LaCostillaRota.- 21 de Noviembre, 2023.- El pasado 14 de noviembre en el boletín 5451 de la Cámara de Diputados, se dio a conocer que el Grupo Plural de Igualdad Sustantiva, acordó llevar a cabo un paquete de reformas legales a fin de detener la mercantilización humana de los vientres de alquiler en México y quitar a las entidades federativas la facultad de regular esta forma de explotación tal y como ahora se encuentra en Tabasco y Sinaloa.
Al respecto, la Internacional de Mujeres Feministas informó mediante un pronunciamiento que el pasado jueves 9 de noviembre se llevó a cabo la “Jornada de Feminismo y Derecho. Deudas y Frentes abiertos en el reconocimiento de los Derechos de las Mujeres y el acceso a la Justicia” evento del que fueron convocantes, y mismo que tuvo lugar en San Luis Potosí, donde se reflexionó sobre las formas de explotación reproductiva de las mujeres, recalcando que la práctica comercial conocida como «los vientres de alquiler» atentan contra los derechos humanos de las mujeres y de sus hijos e hijas, quienes son reducidos a la calidad de objetos de compra y venta, siendo denunciado y expuesto de ese modo por las firmantes del documento: «en nuestra calidad de feministas y abogadas expertas originarias de regiones con condiciones de violencia estructural contra las mujeres como Colombia y México».
Así mismo, las firmantes afirmaron que tal y como indica el Informe A/HRC/47/38 del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra las mujeres y las niñas, en particular los derechos en materia de salud sexual y reproductiva, en Latinoamérica convergen fenómenos que dificultan el acceso a los recursos, conocimientos, atenciones y derechos para que las mujeres puedan tomar decisiones seguras y autónomas en relación con esta esfera de su vida tales como los conflictos armados, las catástrofes naturales, la pobreza, la inestabilidad política, las pandemias y la desigualdad que deriva de una discriminación sistémica, siendo que, derivado de esos contextos, es dable que las sociedades invisibilicen que los Estados no se avocan a proteger a las mujeres de la muerte materna que abarca 810 pérdidas diarias en el mundo, de 25 millones de abortos peligrosos y de la muerte fetal de sus hijos que se produce una cada 16 segundos.
Denunciaron que aún no se disminuyen las 200 millones de mujeres que no tienen control natal por no poder acceder a métodos anticonceptivos, ni gestión de su ciclo menstrual en condiciones dignas, y sin embargo, con no pocos pendientes en la política de la autonomía reproductiva como lo descrito, la comercialización de los llamados «vientres de alquiler» viene a ser una invitación a que las mujeres más vulnerables tengan una presunta “libertad” de ser inseminadas para procrear un hijo que al final les es arrebatado a cambio de dinero en una industria criminal que saca ventaja de todas estas condiciones como lo hacen los propios compradores de esos niños y niñas, demuestra el grado de civilización de los países presuntamente democráticos y de derecho.
Señalaron que, a pesar de que la Constitución reconoce los derechos humanos de todas las personas sin condición de ningún tipo prohibiendo de este modo la esclavitud, la discriminación y sin embargo, la entidad más alta de criterios normativos como lo es la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha invitado a las entidades a ofrecer a sus ciudadanas la explotación reproductiva a modo de sobrevivencia y a gestionar la trata infantil bajo el disfraz de altruismo y devoción propios del mandato de género más rancio.
Finalmente, expresaron que las mujeres mexicanas son ciudadanas de pleno derecho en igualdad con el varón, sus hijos e hijas no pueden ser vendidos ni obsequiados a persona alguna en tanto no puede darse a cambio de ellos ni dádivas, ni dinero, porque no se puede promover que estos menores entren en condición de esclavos a quien literalmente paga por ellos e instaron a las mujeres diputadas de las distintas fracciones a legislar para sancionar adecuadamente esta forma de explotación y trata de personas que genera una posición de segunda clase a las conciudadanas de este país y a poner en evidencia los intereses económicos que hay detrás de la práctica de los vientres de alquiler para intermediarios y compradores.
«¡Por la vida y la libertad de las mujeres!», finalizaron.
