Por Mar Grecia Oliva Guerrero
Hace 1 año, después de un súbito golpe de conciencia, denuncié pública y penalmente a mi agresor sexual, Luis Enrique ‘N’, diputado local que me acosó y violentó sexualmente de manera continua durante el último año en que compartimos espacio laboral en 2018.
Sus conductas misóginas criminales reiteradas, por las que es conocido ampliamente en el escenario político local y que son normalizadas y hasta celebradas por algunos de sus pares, fueron interpretadas por mí como desafíos laborales, hasta que las agresiones viraron contra mí, tomando otra dimensión cuyos efectos me paralizaron durante años. Muchas personas se percataron de lo que ocurría, pero nadie nunca me sugirió que me atreviera a denunciar, por el contrario, fui invitada a ignorar los hechos, a no darles importancia, a minimizar lo que más tarde dimensioné como lo que es: un ataque premeditado a mi integridad sexual, psicológica y física, un delito, una ruin forma de violencia feminicida, un abuso sexual.
En 2022, interpuse formal denuncia ante la Fiscalía del Estado, presenté pruebas, acudí puntualmente a las diligencias periciales, no dejé de solicitar información y de ponerme a disposición de las autoridades para exigir justicia pero al tratarse de un influyente político, mi agresor fue protegido por las autoridades en turno, por los medios que aún lo cobijan, por entes de la sociedad civil que lo premian para confortarlo de mis justas acusaciones, por instituciones que lo guarecen y por cómplices con poder que inexplicablemente lograron que, hasta apenas ayer 7 de marzo me fuera notificada después de 8 meses la resolución dictada desde julio de 2022, en la que se acordó indebidamente el no ejercicio de la acción penal en mi caso pese a haber determinado la propia autoridad la probable comisión del delito y concluyendo que los hechos que denuncié en efecto sucedieron, pero que al haberse consumado el delito en 2018, la procedencia de mi denuncia habría caducado, en una clara violación a mis derechos.
En 2017, cuando tuve la oportunidad y el honor de ser representante popular, propuse la no prescripción del delito de abuso sexual en menores de edad, en función de las dificultades científicamente comprobadas a que una persona víctima de esta brutal violencia se enfrenta para poder reconocerse como tal y para poder reunir el valor de denunciar algo que lesiona tan profundamente la mente y el cuerpo. Si los efectos de un abuso sexual no prescriben en la vida de la víctima que lo padece, tampoco debería prescribir su derecho de demandar justicia ante las autoridades, afirmé convenciendo en aquel entonces a mis compañeras y compañeros de que aprobáramos dicha iniciativa que puso a Durango a la vanguardia en la materia.
Hoy, veo con claridad que la prescripción en este tipo de delitos tampoco debe existir cuando estos se cometan contra personas mayores de edad, pues esa circunstancia jurídica desampara en los hechos a miles de mujeres que deberían tener igual derecho a denunciar en todo momento una violencia cuyos efectos continuos no terminan nunca.
Lo que me sucedió me hizo tomar conciencia de que dentro del ámbito político existen pactos de complicidad e impunidad derivados de una regla no escrita que les hace creer a muchos de quienes ocupan un cargo público de mediana a mayor autoridad, el delirio de que en sus fueros se incluye la licencia de sobrepasarse impunemente con las mujeres de su entorno, especialmente, con quienes consideran sus subordinadas por condiciones de jerarquía, experiencia o edad. Por estos motivos, a un año del 8M 2022, fecha en que mis hermanas feministas me dieran con su amor la justicia que no me brindara el estado para castigar a mi agresor y frenar su incontrolable e impune misoginia, hoy voy a marchar para exigirle a las legisladoras y legisladores que dejen de encubrir y proteger a mi agresor, que dejen de normalizar la violencia que a mí me orillaron a minimizar haciéndome sentir culpable. Los convocaré a que legislen sobre la no prescripción de delitos sexuales, para que los muchos depredadores sueltos como el que me agredió a mí, no vuelvan a gozar en Durango de los paraísos legales que los amparan para burlarse de sus víctimas. Marcharé junto a mis hermanas, para invitar a todas las mujeres y a las niñas a que denuncien a sus agresores, a que nos unamos, a que venzamos el miedo y les demostremos juntas que si tocan a una, respondemos todas.
Este 8 de marzo, marcharé en Durango junto con todas, para recordarles que nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio. Por las que luchan, por las que ya no están y por las que vienen, una vez más levanto la voz, ejerciendo mi derecho a exigir al titular del Gobierno del Estado que rompa el pacto, y que cumpla conmigo y con todas, su promesa de actuar contra quienes ejercen violencia contra las mujeres, caiga quien caiga.
Basta de complicidades ¡Ningún violentador en el Poder!
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