Por Valeria Ortiz Rubio Anzorena
Hay noticias que celebramos con el corazón dividido. La puesta en marcha del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA) es una de ellas. Sí, es un avance. Sí, es una herramienta necesaria. Pero detengámonos un momento en lo que significa que México haya tenido que crear un padrón nacional de deudores alimentarios: significa que el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias es un problema tan masivo, tan normalizado y tan impune, que el Estado tuvo que construir toda una estructura institucional para perseguirlo.
Eso no es motivo de orgullo. Es un espejo incómodo.
La violencia que no se nombra como violencia
Cuando un padre deja de pagar la pensión de sus hijas e hijos, no está “atravesando una mala racha” ni “castigando a su ex”. Está ejerciendo violencia económica contra las infancias y, casi siempre, contra la mujer que queda a cargo de sostener solalo que corresponde a dos. Detrás de cada deudor alimentario moroso hay una madre haciendo malabares con dobles y triples jornadas, hay niñas y niños que ven recortados sus derechos a la alimentación, a la salud, a la educación y al descanso.
En México, la enorme mayoría de las pensiones alimenticias que se dejan de pagar afectan a hogares encabezados pormujeres. El incumplimiento alimentario no es un asunto privado entre dos adultos que se separaron mal: es un problema estructural de desigualdad de género que empobrece a las mujeres y vulnera a las infancias.
Qué es el RNOA y por qué sí importa
El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias nace como una política pública para garantizar el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes, concentrando la información de deudores y acreedores de obligaciones alimentarias en todo el país. Su fundamento está en el artículo 135 Bis de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ordena a los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas suministrar, intercambiar y actualizar la información sobre incumplimientos alimentarios, para que el Sistema Nacional DIF integre el registro.
Y aquí viene lo relevante: la calidad de Persona Deudora Alimentaria Morosa será pública, conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, el registro emite Certificados de No Deudor Alimentario, un documento que puede exigirse para la realización de trámites y procedimientos.
En términos prácticos, esto significa que deber alimentos empieza a tener consecuencias reales fuera del expediente judicial: consecuencias en la vida pública, administrativa y social de quien incumple. El mensaje es claro: quien no cumple con sushijas e hijos no puede seguir circulando por la vida como si nada.
Lo que hay que celebrar
Seamos justas con lo positivo. El RNOA rompe con la fragmentación que durante años permitió que un deudor cambiara de estado y desapareciera del radar. Al ser un registro nacional alimentado por los tribunales de todo el país, cierra esa puerta. Visibiliza el incumplimiento como lo que es: una conducta que daña derechos de personas menores de edad, no un simple pleito de pareja. Y le da a las madres, a las abogadas y a los juzgados una herramienta más para exigir lo que la ley ya ordenaba desde siempre.
También es un triunfo de años de lucha feminista. Este registro no nació de la buena voluntad espontánea del Estado: nació del trabajo de colectivas, de madres organizadas, de legisladoras y de litigantes que insistieron, expediente tras expediente, en que la deuda alimentaria fuera tratada con la seriedad que merece.
Lo que no podemos dejar de decir
Pero digámoslo con todas sus letras: no tendríamos que haber llegado hasta aquí. Un registro nacional de deudores alimentarios solo es necesario en una sociedad donde incumplir con las hijas y los hijos es una práctica extendida y tolerada. Si los deudores alimentarios simplemente cumplieran —como cumplen las madres todos los días, sin registro, sin certificado y sin aplausos—, este padrón sería innecesario.
La paternidad no es una cortesía ni un favor que se otorga cuando hay buena relación con la madre. Es una obligación jurídica y, antes que eso, un compromiso ético con quienes trajimos al mundo. Que el Estado tenga que exhibir públicamente a quienes no cumplen habla de un fracaso colectivo: de la cultura que enseñó a los hombres que pueden desentenderse, y delas instituciones que durante décadas los dejaron hacerlo.
El RNOA es bienvenido. Pero el verdadero avance será el día en que ya no haga falta, porque la corresponsabilidad en la crianza y el sostenimiento de las infancias sea la norma y no la excepción. Mientras ese día llega, las mujeres y las infancias de este país merecen todas las herramientas posibles. Esta es una de ellas. Usémosla.
Imagen generada para uso editorial de LCR
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