LaCostillaRota. 01 de octubre, 2025.- El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para 2026 prevé un incremento del 3.21 por ciento en términos reales en el rubro destinado a la prevención, detección de violencias feminicidas y atención integral a mujeres. El monto ascenderá a 856 millones 782 mil 185 pesos, lo que significa un aumento nominal de 64 millones 828 mil 297 pesos respecto al año anterior.
Durante una reunión extraordinaria en la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, defendió la fusión de programas sociales como una estrategia para “optimizar recursos” y mejorar la atención. Se trata de la integración del Programa de Apoyo para Refugios Especializados (U012) y el Programa para la Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres (E015) en uno solo: el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas (U012).
Aunque Hernández aseguró que “no se recorta ni elimina presupuesto” y que la fusión permitirá eficiencia, voces críticas advierten que la concentración de fondos podría traducirse en riesgos: diluir la atención diferenciada que antes tenían los refugios y las acciones preventivas, además de generar incertidumbre sobre la rendición de cuentas.
La funcionaria destacó que parte del presupuesto se destinará a Centros de Justicia para las Mujeres, Refugios y los Centros LIBRE, estos últimos concebidos como espacios para capacitación, autonomía económica y atención integral. Actualmente existen 678 Centros LIBRE en el país, con una distribución basada en marginación, población y número de violencias registradas; sin embargo, aún hay entidades con alta incidencia de violencia de género que cuentan con una cobertura limitada.
“Nuestra meta es tener un Centro LIBRE en cada municipio del país”, afirmó Hernández, al señalar que las mujeres que acuden a ellos participan en la definición del uso del presupuesto. No obstante, especialistas en género han señalado que la apertura de centros por sí sola no garantiza cambios estructurales si no se acompaña de políticas públicas integrales, evaluación constante y personal especializado suficiente.
El reto, subrayan analistas, es que el ligero incremento presupuestal —apenas por arriba de la inflación proyectada— sea realmente suficiente para responder al problema de la violencia feminicida, que sigue en niveles alarmantes. Mientras la federación presume de avances en infraestructura y programas, organizaciones de la sociedad civil insisten en que lo urgente no es solo abrir más centros, sino garantizar atención de calidad, seguimiento a casos y justicia efectiva para las víctimas.
