forma de violencia institucional, al usar el derecho penal para disciplinar de forma excesiva, autoritaria y simbólica.
El piso constitucional ya se movió. La discusión no es moral, sino jurídica y de derechos humanos, penalizar el aborto ya no es una postura legítima dentro del orden constitucional mexicano. La discusión ya no es cuándo se permite abortar, sino por qué se sigue castigando. Esta Declaratoria nos empuja a la despenalización total no solo en Guanajuato, sino en todo el país.
Fotos: Cortesía, Fernanda Morales.
