Por Guadalupe Herrera Alvarado
¡Ningún deudor alimentario al poder! Tuvieron que pasar más de 13 años para que se hiciera justicia a las niñas, niños y adolescentes, hijas e hijos de padres separados, divorciados y de madres solteras, que vivían la ausencia de una pensión alimentaria.
Cómo olvidar el libro titulado “Mamá Sola” de la escritora Julieta Lujambio. Después vinieron otros títulos exitosos, pero Mamá Sola, provocó mi acercamiento con Julieta a quien recuerdo con mucho cariño.
Estoy hablando del año 2011, la primera vez que Julieta visitó nuestro estado de Durango, en donde nos compartió el proyecto del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM). Ella viajaba por toda la República Mexicana con el propósito de sensibilizar a aquellas personas que tenían la posibilidad de cambiar el marco normativo sobre los deudores alimentarios.
En esa visita tuvo la oportunidad de dialogar sobre el tema con la entonces diputada priista Leticia Herrera Ale, quien era la presidenta de la Comisión de Equidad de Género. La diputada y actualmente presidenta municipal de Gómez Palacio la escuchó atentamente, pero solo quedó en eso, en la escucha. Lamentablemente, por ese tiempo, las siete diputadas mujeres de los 25 escaños que conformaban el Congreso del Estado de Durango buscaban reformar el Código Penal con el tema del feminicidio. Por otro lado, en Durango el tema de los incumplidos con la pensión alimenticia no era visibilizado, por lo tanto, nula posibilidad de que estuviera en la agenda política de los diputados locales que conformaban la mayoría.
Lo anterior viene a colación, por la aprobación de la Ley “3 de 3 Contra la Violencia” que obliga la suspensión de derechos para ocupar cargo, empleo o comisión del servicio público a agresores sexuales y deudores alimentarios. Este logro, es el resultado del trabajo de muchas mexicanas que como Julieta Lujambio nunca cedieron, y a lo largo de los años se sumaron en torno al tema que viene a dar certidumbre, seguridad y tranquilidad a las niñas, los niños, los adolescentes y a las madres mexicanas.
¿A qué se enfrentan los políticos y funcionarios de los tres órdenes de gobierno con esta nueva reforma? Se suspenden los derechos para ocupar un cargo, empleo o comisión del servicio público, en el caso de que la persona tenga una sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexual, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como en los casos en que sea una persona deudora alimentaria morosa. Por lo anterior, la persona no podrá ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, no ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Según el Código Civil Federal, en el Artículo 308 dice que los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación primaria del alimentista, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a su sexo y circunstancias personales.
¿Por qué tuvo que pasar años para concretar esta ley? No podemos negar que esta resolución restringía los derechos y exponía a personas que están al frente de un cargo político, de elección popular o en el servicio público. Es real que, por este motivo, en la mayoría de los congresos locales se frenaba el tema, así el esfuerzo de diputadas era aislado, motivo por el que las iniciativas se quedaban en la congeladora para no evidenciar a los agresores, violentadores y deudores que integraban las legislaturas, o bien, funcionarios de gobierno a los que había que proteger.
Por otro lado, está comprobado que el tema no acarrea votos, por tanto, no es bandera política razón más que suficiente para que las iniciativas subsecuentes quedaran archivadas durmiendo el sueño de los justos injustos.
Sabemos que el tema de los deudores alimentarios morosos se movía a nivel nacional; legisladoras de diferentes entidades lograron reformas al Código Civil de sus estados en la conciencia de que es en los tribunales en donde todos los días las progenitoras luchan por una pensión para sus hijos, a sabiendas de que los padres realizan circo, maroma y teatro para evadir esta responsabilidad y/o entregar una pensión muy por debajo de sus ingresos reales.
También los hay, quienes definitivamente no se hacen cargo de sus hijos, sobre todo, de relaciones que no cuentan con documentos oficiales que compruebe su responsabilidad como dador, situación que se complica aún más para las madres solteras. Por tal motivo, la Ley 3 de 3 contra la violencia, llega para dar un respiro de certidumbre a esas madres que desde muy tempranos salen a trabajar para que a su hijo o hija no le falta lo más indispensable.
Es inaudito que, antes de la proclamada ley existieran familiares, amigos, conocidos y hasta legisladores que estaban en contra de exhibir a los deudores. La que escribe, fue testigo de comentarios machistas no solo de hombres, sino de mujeres legisladoras, al referirse a la posibilidad de implementar el REDAM, específicamente en la exhibición de los nombres de los afectados. Afortunadamente y para bien de las mujeres, en los últimos 10 años se ha suscitado una serie de modificaciones legales que fortalecen la incursión de la mujer en los temas importantes que definen el camino de las féminas y el rumbo del país.
A través de una política pública, se lograron las acciones afirmativas, con ello, hoy por hoy tenemos igualdad en el poder legislativo. Está claro que solo así el país cumple con los derechos de las mujeres, finalmente le otorga poder y justicia a la otra mitad de sus habitantes poder que milenariamente fue acaparado por los hombres.
Justicia es uno de los motivos que la Ley 3 de 3 viene a dar a la mujer, y no es que las mujeres queremos ser más que los hombres. Buscamos que a través de la ley disminuya la violencia contra nosotras, ahí están las estadísticas oficiales que demuestran el incremento de la incidencia delictiva hacia el género.
Según información publicada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a marzo de 2023, se reportaron 220 feminicidios, los cinco estados con el mayor número de casos acontecieron en Estado de México 25, Oaxaca 20, Veracruz 19, Nuevo León 15, Ciudad de México 14.
Por otro lado, los cinco municipios con mayor número de presuntos delitos por feminicidios son: Juárez, Chihuahua con 6; Iztapalapa, Ciudad de México con 5; Toluca, Estado de México 5; Culiacán, Sinaloa 4; los municipios que acumulan 3 feminicidios son: Chihuahua Chich., Manzanillo, Colima; Chimalhuacán, Estado de México; Tepic, Nayarit; Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca; Benito Juárez, Quintana Roo; Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí y Veracruz, Veracruz.
La Ley 3 de 3 Contra la Violencia, se suma a los beneficios que las mujeres seguimos cosechando y aunque esta ley fue votada por las legisladoras y legisladores de Morena, fue el resultado de un trabajo en unidad de parte de las diferentes fracciones políticas, que por diferencias partidistas con el tema del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), no lograron el consenso, aun así, la Ley 3 de 3 ahora es una realidad. ¡Muchas felicidades, Julieta Lujambio!
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