Por Isabel Chavarría
La aprobación de la reforma a la Ley de Educación del Estado de Querétaro y a la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes representa un parteaguas para el reconocimiento de los derechos digitales de la infancia y adolescencia en México. La iniciativa incorpora por primera vez el concepto de educación digital como una política pública orientada a desarrollar habilidades, pensamiento crítico, uso responsable de las tecnologías y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
En este contexto, el pasado 4 de agosto, la Red Mexicana de Prevención a la Violencia A.C., el diputado Arturo Maximiliano García Pérez y la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro realizaron una rueda de prensa en la Legislatura local para presentar los alcances de esta reforma, considerada un precedente nacional para la construcción de políticas públicas de educación digital.
Durante el encuentro se destacó que esta iniciativa rompe con la idea de que la respuesta frente a los riesgos del entorno digital debe ser únicamente la prohibición. Si bien existe consenso en la necesidad de establecer medidas de protección y restricción acordes con la edad, el verdadero desafío consiste en educar para el ejercicio seguro, responsable y crítico de los derechos digitales, sin negar el acceso a la información, al conocimiento ni a las oportunidades que ofrece la tecnología.
La reforma reconoce que internet y las tecnologías digitales son hoy herramientas indispensables para el ejercicio del derecho a la educación, la inclusión, la innovación y el desarrollo, pero también advierte sobre los riesgos asociados al ciberacoso, la violencia digital, la explotación sexual, la trata en línea y otras formas de violencia que afectan especialmente a niñas, niños y adolescentes. Por ello plantea una estrategia basada en la alfabetización digital, el desarrollo de habilidades y la prevención desde un enfoque de derechos humanos y la protección a la privacidad y datos personales.
Entre los principales avances de la reforma destacan el impulso al acceso e inclusión digital en todos los niveles educativos; la promoción del uso responsable y seguro de internet; el fortalecimiento de competencias y habilidades digitales; la alfabetización digital para estudiantes y docentes; así como la incorporación de programas para prevenir la violencia digital y el acoso escolar.
Asimismo, la legislación incorpora una definición de educación digital centrada en el desarrollo de competencias, pensamiento crítico, desarrollo personal y uso responsable de las tecnologías; promueve el acceso universal a internet y a la educación digital en condiciones de equidad, accesibilidad y calidad; y establece obligaciones para proteger la privacidad de niñas, niños y adolescentes en los entornos digitales.
Las organizaciones e instituciones participantes señalaron que este avance debe entenderse como el inicio de una transformación más amplia: la construcción de una ciudadanía digital en la que la responsabilidad no recaiga únicamente las familias, sino que sea compartida por docentes, escuelas, instituciones públicas, empresas tecnológicas, plataformas digitales y la sociedad en su conjunto.
En un momento en el que herramientas como la inteligencia artificial están transformando los procesos de enseñanza y aprendizaje, la educación digital debe orientarse a formar personas capaces de analizar críticamente la información, ejercer sus derechos y participar de manera segura y responsable en los espacios digitales.
La Red Mexicana de Prevención a la Violencia destacó que esta reforma coloca a Querétaro como una referencia nacional al impulsar una política pública integral que reconoce que el futuro de la educación pasa por garantizar los derechos digitales de la niñez y la adolescencia desde una perspectiva de género, derechos humanos y corresponsabilidad social.
«No se trata solamente de proteger a niñas, niños y adolescentes de los riesgos de internet; se trata de garantizar que puedan ejercer plenamente sus derechos en el entorno digital, desarrollando habilidades para participar de manera libre, crítica, segura e informada. La construcción de una ciudadanía digital es una responsabilidad compartida entre familias, escuelas, autoridades, empresas tecnológicas y toda la sociedad.»
