Por Sofía Gamboa
En días recientes, desde distintos organismos y espacios de diálogo técnico, he solicitado y acompañado con firmeza la revisión profunda, tanto técnica como ética, de la iniciativa de reforma al Código Fiscal de la Federación, en particular del artículo 30-B. Esta propuesta, que busca modificar el tratamiento fiscal de las plataformas digitales, plantea implicaciones que van mucho más allá de la recaudación: toca fibras sensibles de la economía digital mexicana, de la competitividad nacional y, sobre todo, de la equidad de género.
Tal como está planteado, este cambio normativo puede generar consecuencias estructurales negativas. No solo amenaza con desincentivar la innovación y la formalización de emprendimientos digitales, sino que también corre el riesgo de excluir a miles de mujeres que han encontrado en la digitalización una vía legítima para generar ingresos, conciliar responsabilidades familiares y construir autonomía económica. La fiscalidad digital no puede diseñarse en abstracto: debe responder a las realidades operativas de quienes participan en ella, y hacerlo con sensibilidad social, territorial y de género.
La propuesta busca imponer retenciones fiscales del 2.5% de ISR y 8% de IVA sobre ingresos brutos en plataformas digitales, además de exigir acceso permanente y en tiempo real a sus sistemas internos. Aunque el objetivo declarado es fortalecer la recaudación, el diseño actual ignora la realidad operativa de las PyMEs, de los emprendimientos emergentes y de los modelos de negocio que han florecido gracias a la digitalización.
Y aquí es donde el género importa. Porque cuando hablamos de comercio electrónico, hablamos también de mujeres. De mujeres que venden desde casa, que emprenden en redes sociales, que ofrecen servicios educativos, terapéuticos, creativos o de cuidado. Según el informe “Ecosistema PyME: evolución empresarial en la era de la IA” de Alegra.com, el 61.3% de las PyMEs que operan en línea están lideradas por mujeres, lo que refleja una transformación profunda en los modelos de emprendimiento digital. Por su parte, el Foro Económico Mundial y Tiendanube reportan que el 58.6% de las tiendas digitales en México han sido creadas por mujeres, con una fuerte presencia en sectores como salud, belleza, moda, regalos y productos para mascotas. Este fenómeno no se limita a las grandes ciudades: en estados como Chiapas (83%), Campeche (73%) y Oaxaca (64%), el porcentaje de emprendimientos digitales liderados por mujeres supera el 60%, evidenciando que la digitalización ha abierto oportunidades reales en territorios históricamente marginados.
Imponer retenciones sobre ingresos brutos sin considerar márgenes operativos ni estructura de costos es una medida regresiva. Una mujer emprendedora con ventas mensuales de $500,000 y un margen neto del 3% tendría una utilidad de apenas $15,000. Bajo el nuevo esquema, pagaría $52,500 en retenciones. Es decir, más de tres veces su utilidad. Este desbalance no solo elimina cualquier margen de ganancia, sino que obliga a financiar operaciones mediante deuda, incrementando el riesgo de insolvencia y precarización.
Además, la reforma introduce una carga administrativa adicional: conciliaciones fiscales, trámites de devolución de saldos a favor, adaptación tecnológica para cumplir con la interconexión exigida. ¿Quién tiene tiempo, recursos y conocimiento para enfrentar eso? ¿Las mujeres que emprenden desde casa, que cuidan, que sostienen? No.
En México, este fenómeno tiene incluso nombre propio: las nenis. Mujeres que venden en línea desde casa, por redes sociales, que entregan en estaciones de metro, que combinan el cuidado con el comercio digital. Aunque el término surgió como burla, hoy muchas lo reivindican como símbolo de autonomía y creatividad. Las nenis sostienen una economía invisible para el SAT, pero vital para miles de hogares. Y son precisamente ellas quienes quedarían más vulnerables ante una fiscalidad que exige interconexión permanente, trámites complejos y retenciones sobre ingresos brutos. ¿Quién protege a las nenis en el diseño fiscal?
Muchas de ellas lo hacen mientras atienden responsabilidades familiares, cuidan hijos, adultos mayores o personas con discapacidad. Su jornada laboral está fragmentada, su tiempo es limitado, y su capacidad de asumir cargas administrativas adicionales es mínima. Como Teresa, una emprendedora de Oaxaca que vende bordados tradicionales por WhatsApp y Facebook mientras cuida a sus dos hijos y a su abuela. Con ingresos mensuales de $40,000 y márgenes ajustados, la nueva retención fiscal la dejaría sin utilidad alguna. No tiene acceso a asesoría contable ni tiempo para trámites complejos. Lo que hoy es una fuente de autonomía, mañana podría convertirse en una carga insostenible.
Penalizar estos modelos con esquemas fiscales rígidos es ignorar que detrás de cada tienda en línea, cada cuenta de Instagram con productos artesanales, cada curso virtual, hay una historia de resiliencia, de conciliación y de lucha por autonomía.
La economía digital no ocurre en el vacío. Se despliega en contextos concretos, con brechas de conectividad, de infraestructura y de acceso a servicios financieros. Las mujeres emprendedoras en zonas rurales o periurbanas enfrentan desafíos adicionales: menor acceso a banda ancha, menor bancarización, y una menor probabilidad de contar con asesoría fiscal o contable. La reforma, tal como está planteada, no solo ignora estas realidades, sino que las agrava. ¿Cómo se supone que una emprendedora en Chiapas o en la Sierra de Durango va a cumplir con requisitos de interconexión fiscal en tiempo real, si apenas tiene acceso estable a internet?
Desde el IMEF se han propuesto alternativas: establecer mesas técnicas interinstitucionales, diseñar esquemas diferenciados por tamaño empresarial, incorporar evaluaciones de impacto económico y protocolos de ciberseguridad. Pero también es momento de incorporar una perspectiva de género en la fiscalidad digital. Porque la economía digital no es neutra. Tiene género, tiene clase, tiene territorio. Y si no se diseña con sensibilidad social, puede convertirse en una herramienta de exclusión.
El Paquete Económico 2026 aún puede marcar el rumbo hacia mejores circunstancias para las mujeres. ¿Cómo? Reconociendo que la economía digital es también una economía del cuidado, de la resiliencia y de la innovación social. Incorporando incentivos para mujeres emprendedoras, reduciendo cargas fiscales para microempresas lideradas por mujeres, y garantizando que la transformación digital no se convierta en una nueva forma de desigualdad.
Este debate no puede quedarse en mesas técnicas ni en foros cerrados. Necesitamos que más voces se sumen: ciudadanas, empresarias, académicas, legisladoras, activistas. La fiscalidad digital debe ser discutida desde la experiencia cotidiana de quienes sostienen la economía desde sus hogares, redes y comunidades. Porque si no se escucha a quienes están en la primera línea de la transformación digital, corremos el riesgo de diseñar políticas que excluyen en lugar de incluir. Es momento de exigir una fiscalidad digital justa, proporcional y con perspectiva de género.
Desde nuestra trinchera, seguiremos impulsando una transformación digital responsable, que armonice recaudación fiscal con innovación tecnológica, pero también con justicia económica y equidad de género. Porque no se trata solo de eficiencia tributaria. Se trata de vidas. De oportunidades. De futuro.
@GamboaSofia
