LaCostillaRota. 4 de Noviembre de 2022.-Por unanimidad de 463 votos, la Cámara de Diputados reformó la Ley Nacional de Ejecución Penal con el objeto de que las mujeres privadas de su libertad tengan el derecho de conservar la guardia y custodia de su hija o hijo menor de tres años y permanecer en el centro penitenciario, siempre que no contravenga el interés superior de la niña o el niño.
El dictamen, remitido al Senado para sus efectos constitucionales, puntualiza que en el momento en que las hijas o hijos de éstas alcancen la edad máxima de estancia dentro del centro penitenciario, la autoridad deberá implementar una separación sensible y gradual. Además, procurará que la convivencia de las mujeres con sus hijas e hijos se realice en condiciones que garanticen el interés superior de la niñez.
Cita que los centros penitenciarios contarán con espacios separados para la lactancia en donde se garanticen la integridad, seguridad, la higiene y la privacidad para la mujer privada de la libertad y su hija o hijo.
En el artículo segundo transitorio señala que en un plazo que no exceda de los 180 días naturales después de publicado el presente decreto, las autoridades penitenciarias deberán realizar las adecuaciones reglamentarias que resulten necesarias.
En el tercero transitorio establece que las erogaciones que pudieran presentarse se realizarán con cargo a los presupuestos aprobados a los ejecutores de gasto correspondientes, para el ejercicio fiscal que corresponda, por lo que no se autorizarán ampliaciones a su presupuesto para el ejercicio fiscal respectivo ni subsecuentes.
Al fundamentar el dictamen, el diputado Guillermo Octavio Huerta Ling (PAN) puntualizó que es necesario un marco legislativo que priorice los derechos humanos de las mujeres y los menores de edad.
Afirmó que no existen espacios exclusivos e instalaciones especiales para mujeres embarazadas o que dieron a luz, y menos de la tercera parte de los centros de readaptación social cuentan con área destinada para el desarrollo. Consideró que la lactancia se obstaculiza ya que se carece de espacios dignos para que puedan desarrollar esta actividad en apego a sus derechos humanos.
“Ante la realidad que afrontan las madres privadas de la libertad, donde sólo existen 58 centros penitenciarios que cuenten con espacios físicos destinados a la maternidad, es que se vuelve fundamental legislar y atender este tema de raíz”, subrayó.
Centros penitenciarios carecen de espacios para lactancia
La diputada Julieta Mejía Ibáñez (MC) desatacó que las niñas y niños que viven en centros penitenciarios merecen condiciones dignas, ya que actualmente hay más de 500 pequeños viviendo en sobrepoblación, violencia, falta de espacios y servicios adecuados para su formación y desarrollo.
Expuso que la carencia de lugares exclusivos e higiénicos de lactancia es inaceptable, ya que solamente once de 450 centros penitenciales cuenta con ellos, en tanto que las autoridades han sido omisas ante esta situación y es un derecho que se ha negado al 60 por ciento de las mujeres en las cárceles.
Garantizar derechos de menores de edad de madres reclusas
La diputada Martha Robles Ortiz (Morena) resaltó que a reforma busca garantizar los derechos de los menores de edad cuyas madres se encuentran privadas de su libertad en centros penitenciarios, obligando a las autoridades penitenciarias a garantizar el derecho superior de la niñez.
Por su parte, la diputada Cecilia Márquez Alkadef Cortes, (Morena) celebró que la reforma al marco legal garantice espacios especiales para labores de lactancia en aquellas madres privadas de su libertad en centros penitenciarios del país, con garantía «en la higiene y privacidad de las mujeres y de los hijos».
Foto de documenta.org
