Por Paloma Barraza Cárdenas
“Nada cambia instantáneamente:
en una bañera que se calienta gradualmente,
morirías hervida antes de darte cuenta”.
Margaret Atwood
Solemos pensar el acceso a la información como un derecho reciente, prácticamente hijo natural del internet, de los portales de transparencia y de los gobiernos digitales. Sin embargo, su historia es mucho más antigua, más sui generis y, sobre todo, más política. El acceso a la información surge para incomodar al poder, para limitarlo y para evitar se gobierne desde el secreto.
Uno de los primeros antecedentes formales aparece en Suecia, en 1766, cuando se aprueba una ley para permitir a la ciudadanía conocer los documentos del Estado. El dato se menciona en general como una curiosidad histórica, pero pocas veces se dimensiona su radicalidad. Este hecho normativo ocurrió diez años antes de la independencia de las Trece Colonias y trece años antes de la Revolución francesa. En un contexto dominado por monarquías, jerarquías rígidas y censura, reconocer la conveniencia de poner ante el ojo ciudadano lo asuntos públicos es hasta cierto punto escandaloso.
Este facto no surgió de la nada. Fue producto de un momento histórico peculiar donde el parlamento adquirió un papel central y la discusión pública se entendió como una condición del buen gobierno. Pero también fue resultado de una intuición más antigua y menos europea. El poder necesita ser observado para no corromperse. Mucho antes de la formulación de derechos detonada por el constitucionalismo liberal, la civilización china había desarrollado una concepción ética del gobierno basada en el conocimiento, la virtud y la vigilancia. Inspirado en las ideas de Confucio, el sistema imperial incorporó mecanismos institucionales, como el Buró de Censura Imperial, destinados a supervisar la conducta de los gobernantes, corregir abusos y evitar la ignorancia como forma de dominación. No se trataba de transparencia en el sentido contemporáneo, claro que no, pero sí de una premisa fundamental: la degradación de un gobierno incapaz de aceptar ser observado.
Estas ideas circularon hacia Europa a través de relatos, textos y debates ilustrados, y encontraron refugio en personas capaces de cuestionar el secreto como herramienta legítima del Estado. En Suecia, esta lógica se tradujo en una práctica administrativa concreta. El acceso a documentos públicos se utilizó, por ejemplo, para evitar arbitrariedades en la distribución de tierras y en decisiones fiscales. Lejos de surgir como un ideal abstracto, llega como herramienta para controlar decisiones destinadas a afectar directamente la vida cotidiana.
Con el tiempo, esta apertura se convirtió en parte de la cultura administrativa sueca. Hoy el principio de publicidad permite obtener copias de documentos públicos en plazos sorprendentemente breves. Durante más de un siglo, ningún otro país llegó tan lejos. Hubo antecedentes parciales, como el código municipal colombiano de 1888, el cual admitía solicitar documentos salvo disposición legal en contrario. Sin embargo, la excepción sueca siguió siendo eso, una excepción.
El acceso a la información tardó casi dos siglos en consolidarse como derecho en el resto del mundo. Su expansión llegó con el lento despertar democrático del siglo XX, de la mano de constituciones, tribunales y sistemas internacionales de derechos humanos. No es casualidad, entonces, que, desde su origen, este derecho haya estado íntimamente ligado a la libertad de prensa. Sin acceso a la información, la prensa opina, pero no investiga; sin libertad de prensa, la información existe, pero no circula. Ambos derechos funcionan como condiciones estructurales del control democrático del poder.
Ahora bien, ¿qué ocurre si miramos esta historia desde una perspectiva feminista? Como siempre, algo incómodo. Entendemos la falta de neutralidad de la opacidad. Durante siglos, el secreto del Estado, el monopolio del conocimiento y la exclusión de los asuntos públicos fueron prácticas profundamente masculinizadas. Las mujeres, junto con otros grupos históricamente subalternizados, quedaron fuera del acceso a la información, de la educación, la propiedad, la participación política y la palabra pública. No saber, o no poder saber, fue también una forma de disciplinamiento.
Desde este prisma, el acceso a la información deja de ser un derecho técnico y se revela como una herramienta de redistribución del poder. Permite visibilizar desigualdades, evidenciar violencias institucionales, cuestionar decisiones históricamente tomadas sin nosotras y refutar narrativas oficiales diseñadas para silenciar experiencias. Por ello, muchas luchas feministas contemporáneas, contra la violencia de género, la desigualdad salarial, la discriminación estructural, dependen del acceso a datos, archivos, estadísticas y documentos públicos.
Abrir los archivos del Estado es un gesto democrático. Es aceptar la responsabilidad del poder de rendir cuentas, la necesidad de la historia de ser revisada y el valor de cuestionar las decisiones públicas. Desde una perspectiva feminista, es también abrir espacios cerrados durante demasiado tiempo, reservados para unos cuantos. Tal vez por eso el acceso a la información provoca resistencias. Porque obliga a mirar lo desagradable. Revela desigualdades persistentes. Desmonta el mito de la neutralidad sistémica. Y porque, en el fondo, nos recuerda una verdad tan antigua como vigente. La igualdad no puede construirse en la oscuridad.
Esta historia, como tantas otras del derecho y de la democracia, está narrada casi exclusivamente con nombres de hombres. Filósofos, legisladores, gobernantes, ilustrados y reformadores. Porque a nosotras no nos fue reconocida ni la dignidad jurídica ni la autoridad pública para hacerlo. Imaginar cómo habría sido este derecho si las mujeres hubiéramos sido reconocidas antes como sujetas plenas es un ejercicio interesante. Probablemente el diseño institucional no habría sido tan distinto; tal vez sí. Pero el pasado habría sido menos injusto, menos silencioso frente a las violencias, menos omiso ante las desigualdades. Porque cuando el poder se observa siempre desde el mismo lugar, también se justifica siempre del mismo modo. Dibujar mentalmente el acceso a la información con pinceladas feministas implica, entonces, reconocer quién abrió los archivos, pero también quiénes quedaron fuera de ellos y cuáles historias nunca llegaron a contarse.
Esta reflexión está escrita con tinta histórica; pero mancha nuestras vestimentas actuales. En México, el acceso a la información ha sido un derecho conquistado con contratiempos, errores y defectos institucionales, pero también con avances significativos orientados a permitir la documentación de violencias, exigir cuentas claras y sostener luchas colectivas. En este sentido, el reciente desmantelamiento de los órganos garantes sin duda prende las alarmas democráticas.
Para las mujeres y para el movimiento feminista, la opacidad no es indiferente. Sin acceso a la información, se oscurecen las cifras de la violencia, se diluyen las responsabilidades del Estado y se debilitan las herramientas para controvertir narrativas oficiales. El futuro de este derecho en México nos interpela directamente. Porque los retrocesos en el derecho humano a saber son también regresiones en la posibilidad de gritar, sustentar y transformar las injusticias. Defender el acceso a la información es también una forma de resistencia feminista.
Imagen generada para uso editorial por LCR
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