Las cárceles de México están repletas de personas inocentes en espera de un juicio justo; hombres y mujeres detenidos por la comisión de delitos menores sin posibilidad de acceso a la justicia, porque la justicia en este país es altamente costosa.
En 2021, el INEGI realizó la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), que da a conocer información estadística sobre las condiciones de procesamiento e internamiento de las personas que legalmente han sido privadas de su liberad, su perfil demográfico y socioeconómico, los delitos por los cuales fueron procesados y sentenciados, entre otras características.
De acuerdo con la ENPOL, hasta julio de 2021, la población privada de la libertad en México fue de 220.5 mil personas. De las cuales, 94.3% corresponde a la población de hombres y 5.7% corresponde a la población de mujeres. A nivel nacional, el 43.9% de esta población señaló que el motivo de su reclusión fue por haber sido acusada falsamente o ser implicada en la comisión de un delito.
Además, el 73.1% de los hombres ya contaban con sentencia dictada; mientras que de las mujeres, sólo el 53.7 por ciento.A nivel nacional, 23.5% de la población sentenciada que llevó su proceso recluido en un centro penitenciario obtuvo su sentencia en seis meses o menos, el 50.9%, entre seis meses y dos años, y el 23.9% demoró más de dos años en obtener su sentencia. Hay que señalar que de las personas en prisión solo 25% de la población con una sentencia tuvo un abogado privado.
Ahora bien, de por sí la vida en la cárcel es dura, siendo mujer el trato es peor.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha señalado la consistencia de diversas situaciones a las que seenfrenta una mujer privada de su libertad en centros penitenciarios, como la falta de infraestructura exclusiva para mujeres, sobrepoblación y hacinamiento, prostitución,permanencia irregular de menores, violaciones a sus derechos a la educación y la salud, abusos sexuales, vejaciones, falta de servicios médicos adecuados, consumo de drogas y alcohol, no garantía de reinserción social, entre otros.
Todo esto empeora cuando además de mujer, se es madre. Las mujeres que dan a luz en prisión reciben rechazo y discriminación por parte del personal médico. En 2016, había 542 menores de 6 años viviendo en estas mismas condiciones con sus madres. Y así es como toda esta problemática se convierte en una espiral sin salida, pues el tejido social se va deteriorando, creando espacios de disgregación.
Por eso es importante dar fuerza a la reclusión con perspectiva de género, pero más allá, a un sistema que garantice la justicia pronta y expedita, además de la reinserción social para todo el núcleo familiar.
